Pilar recupera su vivienda tras 30 meses okupada, 22.000 € de gastos y una parálisis facial

Pilar ha recuperado su vivienda de Torrevieja, que llevaba okupada más de 30 meses por dos mujeres que tenían a su cargo a un menor de 6 años. En concreto, desde julio de 2019. Han sido casi 1.000 mil días de sufrimiento y un gasto que supera los 22.000 euros para la propietaria entre pleitos, agua y otros imponderables. La cantidad, sumando los alquileres que ha dejado de percibir por tener su vivienda okupada supera los 30.000 euros. 

La tensión que ha sufrido esta mujer le ha provocado una parálisis facial irrecuperable y otros problemas de salud: uno de sus ojos, el izquierdo, prácticamente, no lo puede abrir. La salida de las okupas sólo ha sido posible después de que el Ayuntamiento consiguiera para ellas lo que la semántica de la izquierda denomina una solución habitacional: estarán alojadas en un hotel. El Consistorio, que dirige el popular Eduardo Dolón, se hará cargo de los trámites para que logren una vivienda social y, finalmente, la Generalitat Valenciana tendrá que dar el visto bueno a esa vivienda.

Este domingo, Pilar y su marido, legítimos propietarios de la vivienda okupada llegaron a Torrevieja. Se alojaron en un apartamento turístico. El alojamiento les cuesta a razón de 35 euros la noche. A su casa no podían ir. Estaba okupada. Tenían ya en su poder una orden judicial de lanzamiento de las personas que okupaban esa vivienda. La noche del domingo, Pilar y su marido no pasaron ni por la puerta del edificio de la vivienda okupada. Temían que les denunciaran alegando que su sola presencia era un método de coacción.

La vivienda está situada a escasos 100 metros de la frontera que delimita la playa del Acequión con la de Los Naúfragos. Es un pequeño apartamento. Con una habitación, un salón, la cocina y el aseo. En la zona común hay una piscina. A todo se accede desde el portal del edificio. Desde ese portal, se ve el mar. Pero ni los legítimos propietarios ni los okupas lo han visto en todo este tiempo. Los primeros, aconsejados por la abogada, Pilar Gómez, evitaban pasar por allí. Los okupas vivían con las persianas bajadas de día y de noche.

La casa era de una familiar de Pilar. Allí, se alojaban dos mujeres, ambas colombianas. Le tenían alquilada la vivienda. A punto de iniciarse el verano de 2019, el contrato de alquiler llegaba a su fin. Y las dos mujeres se iban a marchar. La sorpresa llegó con su salida. Dos mujeres (madre e hija) junto a un menor y una mascota, un perro, se encontraban en la casa. La propietaria falleció. Dejó en herencia la vivienda a Pilar, que al ser notificada de la presencia de esas personas en su casa decidió hacerles un nuevo contrato. No lo firmaron. Y desde entonces dieron la casa por okupada.

Más de 30 meses después, una orden judicial, la tercera, marcaba el día de hoy, 10 de enero de 2022, como fecha del desalojo. Pero las cosas, aún con la orden judicial en la mano, no estaban claras. En dos ocasiones las okupas habían eludido la acción de la Justicia. Una, por un error de notificación. La otra, por un recurso. Esta vez, también, remitieron al Juzgado un documento alegando su vulnerabilidad y la existencia del menor para evitar el lanzamiento. Solicitaban una prórroga de 6 meses. Hasta que el próximo junio, el pequeño concluyera el curso escolar.

Enterado de todo ello, Eduardo Dolón, alcalde de Torrevieja, y Tomás Ballester, concejal de Bienestar Social, se pusieron manos a la obra. Ballester entabló conversaciones con la Red Solidaria. Y buscaron una ‘solución habitacional’ utilizando esa palabrería hueca de la izquierda que tanto gusta a Pedro Sánchez y a su Gobierno socialcomunista. Este domingo anunciaron el acuerdo. Las mujeres irían a un hotel. Y, una vez allí, el Ayuntamiento se comprometía a buscarles una vivienda social. Mientras tanto, la mascota vivirá en la casa de una familia amiga de las ‘okupas’. El Consistorio realizará los trámites para lograr esa vivienda social. Luego, la Generalitat Valenciana deberá dar el ‘ok’ definitivo.

Llega el cerrajero judicial

A primera hora de este lunes, Pilar, la propietaria, era un manojo de nervios a las puertas del edificio donde se halla su vivienda. Pasadas las 10 horas, llegaba el cerrajero judicial. Lo hacía discretamente. Sin moverse del entorno de su vehículo. Desde 2008, ese cerrajero acude a unos 2-3 desalojos a la semana, la misma cifra que el concejal Ballester ofrece cuando se le pregunta cuántos desalojos se producen a la semana en Torrevieja. La mayoría, ahora, son de inquiokupas. Es decir, personas que viven de alquiler y han dejado de pagar o, como en el caso de que hablamos, que sencillamente, entran a la vivienda.

Mientras tanto, el teléfono de Pilar no paraba de sonar. Compañeros de la plataforma Ley Antiokupas ya, llamaban a la propietaria para infundirle ánimo. Uno de ellos, Miguel, en muestra de solidaridad, fue personalmente a apoyarla. A Miguel, que vive en la alicantina localidad de Castalla, le okuparon su vivienda en Madrid hace un año. Una mujer de origen ecuatoriano. Ella pagaba su alquiler hasta hace 12 meses. Pero dejó de hacerlo. Hace un mes, se puso en contacto con él. Le pidió -siempre según la versión de Miguel- 1.200 euros por abandonar la casa. Finalmente, acordaron 800. Y la mujer se marchó. Miguel ha puesto esa casa a la venta.

Llegaron también tres personas de la Red Solidaria. Y, una de ellas, ayudó a transportar los enseres de las ‘okupas’. Todo iba bien, hasta que esta mujer bajó un televisor. Pilar se indignó: la ‘tele’ no era de las okupas sino suya: «¡La tele no te la llevas porque es mía!», le dijo. Y reclamó que la devolvieran a la vivienda. Al poco de concluir la discusión, llegó el Servicio Común del Juzgado. Le acompañaban dos guardias civiles para garantizar que el desalojo se haría de modo ordenado.  Pilar y su marido, que subieron en un primer momento con los representantes judiciales, tuvieron que bajar de nuevo porque, en esa parte de la actuación, los propietarios no deben estar a las puertas de la vivienda.

El concejal Ballester sí accedió. Y se ocupó, junto a un miembro de la Red Solidaria, de que todo marchara sin estridencias. Pilar ya no podía más. Su sufrimiento era extremo. En ese momento del procedimiento cualquier error, cualquier problema, puede desembocar en un nuevo plazo.

Lo que encontró Pilar

En la calle, un vecino auguraba que el lanzamiento se aplazaría de nuevo. En los balcones, los curiosos se multiplicaban con los móviles en la mano. Las okupas salieron de la casa. Y, terminado el procedimiento, las autoridades judiciales se marcharon. Fue el momento de entrar a la vivienda. Tampoco resultó fácil. La cerradura no estaba homologada y el cerrajero tuvo que emplearse a fondo. No bastaba con cambiar el bombín de la puerta: había que cambiar el sistema completo.

Quedaron en la casa juguetes del niño y mucha ropa. Un aparato de aire acondicionado que preside el salón estaba totalmente roto y algunos muebles sufrieron algún tipo de desperfecto. Pero Pilar había ‘reconquistado’ su casa. Pilar Gómez, la abogada de la familia, seguía atenta las incidencias y procuraba poner coherencia y tranquilidad entre tanto nerviosismo. La Guardia Civil, que permanecía en el edificio, también atendió las dudas de la propietaria. En torno a las 13 horas, todo había acabado. Todo, excepto la emoción y los nervios de Pilar. El calvario que ha vivido en los últimos 30 meses ha tocado a su fin. Ahora, toca reordenar, limpiar y devolver a la vivienda el aire que tenía en vida de su familiar. Pero esa es ya otra historia. Por cierto, el televisor cuya propiedad había defendido Pilar un rato antes, ya no estaba.