Acuamed acepta pagar ahora a FCC por una obra de la que los denunciantes del caso acusaron hasta a Cañete

Cada día que pasa aumentan las dudas sobre el llamado ‘caso Acuamed’, una investigación abierta en 2014 por la Fiscalía Anticorrupción y actualmente en fase de Instrucción en la Audiencia Nacional por un supuesto delito de cohecho de los directivos de la empresa pública a cambio de inflar el precio de las obras. La ‘Operación Frontino’ empezó por la denuncia de un ex directivo, Francisco Valiente, y dos de sus subordinadas, Azahara Peralta y Gracia Ballesteros, que acusaban a sus superiores de pagar las obras a las constructoras por encima de su precio a cambio de regalos.

Una de esas obras es el contrato para la construcción, puesta en marcha y mantenimiento de una desaladora en Almanzora, adjudicada por Acuamed a Fomento de Construcciones y Contratas (FCC) y Befesa en 2006. Según FCC, la obra quedó terminada en agosto de 2012, pero dos meses después una inundación en la zona dañó la planta dejándola inservible. La constructora defendía que la obra estaba terminada y que era Acuamed quién tenía que haber contratado un seguro para reparar la instalación. Se inició entonces una negociación con el director general de la firma, Arcadio Mateo, que dependía del ministro de Agricultura, Miguel Arias Cañete.

En 2013 se alcanzó un principio de acuerdo: FCC pagaba el 60% del arreglo y Acuamed, el 40% restante. Pero antes la empresa pública tenía que abonar la liquidación del contrato, 9,5 millones de euros. El acuerdo no se terminó de cerrar hasta que la detención de los directivos de Acuamed en enero de 2016 frustró el acuerdo.

Esas detenciones se produjeron por la denuncia de Valiente sobre, entre otras obras, esta negociación sobre la desaladora de Almanzora. Según Valiente, el pago de ese dinero no estaba justificado, era parte de una trama de corrupción que salpicaba hasta el propio ministro Cañete, que dio el visto bueno al acuerdo. Todo por favorecer a FCC.

Como se ve en la imagen, parte de la denuncia manuscrita de Valiente a la Fiscalía, en la negociación estuvo implicado hasta «el propio Ministro de Agricultura». En la denuncia, Valiente sostiene que FCC quería cobrar por la liquidación de la obra más de lo que le correspondía, «un 3% en lugar de un 20%». Además, decía, para tener derecho a esa liquidación la obra tenía que estar acabada y, en su opinión, no lo estaba. «Estaba arruinada», dice.

Laudo a favor de FCC

Tras ser detenidos los directivos de Acuamed en enero de 2016, y ante la negativa de la nueva cúpula a firmar el acuerdo alcanzado con FCC, la constructora decidió instar un procedimiento arbitral ante el Corte Civil y Mercantil de Arbitraje (CIMA), organismo habitual de resolución de este tipo de conflictos.

¿Y qué ha ocurrido? Pues que, el 4 de marzo, días antes del confinamiento por la pandemia, el árbitro ha emitido su sentencia dando la razón punto por punto a FCC. El árbitro decreta en su escrito, al que ha tenido acceso este diario, que la obra estaba acabada y le correspondía a Acuamed pagar los arreglos, y condena a la empresa pública dependiente ahora de Teresa Ribera a pagar nueve millones de euros a FCC en concepto de resolución del contrato. Además, deberá pagar las costas.

Por lo tanto, FCC tenía razón al pedir 9,5 millones en concepto de resolución del contrato y los entonces directivos de Acuamed consiguieron con sus negociaciones reducir el coste para las arcas públicas de los efectos devastadores de esas inundaciones. Así lo entiende también la actual cúpula de la firma y la ministra Ribera, que han decidido no recurrir esa sentencia del árbitro, según fuentes del proceso.

La denuncia manuscrita de Valiente, fechada el 25 de marzo de 2014, y que dio origen al llamado ‘caso Acuamed’, queda ahora en papel mojado en lo referente a esta obra y a FCC, que también ha ganado el arbitraje de la obra del embalse de Flix -la segunda que denuncia Valiente en su escrito-. Ese arbitraje obliga a Acuamed a pagar 60 millones de euros a la constructora.

Así lo entiende también FCC, acusada en el proceso, que ha remitido el pasado lunes 1 de junio un escrito a la Audiencia Nacional muy crítico con los denunciantes, a los que acusa de mentir. «Los denunciantes no sólo han faltado a la verdad y ocultado documentos que demostrarían su iniquidad, sino que han disfrazado la realidad y provocado la apertura de un procedimiento penal aparentando falsamente la comisión de un sinfín de delitos allí donde únicamente había divergencias en la interpretación de un contrato», asegura la constructora en el documento remitido al juez Manuel García Castellón. Castellón sustituye en la instrucción del caso a Eloy Velasco, que fue quien ordenó las detenciones en enero de 2016 por la denuncia de Valiente.