Palma rechaza el parque de 2.800 paneles solares en los terrenos públicos protegidos de Son Quint

El Ayuntamiento de Palma ha rechazado la instalación de un parque de 2.800 paneles solares que se estaba tramitando en los terrenos públicos protegidos de la zona de Son Quint, en una parcela adquirida este año por el gobierno municipal en minoría del PP, que apuesta así por su preservación ambiental para habilitarlo como bosque metropolitano de la capital balear.

Aunque las competencias finales en esta materia corresponden al Ejecutivo balear, en concreto, a la dirección general de Economía, Transición Energética y Cambio Climático de la Conselleria de Empresa, la Concejalía de Urbanismo ha emitido un informe desfavorable a este complejo fotovoltaico, que iba a servir para alimentar el consumo eléctrico del colindante campo de golf y hotel.

Con esta medida acordada por Urbanismo y rubricada por la Junta de Gobierno, el gobierno municipal que lidera el alcalde del PP, Jaime Martínez, se desmarca de la política favorable a estas macro instalaciones fotovoltaicas en suelo rústico del anterior gobierno de izquierdas con los independentistas de Més al mando del área de Urbanismo.

En julio de este año, los antiguos propietarios de los terrenos pidieron la declaración de interés general para la instalación de un parque fotovoltaico, en la cantera de Son Quint.

Se trata de un proyecto de reutilización de esta antigua cantera abandonada como ubicación para el emplazamiento de una instalación solar fotovoltaica. Se planteaba como una forma que permita rehabilitar un área degradada por una actividad minera extinta, y a la vez generar energía eléctrica renovable que iba a permitir alimentar parte de los consumos eléctricos de sus propiedades cercanas.

Según los promotores, el impacto visual iba a ser prácticamente nulo desde cualquier ángulo ya que el parque solar iba a ubicarse en la cantera, y además, su visualización sería minimizada usando una barrera vegetal.
La implantación de los paneles se ejecutaría, según el promotor, respetando las distancias de retranqueo observadas en las Normas Subsidiarias de Palma, y una vez terminada la vida útil de la instalación dentro de 25 ó 30 años, se proponía restaurar la zona donde se ubicaría.

Sin embargo el pasado 16 de septiembre, el destino de la finca cambió de manos y se rubricó su adquisición por parte del Ayuntamiento de Palma por 1,6 millones de euros a sus entonces propietarios, la entidad Agropecuaria Mallorquina.

La parcela en cuestión constaba en el Registro de la Propiedad, calificada como suelo rústico protegido, área de especial interés forestal y de interés paisajístico, en el término municipal de Palma y sólo podía ser destinada única y exclusivamente al uso agrícola, ganadero y forestal en sus 2.885.325,19 metros cuadrados de extensión. En ningún caso, por tanto, a parque fotovoltaico.

Como recoge el acuerdo municipal «es de interés del Ayuntamiento preservar este espacio natural público, por lo que se está redactando el plan de usos para su conservación ambiental y protección del entorno natural».

Por todo ello la Junta de Gobierno ha acordado desistir de la solicitud de la autorización administrativa previa, reconocimiento de utilidad pública a efectos de la declaración de interés general, y evaluación de impacto ambiental ordinaria de este parque fotovoltaico.

En los próximos días esta decisión le será comunicada a la dirección General de Economía, Transición Energética y Cambio Climático del Govern a los efectos oportunos.

El acuerdo adoptado por el Ayuntamiento de de Palma está en línea con lo avanzado en el pasado pleno por el regidor de Urbanismo, Óscar Fidalgo, de que no autorizará nuevas solicitudes de parques fotovoltaicos en suelo rústico al haber decaído la parte detallada (POD) del nuevo Plan General. Los proyectos que actualmente están en marcha, todos, se tramitaron durante la legislatura anterior por el gobierno del ex alcalde socialista, José Hila.