La juez de la DANA acuerda un careo entre Salomé Pradas y el jefe de gabinete de Carlos Mazón
La decisión ha sido adoptada en un auto dictado este martes
La juez de la DANA no llamará como testigo a Sánchez después de haber citado a Feijóo

La juez de Catarroja que instruye la causa sobre la gestión de la DANA, que dejó 230 fallecidos en la Comunidad de Valencia, ha acordado la celebración de un careo judicial entre la ex consellera de Emergencias, Salomé Pradas, que figura como investigada en el procedimiento, y José Manuel Cuenca, quien fue jefe de gabinete del entonces ex president de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón.
La decisión ha sido adoptada en un auto dictado este martes. En dicho escrito, la magistrada estima la solicitud presentada tanto por la acusación popular, ejercida por Acció Cultural del País Valencià, como por una acusación particular. No obstante, por el momento no se ha fijado una fecha concreta para la celebración de este careo.
En su resolución, la juez justifica la pertinencia de esta diligencia al considerar «necesario» contrastar directamente las versiones ofrecidas por ambas partes sobre aspectos clave de la investigación. Según señala, «dilucidar o no la coherencia de sus manifestaciones con los medios de prueba aportados al proceso se ha de efectuar en sede judicial y precisamente a través del careo», especialmente cuando se trata de cuestiones «absolutamente esenciales» para el esclarecimiento de los hechos.
La magistrada subraya que el objetivo del careo será confrontar las declaraciones de la ex consellera investigada con las del testigo, en un momento procesal en el que existen «discrepancias relevantes» sobre la toma de decisiones y la cadena de responsabilidades durante la gestión de la emergencia causada por la DANA.
Asimismo, la juez recuerda en su auto que la Audiencia Provincial de Valencia ya estableció previamente que el entonces presidente de la Generalitat Valenciana «ostenta la condición de máxima autoridad del Consell» y que, conforme al artículo 12 de la Ley 5/1983, puede impartir instrucciones a los miembros del Gobierno autonómico. Esta consideración resulta relevante para determinar el alcance de las responsabilidades políticas y administrativas en el marco de la investigación.
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