El pacto de izquierdas de Baleares ha creado una docena de chiringuitos similares a los que denuncia Ayuso

Las principales instituciones de Baleares, Govern, Consell de Mallorca y Ayuntamiento de Palma, todas ellas gobernadas por el pacto de izquierdas y presididas por el PSOE que lidera Francina Armengol, han creado en dos legislaturas una docena de nuevos departamentos para poder colocar a cargos del tripartido de socialistas, Podemos e independentistas de Més.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, se refirió este martes a la creación de chiringuitos por parte de la izquierda y mencionó la Dirección General de Soberanía Alimentaria de Baleares. A este nuevo departamento, se suman otros tres creados por el Govern de Armengol, seis por el Consell de Mallorca y dos más del Ayuntamiento.

El nuevo departamento más llamativo es la Oficina Anticorrupción, que cuesta 1,3 millones de euros a los ciudadanos y cuyas actuaciones están siendo muy cuestionadas, tanto por la escasez de asuntos resueltos como por centrarse especialmente en investigaciones al PP, al tiempo que archiva las que afectan al Govern de Armengol.

El último ejemplo ha sido la denuncia contra el presidente del Consell de Ibiza sin realizar investigación alguna. Por contra, ha archivado el caso Vacunas y el caso Varadero, dos cuestiones que perjudicaban al Ejecutivo de Armengol.

El Consell de Mallorca ha duplicado en dos legislaturas el número de altos cargos que se han repartido las tres formaciones del pacto. El gasto en algos cargos ha pasado de los 5,6 millones de euros en 2015 cuando gobernaba el PP a 11,3 millones al año durante esta legislatura.

La creación de nuevos departamentos por parte del gobierno de Mallorca ha llegado al extremo de disponer de una dirección insular que no tiene competencia alguna, como es la de Movilidad. Durante el presente mandato, el Consell se ha inventado también las direcciones generales de Coordinación, Servicios Generales y Promoción Económica.

Esta institución tiene ahora 52 altos cargos frente a los 45 de la pasada legislatura que presidía Miquel Ensenyat, de Més. Durante las dos legislaturas del Pacte, el Consell ha pasado de los 28 altos cargos que tenía el gobierno del PP con Maria Salom como presidenta a los 52 que tiene durante el presente mandato.

En el Govern el número de asesores ha pasado de 49 a 69 y ha aumentado en 13 el número de altos cargos. En total, ha pasado de 119 a 152 altos cargos y asesores. En el Ayuntamiento de Palma el número de altos cargos ha pasado de 34 a 46. En todos los casos el aumento del número de altos cargos y asesores deriva de los acuerdos de gobernabilidad firmados entre PSOE, Unidas Podemos y Més.

Más de 17 millones en altos cargos

Los socialistas de Baleares gastan más de 17 millones de euros anuales en el pago de altos cargos y personal de confianza política colocados a dedo y son, en estos momentos, la principal agencia de colocación de la clase política en las Islas. Desde que en 2015 aterrizara en las principales administraciones de Baleares, el tripartito liderado por Armengol y sus socios independentistas de Més y populistas de Podemos no ha hecho más que extender esa tupida red de cargos afines por los diversos escalafones de las diferentes instituciones.

Sólo en el Govern son ya 202 las personas colocadas por PSOE, Més y Podemos, 80 más de las que tenía en 2015 el último Ejecutivo del PP, un total de 122.

Han pasado un año y cinco meses desde que la presidenta balear anunciara solemnemente una importante reducción del número de altos cargos y asesores con la finalidad de ahorrar 800.000 euros al año para poder hacer frente a la caída de ingresos que había provocado la pandemia de la Covid. Ahora, Armengol ya se ha olvidado por completo de aquella promesa y la reducción de cargos ha quedado en nada.

Lo que prometió Armengol en febrero de 2021, tras la remodelación que realizó en su Ejecutivo, fue suprimir 15 altos cargos y asesores. Meses después parecía dispuesta a cumplir su promesa y prescindió de cuatro altos cargos, con lo que el ahorro previsto de 800.000 euros al año quedaba reducido a 240.000 euros.

Este ahorro, sin embargo, ha quedado anulado con el nombramiento de nuevos cargos, especialmente en el departamento de Comunicación y en el de gestión de los fondos europeos. La presidenta justificó que los nuevos nombramientos eran necesarios para poder gestionar de forma eficaz los nuevos ingresos derivados de la llegada de los fondos europeos denominados Next Generation.