José Luis Ábalos, ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, mantiene su apuesta por incentivar fiscalmente a los propietarios que alquilen sus inmuebles a precios inferiores a los que marcan los índices de referencia y ha apuntado que dichos incentivos se encuentran en fase de consulta con el Ministerio de Hacienda. Asimismo, rechaza imponer un control de precios en la Ley de Vivienda, como plantea su socio de Gobierno, Unidas Podemos.
A la espera de que Hacienda dé el visto bueno a los incentivos fiscales que baraja el Ministerio de Vivienda, Ábalos ha apuntado que los ayuntamientos y las comunidades autónomas también tienen competencias en ese sentido y que le ley debería comprometer al conjunto de las administraciones públicas a la promoción de la vivienda pública.
A ese respecto, ha recordado que hay ayuntamientos que ya usan la exención del impuesto de bienes inmuebles (IBI) como incentivo fiscal, que los hay también que facilitan suelo y que hay comunidades autónomas que otorgan más prioridad que otras a esta política.
«Lógicamente, los más ocurrentes son los fiscales, aunque también puede haber otras medidas, que no imponer»
En una rueda de prensa en calidad de secretario de Organización del PSOE, Ábalos ha admitido las concepciones distintas que tienen los socios de Gobierno a la hora de negociar el anteproyecto de Ley por el Derecho a la Vivienda y ha rechazado la limitación de rentas máximas que propugna Unidas Podemos porque puede haber una detracción del mercado y hacer que esas viviendas acaben el mercado de la compraventa.
«Como es un tema que afecta a todas las administraciones hay que poner a trabajar a todas ellas y no transferir esa responsabilidad a los particulares», ha sostenido, tras subrayar que hay recursos y medios suficientes para hacer una buena política pública de vivienda en España.
A una semana para que acabe el plazo que acordaron los socios de Gobierno para llevar el anteproyecto de ley al Consejo de Ministros, Unidas Podemos se queja de que los socialistas siguen sin contemplar medidas en materia de desahucios, control de precios del alquiler y sanciones a grandes propietarios, todos ellos compromisos firmados por escrito por el PSOE.
Convencido de que es más eficaz promover que imponer, Ábalos ha advertido a Podemos de que para hacer una mala ley es mejor no correr y de que la primera ley de vivienda de la democracia debe ser una buena ley que dé respuesta al derecho a la vivienda y a su función social y no puede ser una ley coyuntural ni apremiada por si muy concretas y coyunturales.
Control de precios
José Luis Ábalos, ha rechazado este lunes el control de precios del alquiler en la futura Ley de Vivienda, como plantea su socio de Gobierno, Unidas Podemos, y ha apostado por promover incentivos fiscales, para los cuales espera aún el visto bueno del Ministerio de Hacienda.
«Lógicamente, los más ocurrentes son los fiscales, aunque también puede haber otras medidas, que no imponer», ha explicado el ministro titular de las competencias de Vivienda, que ha advertido de que, con el control de precios, puede haber una detracción del mercado en la que muchas de esas viviendas que podrían ser destinadas al alquiler acaben en la compraventa.
Ábalos también ha incidido en que la nueva norma respete la constitucionalidad, pues precedentes maximalistas ya han conseguido la posición del Tribunal Constitucional y también que la ley tenga en cuenta que es un derecho pero también un bien de mercado que genera actividad económica, que busca también seguridad jurídica al respecto de las inversiones y todo eso no lo podemos obviar.
El control de precios en el mercado de alquiler ha sido una constante batalla entre el PSOE y Unidas Podemos, que sin embargo han venido pactando desde 2018 medidas de contención de los precios, las últimas en el propio acuerdo de Gobierno de coalición y para sacar adelante los Presupuestos Generales del Estado de 2021.
En ese último acuerdo ambas formaciones pactaron habilitar en la nueva ley mecanismos de contención, o eventualmente bajada de los precios tanto de los nuevos contratos como de los existentes y, a partir de los precios de referencia contener subidas injustificadas.
Ese acuerdo, alcanzado a finales del pasado mes de octubre, daba un plazo máximo de tres meses para llevar la Ley a Consejo de Ministros y presentarla en el Congreso en un máximo de cuatro por lo que, en virtud de ese plazo, el Gobierno debía de haber presentado la norma antes de concluir enero.
