El Ayuntamiento de Valladolid, dirigido por el PP, baja el IBI un 5% para 2025

El Gobierno municipal de Valladolid, dirigido por el Partido Popular, ha anunciado una bajada del Impuesto sobre los Bienes Inmuebles (IBI) de hasta un 5% en el año 2025, un porcentaje que llegará hasta el 10% al final del mandato municipal en el año 2027. Esta medida, que ha sido aprobada este lunes en el pleno regional, es la culminación de una promesa que el Ejecutivo que lidera el popular Jesús Julio Carnero realizó el pasado mes de septiembre.

Sobre esta iniciativa, el concejal de Hacienda, Personal y Modernización Administrativa de Valladolid, Francisco de Paula Blanco Alonso, ha dicho que ha sido fruto de la intención del «equipo de Gobierno de facilitar a los contribuyentes la gestión de este complejo y controvertido tributo». Además ha recordado que el consistorio vallisoletano mantiene una reclamación patrimonial al Gobierno central en relación con las deficiencias en la regulación legal del impuesto.

Igualmente, se ha aceptado la alegación a la Ordenanza fiscal reguladora del Impuesto sobre Bienes Inmuebles, presentada por la Federación Provincial de Asociaciones Vecinales y de Consumidores de Valladolid Antonio Machado, con el propósito de aclarar que se permite que se acojan a la bonificación fiscal por instalaciones para el aprovechamiento de energía proveniente del sol durante los cuatro años siguientes a la finalización de la instalación, es decir, desde el 1 de enero de 2021, siempre que se solicite en el primer trimestre de 2025.

Sobre este aspecto, el concejal ha señalado que «esta aclaración es coherente con el compromiso electoral de los partidos que conforman el Gobierno municipal, reduciendo la presión fiscal aplicando las bonificaciones potestativas que permite la Ley».

Por último, también se le ha dado el visto bueno a la alegación presentada por la Asociación de Propietarios y Empresarios del Polígono de San Cristóbal, a fin de que quienes cuenten con un gestor autorizado de residuos se acojan al sistema de estimación directa, lo que les permite tributar por la cuota mínima.

En este sentido, Blanco ha recordado en el Pleno que «la aprobación definitiva de la tasa de basuras lo es en cumplimiento estricto de la normativa nacional, ya que esta tasa no responde a la voluntad del equipo del Gobierno municipal. Por eso, en la medida de lo posible, se ha sido sensible y receptivo a las propuestas formuladas por las asociaciones de propietarios y empresarios y se ha procurado minimizar todo lo posible su carga impositiva».

Cabe recordar que todos los ayuntamientos tendrán que tener este nuevo impuesto del Gobierno antes de abril del 2025. Por este motivo, grandes ciudades de toda España están comenzando a aprobar las cuantías de este gravamen. Uno de los principales problemas reside en el caos a la hora de aplicarlo. La obligación de que sea un impuesto diferenciado -es decir, que no pueda ir dentro de otros impuestos- abre una situación de inseguridad jurídica para muchos consistorios.

Entre las grandes urbes de Castilla y León, sólo Valladolid y Segovia han aprobado su aplicación. En el caso de los vallisoletanos, el basurazo de Sánchez supondrá un importe medio de 70,87 euros para cada domicilio vallisoletano y en el caso de los negocios variará entre los 80,74 y los 1.711,62 euros.