Una plataforma subvencionada por Puig reclama el catalán para los funcionarios del Estado en Valencia

La catalanista Plataforma per la Llengua (Plataforma por la Lengua), que ha sido generosamente subvencionada por los gobiernos de Ximo Puig y de Joan Ribó en la Generalitat Valenciana y el Ayuntamiento de Valencia, respectivamente, quiere imponer el catalán como requisito para los trabajadores del Estado en la Comunidad Valenciana y las Islas Baleares. Reclama, además, modificar la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) para que el catalán sea requisito para trabajar en el ámbito de la Justicia en ambos territorios y califica a los nuevos gobiernos valenciano y catalán, que liderarán los populares Carlos Mazón y Marga Prohens como «muy hostiles hacia la lengua catalana».

La presión catalanista hacia la Comunidad Valenciana y las Islas Baleares no cesa. Ni siquiera después de las elecciones locales y autonómicas. Al contrario, el independentismo y el nacionalismo catalán continúan intentando imponer el catalán en estos territorios.

Plataforma per la Llengua es la misma que puso en marcha una campaña para espiar a los estudiantes y profesores que tampoco usaban esa lengua. Y, ahora, ha puesto en marcha la campaña Vota por la lengua, cuyo objetivo es apelar «a la conciencia lingüística de los electores de cara a las elecciones generales españolas del 23-J».

«Gobiernos hostiles»

En ese documento, que aparece en su página web, Plataforma per la Llengua, hace constar que «el vector lengua cobra mayor relevancia» en la campaña electoral tras los resultados de los comicios municipales y autonómicos «y, en especial, a consecuencia de los acuerdos en la Comunidad Valenciana y las Islas Baleares». En estos dos territorios, que la Plataforma define «de dominio lingüístico» se «han conformado gobiernos muy hostiles hacia la lengua catalana».

Se da la circunstancia de que la Comunidad Valenciana y las Islas Baleares son dos de los tres territorios que los independentistas catalanes incluyen en esa entelequia denominada países catalanes, una de cuyas bases es la unidad lingüística del catalán, no del español.

Pero, además, la citada Plataforma incluye también como uno de sus ejes «garantizar la capacitación lingüística de los empleados públicos estatales destinados a comunidades autónomas con lenguas propias», en otra clara referencia a Baleares y la Comunidad Valenciana, lo que de facto significa exigir el requisito lingüístico del catalán a los funcionarios del Estado para trabajar en Valencia y Baleares.

El gobierno de Ximo Puig ya aprobó en noviembre de 2022 que los empleados públicos de la Generalitat Valenciana tuvieran que acreditar diferentes grados de conocimiento del valenciano, desde el básico hasta el medio, lo que supone, de facto, la imposición de un requisito lingüístico en la Administración, muy similar a la línea que ahora exige Plataforma por la Lengua para los empleados estatales.

La hoja de ruta del Gobierno valenciano de Ximo Puig y la coalición nacionalista Compromís incluía para esta nueva legislatura, caso de haber tenido mayoría para gobernar, la imposición del requisito lingüístico también en la Sanidad.

Subvenciones

Según publicó OKDIARIO en junio de 2022, Plataforma por la Lengua ha recibido en seis años de los gobiernos presididos por el socialista Ximo Puig un total de 405.773,10 €, distribuidos en 22 subvenciones procedentes de la Secretaría Autonómica de Cultura y Deporte, alguna de ellas por valor superior a los 46.000 €.

También en 2022, la televisión pública valenciana A Punt, que pagan todos los valencianos y no los catalanes, emitió un anuncio publicitario de la citada plataforma para promocionar el uso del catalán, en este caso, en la Comunidad Valenciana.

También, Joan Ribó, desde el Ayuntamiento de Valencia, ha subvencionado a la citada plataforma. En 2022, le concedió una subvención de 25.000 € para la organización de actividades culturales del denominado Año Joan Fuster. El homenajeado, a cuya memoria dedicó la Generalitat Valenciana de Ximo Puig todo el ejercicio, es el considerado como padre de los países catalanes.

Frente a todo ello, el nuevo gobierno valenciano, que conformarán en unos días PP y Vox, con la presidencia del popular Carlos Mazón, ya ha anunciado la elaboración de una ley de señas de identidad valencianas, uno de cuyos pilares es la defensa de la libertad lingüística y la eliminación de subvenciones a entidades y chiringuitos catalanistas en territorio valenciano.