91 JUICIOS VERBALES POSESORIOS POR 'OKUPACIÓN' EN COMUNIDAD VALENCIANA EN 3 MESES

El testimonio de una víctima de la ‘inkiokupación’ en Valencia: «Pago 2 casas y no llego a fin de mes»

El testimonio de una víctima de la ‘inkiokupación’ en Valencia: «Pago 2 casas y no llego a fin de mes»
Marina vive en primera persona los problemas de la 'inkiokupación' en Valencia.
Ignacio Martínez

Los juicios verbales posesorios por ‘okupación’ ilegal de viviendas en el caso de que los propietarios sea personas físicas, entidades sin ánimo de lucro o entidades públicas poseedoras de una vivienda social han sido 91 en el ámbito de la Comunidad Valenciana durante el primer trimestre del presente año. Pero los problemas relacionados con la ‘okupación’ son varios. Uno de ellos, es el de los ‘inkiokupas’, inquilinos que dejan de pagar su alquiler, pero que continúan en la vivienda. Ese, es el caso de Marina, una mujer divorciada con una hija adolescente que cuenta el drama que ella está viviendo por este motivo: «Pago 2 casas y no llego a fin de mes».

 Marina adquirió con notable esfuerzo una vivienda en la localidad valenciana Meliana en 2015. Un tercer piso sin ascensor. A medida que su hija se fue haciendo mayor, ésta quiso salir los fines de semana con sus amigas, que viven en Valencia.

De modo, que la mujer, que había acondicionado el piso en Meliana, pensó en alquilarlo y buscar otra vivienda en Valencia, en donde vivir ella, a su vez, con su hija pagando un alquiler. Para ello, utilizaría los beneficios del arrendamiento en Meliana. Le servirían para cubrir las cuotas de la hipoteca y una mínima parte para completar el pago de cada mensualidad de la nueva vivienda en Valencia.

Según el relato de Marina, los inquilinos llegaron a la vivienda de Meliana en marzo de 2019. Una familia compuesta por un varón, su pareja y 2 hijos. Desde diciembre de 2020, los inquilinos no pagaron el alquiler, según el relato de Marina.

En realidad, el problema se trasladó a Marina, que se vio obligada a afrontar el pago de la hipoteca de vivienda de Meliana y el alquiler de Valencia. Y sin posibilidad de dejar de abonar ninguna de las 2 facturas mensuales. No podía volver a su vivienda en Meliana. Y el pago de la hipoteca de una vivienda y el alquiler de la otra le consumía el sueldo antes de fin de mes.

Era demasiado para una mujer que trabaja de administrativa y compatibiliza esa tarea con la de fotógrafa para sacar un dinerillo adicional y que, además se encontró con que esa actividad adicional como fotógrafa no pudo desarrollarla en toda la pandemia. Según sus cálculos, desde que comenzaron los impagos de los inquilinos, ella dice que ha dejado de percibir en torno a 8.000 euros, que es la cantidad que sostiene que ha tenido que ir poniendo de su bolsillo, para sostener, a su vez, la vivienda ‘okupada’ y la que ahora es su domicilio en Valencia. Eran los ahorros para los estudios de su hija.

Llevó el caso a los juzgados de Meliana y, nerviosa y sin dormir muchas noches, llama a esos juzgados con asiduidad para preguntar qué hay de lo suyo, a la espera de que su caso se vea y se solucione. No hay fecha, todavía, porque los juzgados están saturados.

Su problema la llevó hasta una plataforma de afectados por la hipoteca, donde coincidió con Pilar, cuyo caso también relató en su día OKDIARIO: el de una mujer que según declaró en diciembre del pasado año, había gastado 22.300 euros manteniendo durante más de 950 días su vivienda ‘okupada en Torrevieja. Una situación que la hizo entonces a estallar: «Nosotros no podemos ser el escudo social del Gobierno», dijo.

El pasado febrero, el Gobierno de España que preside el socialista Pedro Sánchez en respuesta al Grupo Parlamentario Vox, sostuvo que en España se ha pasado de 3.849 ‘okupaciones’ de inmuebles en 2011 a 17.274 en 2021. Un incremento exponencial, en el que destaca además que entre los meses de enero y febrero del año en curso -2022- ya se han producido 2.700 ‘okupaciones’ de inmuebles y que entre 2020 y 2021 hubo cerca de 2.500 ‘okupaciones’ más, coincidiendo con el decreto ‘anti desahucios’ aprobado en 2020 y al que se añadió una corrección en enero del pasado ejercicio 2021, según Vox.

 

 

 

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