Adiós a Adeslas en MUFACE: el día que dejará de atender a mutualistas

La situación de MUFACE ha alcanzado un punto crítico, ya que Adeslas ha abandonado el convenio tras 30 años de colaboración, ya que considera insuficiente la nueva oferta y ha decidido cesar sus servicios. Esta decisión deja en la incertidumbre a miles de funcionarios que dependían de la sanidad privada. Además, se teme que DKV y Asisa, otras dos grandes aseguradoras que trabajan con MUFACE, puedan seguir el mismo camino, lo que agravaría aún más la crisis. En juego están no sólo la atención sanitaria de unos tres millones de mutualistas, sino también cerca de 5.000 millones de euros.

La posible desaparición del sistema de MUFACE ha encendido las alarmas en el ámbito político y sanitario. Funcionarios como maestros, personal de correos y administrativos se enfrentan a la posibilidad de depender exclusivamente de la sanidad pública, que ya sufre de saturación. Varios gobiernos autonómicos han expresado su preocupación, advirtiendo sobre el impacto negativo que tendría una migración masiva de mutualistas al sistema público. En este contexto, Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, ha criticado duramente la gestión de la crisis, subrayando que su región sería una de las más afectadas. Sin una solución inmediata, la presión sobre el sistema de salud podría alcanzar niveles insostenibles.

Adeslas anuncia el fin de su cobertura a mutualistas en 90 días

Tras más de 50 años de colaboración ininterrumpida, Adeslas ha comunicado oficialmente que pondrá fin a su participación en el concierto sanitario de MUFACE. En una carta dirigida a sus mutualistas, la compañía informó que dejará de brindar cobertura médica en un plazo de tres meses, debido a que este modelo ha dejado de ser viable económicamente. Según explicó la aseguradora, las pérdidas acumuladas se han intensificado en los últimos años, y continuar con el contrato habría supuesto asumir un déficit adicional de 250 millones de euros en los próximos tres años.

La salida de Adeslas de MUFACE se hizo oficial el pasado 27 de diciembre, cuando la compañía decidió no presentarse a la licitación del nuevo concierto, una decisión que ya había tomado en un proceso previo que quedó desierto. En su comunicado, la aseguradora reiteró que esta decisión se tomó tras un exhaustivo análisis de viabilidad económica, y que, a pesar de las conversaciones mantenidas con el Gobierno, no se logró alcanzar un acuerdo que hiciera sostenible su participación. «El modelo sanitario del mutualismo administrativo es positivo para el sistema sanitario español, pero las condiciones actuales no permiten garantizar su sostenibilidad», subraya la compañía.

El anuncio de Adeslas ha puesto en el foco a las otras dos grandes aseguradoras que participan en el modelo: DKV y Asisa. Ambas están evaluando las condiciones de la nueva licitación y decidirán en los próximos días si continúan prestando servicio a los mutualistas. DKV, que también ha manifestado dudas sobre la viabilidad del concierto, es la aseguradora encargada de atender a los funcionarios desplegados en el extranjero, lo que añade un nivel de complejidad adicional. Por su parte, Asisa estaría valorando la posibilidad de asumir una mayor cuota de mutualistas si decide continuar en el programa.

El plazo para que las aseguradoras presenten sus ofertas al nuevo contrato expira el 15 de enero. De no encontrar una solución, el Gobierno tendrá que gestionar una transición que podría implicar la incorporación de 1,5 millones de beneficiarios al sistema público de salud, lo que supondría un reto logístico y financiero significativo.

Impacto en los mutualistas

Actualmente, Adesla brinda servicio a más de medio millón de mutualistas, aunque este número ha disminuido un 15% desde 2010 debido a cambios en el modelo. Desde 2011, los nuevos funcionarios se incorporan directamente al sistema público de salud, lo que ha reducido progresivamente el número de beneficiarios en el modelo privado. Sin embargo, para aquellos que han optado por la atención privada, la salida de Adeslas representa una pérdida significativa y plantea interrogantes sobre la calidad y disponibilidad de los servicios en el futuro.

En respuesta a esta situación, el Gobierno ha anunciado que se prorrogará el actual concierto por un máximo de tres meses, con un presupuesto adicional de 343 millones de euros. Durante este periodo, los mutualistas tendrán la posibilidad de cambiar entre el sistema público y privado o entre las aseguradoras que continúen ofreciendo el servicio. Además, una vez que entre en vigor el nuevo contrato, se abrirá un segundo periodo de elección para garantizar que todos los mutualistas puedan ajustar sus opciones de cobertura sanitaria.

El desenlace de esta crisis podría marcar un punto de inflexión en la historia del mutualismo administrativo en España. Mientras el Gobierno y las aseguradoras negocian las condiciones del nuevo concierto, los mutualistas observan con incertidumbre el futuro de su cobertura sanitaria. Las decisiones que se tomen en los próximos meses serán cruciales para determinar si el modelo MUFACE puede seguir siendo una opción viable para millones de funcionarios y sus familias.