Mazón lleva a las Cortes su plan anticrisis: 500 millones en ayudas, menos tasas y bajada de impuestos

El Partido Popular de la Comunidad Valenciana (PPCV) ha presentado ante las Cortes Valencianas una Proposición No de Ley (PNL) para combatir los devastadores efectos de la crisis en la inflación, la economía, las familias, las empresas y los sectores productivos. Se trata de una batería de medidas presentada hoy por Carlos Mazón, presidente del PPCV, fundamentadas en ayudas por valor de 500 millones de euros, reducción y abaratamiento de tasas y bajada de impuestos.

Convencido de que la inacción del presidente de la Generalitat Valenciana el socialista Ximo Puig sólo agravará la situación de familias y empresas, Mazón ha elaborado una batería de medidas anticrisis para combatir la «situación insostenible» que vive España y muy particularmente la Comunidad Valenciana a consecuencia de una crisis que el presidente del PPCV sitúa incluso antes de los desastres derivados de la invasión de Ucrania y más grave, si cabe, que la vivida a partir de 2007. Y, para ello, ha contado con la participación de su gurú en materia económica y financiera, el profesor José Antonio Rovira, portavoz adjunto del Partido Popular en las Cortes Valencianas, y de la secretaria general María José Catalá, que ha sido la encargada de presentar el documento ante el parlamento valenciano.

El ‘Plan Mazón’ se desarrolla en un documento de 4 páginas, que en esencia pretende lo que es un principio básico del Partido Popular: que el dinero esté en el bolsillo de los ciudadanos para que sean éstos y no las administraciones las que pongan en marcha el motor de la economía, que impulse a las pequeñas y medianas empresas (pymes), autónomos e industrias y sectores productivos. Bajo estas premisas, Mazón ha esbozado 3 principios básicos sobre los que se sostiene todo lo demás: generar ayudas, reducir y eliminar tasas y bajar los impuestos directos e indirectos a los ciudadanos. Sobre todo, y muy esencialmente, aquellos que gravan el acceso a las fuentes de energía, pero también el Impuesto de la Renta de las Personas Físicas (IRPF), muy especialmente a las rentas más bajas, que son las que más lo necesitan.

Así, ha solicitado la reducción inmediata de los impuestos especiales a los hidrocarburos y la aplicación de un Impuesto del Valor Añadido (IVA) para paliar los efectos en familias y empresas, la rebaja del IRPF a las rentas más bajas, la suspensión de tasas, licencias y otros costes asociados a los sectores más afectados por la crisis y, en este sentido, la exención o bonificación a los pescadores de los pagos de las tasas portuarias y pesqueras en los puertos cuya titularidad pertenece a la Generalitat Valenciana por un periodo mínimo de 3 meses, recuperar las ayudas para la pobreza con un montante de 5 millones de euros y crear el fondo valenciano para la eficiencia energética y el suministro de alimentos básicos.

Reclama también crear una línea de ayudas directas que ayuden a compensar el recibo de la luz a aquellas familias que no pueden acogerse al bono social eléctrico-térmico pero que por las circunstancias actuales estén en riesgo de pobreza eléctrica y/o térmica. También, ha reclamado a Pedro Sánchez un tipo impositivo super reducido  del 4% del IVA  al suministro del gas natural y de la calefacción urbana y aprobar un plan de contingencia que garantice los suministros básicos a la población, entre otras medidas.

Mazón cree la puesta en marcha de su plan de bajada de impuestos, lanzado el pasado otoño, habría supuesto un ahorro a los contribuyentes valencianos de 1.500 millones de euros y ofrece a Puig diálogo y consenso, pero insta al Ejecutivo valenciano (PSOE, Compromís y Podemos) a poner en marcha ya este plan porque «no hay un segundo que perder» ante la crítica situación actual para personas, familias y empresas. Propone, además, un paquete de ayudas a pymes y autónomos, especialmente dirigido al sector del Transporte y sectores primarios por un montante total de 400 millones de euros a cargo de los más de 800 millones que se recargan del impuesto sobre los hidrocarburos. Y otros 100 millones procedentes de lo que la Generalitat recauda por la tasa de la energía.