El presupuesto del cambio de PP y Vox para Palma: más policías y barrenderos e impuestos congelados

El calificado por el gobierno municipal del PP en el Ayuntamiento de Palma como el «presupuesto del cambio», aprobado con el apoyo de Vox, contempla para 2024 inversiones y recursos para hacer frente a la compleja situación que se vive en la capital balear, en materia de seguridad y limpieza.

Dos de las principales problemáticas heredadas por el alcalde Jaime Martínez de su antecesor en el cargo, el ex primer edil socialista José Hila, que quiere empezar a poner coto el próximo año incorporando un centenar de efectivos entre policías y barrenderos, con el añadido de que las primeras cuentas del nuevo gobierno municipal contemplan la congelación de impuestos e incluso rebajas fiscales puntuales en algunos casos.

En concreto, los presupuestos que entrarán en vigor el próximo 1 de enero después de ser aprobados definitivamente en el último pleno municipal del año, prevé la contratación de 50 nuevos agentes para hacer frente a las carencias sobresalientes de la actual plantilla policial.

También habrá un incremento del parque móvil con nuevos coches patrulla, furgonetas y motos con hasta 68 nuevos vehículos, más cámaras de video vigilancia, manos libres para la unidad motorizada, y radiotransmisores, así como una partida de cámaras, radares de control y drones de vigilancia.

La seguridad ciudadana es una de las claves de las primeras cuentas municipales del alcalde Jaime Martínez, dado que a este apartado del presupuesto municipal que asciende a 531,1 millones (8,97 %más que el presente año) destina uno de cada cinco euros.

La envenenada herencia recibida por el primer edil, de la que hoy es la quinta ciudad con el índice de criminalidad más alto de España, obliga al gobierno municipal a poner en marcha un plan integral de reorganización policial que tendrá que materializar el nuevo jefe de la Policía Local, Guillem Mascaró, que aún no ha sido presentado oficialmente, pero que ya ejerce como tal.

Otro de los retos fundamentales del gobierno en minoría del PP esta legislatura es la limpieza, y que Palma deje de ser la ciudad más sucia de España, según la OCU. Para ello la plantilla de la siempre convulsa Empresa Municipal de Aguas y Alcantarillado (Emaya) también aumentará en 50 operarios, con el fin de reforzar y mejorar servicios y seguir ejecutando con mayor efectividad el plan de choque de limpieza Palma a Punt. Se destinarán 1,5 millones en renovación de contenedores y 4,7 millones a la flota de camiones y vehículos frente a los 2.800.000 euros ejecutados en 2023.

En total las inversiones en Emaya ascienden a 27.383.793 euros, frente a los 19 de este ejercicio poniendo en evidencia las prioridades del alcalde Martínez. Como indica la teniente de alcalde de Hacienda, Mercedes Celeste, estos presupuestos servirán para «deshacer todo lo que hizo» la anterior corporación municipal, «arreglar lo que hicieron mal» y  «construir una Palma segura y sin contratos para amigos o familiares», en alusión al escándalo de las contrataciones a dedo del anterior gobierno a las empresas de los padres de la concejala separatista de Més, ahora en la oposición, Neus Truyol.

El tercer punto cardinal de estas cuentas públicas que también contemplan partidas presupuestarias para iniciar proyectos tan esperados como la remodelación del antiguo edificio de Gesa; la reurbanización de la Plaza Mayor y calles aledañas; el inicio del proyecto del recinto ferial, así como el inicio del proyecto del Bosque Metropolitano o la recuperación de las canteras de Establiments, es que no habrá subida de tasas, impuestos y precios públicos.

De hecho, las únicas enmiendas aprobadas a estas cuentas llevan el sello de Vox lo que se traducirá en la rebaja del impuesto de la plusvalía del 25% al 18%; un recorte del 50% de la tasa de licencias urbanísticas ( del 2,60 al 1,30) y del 25% en el impuesto de obras y construcciones con un impacto económico de en torno a cinco millones.

A ello hay que sumar la promesa del alcalde Martínez de que en 2024 se iniciará una bonificación gradual del IAE e IBI, que se verá reflejada en las correspondientes modificaciones en las ordenanzas fiscales.

Aunque son unas cuentas expansivas, con el mayor volumen presupuestario de la historia de Palma, la principal portavoz de la oposición, la socialista Rosario Sánchez, no dudó en calificar el presupuesto como «tecnócrata», en el que los residentes no son «una prioridad» y que «no cumple con leyes, como la LGTBI, la de Memoria Democrática, de Normalización Lingüística o de Capitalidad» y «quita impuestos a los poderosos». La réplica contundente a Sánchez en el pleno de este viernes, vino de la mano de la concejala encargada de su redacción, que instó a la oposición a «salir a la calle a ver cómo han dejado Palma», después de ocho años de gobierno.