El cheque escolar: cómo hacer accesible la escuela privada a todo el mundo

Uno de los argumentos más recurridos por los detractores de la educación privada es que no todo el mundo puede permitirse pagar los precios que establecen los centros. Pero, ¿es esto cierto? Y, de serlo, ¿por qué razón?

Según los últimos datos del Ministerio de Educación, correspondientes al curso 2015/2016, el gasto por alumno en segunda etapa de educación secundaria y post secundaria no superior (es decir, no universitaria) se sitúa en 7.690 euros para el presente curso.

Esto significa que, de no retirarle el Estado esa cantidad de dinero a cada contribuyente, podría pagar prácticamente cualquiera de los colegios privados que hay en España. Únicamente algunos centros (que se pueden contar con los dedos de una mano) superan los 7.700 euros anuales, y algunos de ellos tienen tarifas inferiores. El 99% de los colegios de titularidad privada tienen un coste anual inferior al que registran los centros públicos.

No sólo eso, sino que si cada persona tuviera en su bolsillo esa cantidad de dinero y pudiera elegir libremente dónde gastarlo, en lugar de dejarlo en manos de los políticos, la competencia entre centros privados haría que el precio bajase sin dejar de satisfacer al máximo a los consumidores (padres y alumnos), pues de lo contrario se irán con su dinero a otro colegio.

La obligación de pagar en forma de impuestos el coste de cada plaza pública en educación provoca que sólo aquellos con ingresos más altos puedan permitirse pagar un centro privado para sus hijos, pues con el sistema actual se paga dos veces. Primero, la pública, vía impuestos. Y luego, si se anhela otro tipo de educación, hay que abonar dicho importe más el anterior.

«Pública, de calidad y gratuita» suelen ser las tres reclamaciones que se escuchan en las manifestaciones, pero realmente sólo la primera se cumple. Según los datos de Pisa, ni la enseñanza pública es de calidad, aunque es cierto que podría serlo como ocurre en otros países, ni mucho menos es gratuita (como ya hemos visto).

Tampoco, pese a la creencia popular, el ratio profesor alumno determina la calidad de la enseñanza. De hecho, España tiene menos alumnos por clase que la media de la OCDE y que países que se encuentran en lo más alto del ranking de Pisa, como Japón o Corea del Sur, y sin embargo se encuentra a la cola de la lista de países más desarrollados en cuanto a resultados académicos.

Es cierto que hay países que tienen una educación pública mucho más eficiente que la española. No obstante, tal como señala el economista Juan Ramón Rallo, si se desglosan los datos de Pisa según la titularidad de los centros, se puede observar que la diferencia de puntuación entre la enseñanza privada española y la siempre recurrida educación pública finlandesa es notablemente inferior que si se cogen los datos globales de España (público y privado, juntos). Es decir, la calidad de la educación privada española no está lejos del nivel de la de Finlandia, pese a que el gasto es mucho menor.

El «cheque escolar» como solución

Las reformas para apostar por la enseñanza privada, a priori, parecen difíciles de implantar, pero no hay por qué cargarse por completo el modelo actual, sino que basta con introducir mejoras que permitan una mayor libertad para que así evolucione el sistema educativo. Existe un modo de que el Estado siga garantizando que la educación sea universal, y es a través del llamado «cheque (o bono) escolar».

Mediante este sistema, cada individuo puede utilizar el importe correspondiente, por ejemplo, al coste de la plaza pública (los 7.700 euros que hemos indicado) y utilizarlo en el centro que se quiera. De hecho, el considerado mejor colegio de España, el Meres (Asturias) supone un gasto de 7.350 euros por curso, inferior al de la plaza pública.

Un estudio de la universidad CEU San Pablo recoge los diferentes informes que certifican que, cuanta más libertad tengan los padres para elegir la enseñanza de sus hijos y cuanta más competencia se genere entre centros, más mejoran los resultados académicos. En Florida, por ejemplo, tras implantar el bono, las escuelas con bajos resultados empezaron a obtener notables mejoras respecto a otras escuelas públicas del mismo estado. Lo mismo ocurrió en San Antonio o Washington D.C.

El alcalde de Milwaukee, la ciudad más grande de Wisconsin (EEUU), donde también se implantó este sistema, defiende los beneficios obtenidos: «A medida que ha aumentado la posibilidad de elección, los colegios públicos y los sindicatos han introducido mejoras en los criterios de contratación de profesores, uso del presupuesto y diseño de los programas. Se han hecho reformas para estar más en contacto con los padres; algunas guarderías han pasado a funcionar la jornada completa; y las escuelas públicas han dado publicidad a las mejoras para atraer a nuevos alumnos».

De tal modo, si los datos demuestran que la enseñanza privada no sólo ofrece mejores resultados que la pública, sino que además es accesible para prácticamente todo el mundo (en el caso del cheque, sin excepciones), ¿no debería defenderse su aplicación? Lo importante no es que la educación sea pública, lo que realmente importa es que la educación sea, además de accesible, de calidad. Y eso se consigue, como en casi todos los ámbitos de la vida, a través de la libertad, en este caso educativa.