La Oficina de Garantías Lingüísticas de Baleares que gestionará Vox funcionará en enero

La Oficina de Garantías Lingüísticas de Baleares incluida en el acuerdo programático que ha posibilitado en las Islas un gobierno en solitario de la popular Marga Prohens, dependerá del Parlament, la gestionará Vox, y se pondrá en marcha en enero de 2024, una vez que el nuevo Ejecutivo balear del PP apruebe los presupuestos del primer año de la legislatura, y asigne a este organismo, la pertinente dotación económica aún por concretar.

En cuanto a la estructura y el personal con el que contará este ente público, dependerá de lo que se acuerde en la comisión mixta de seguimiento del pacto integrada por miembros de Vox y PP, que se constituirá el próximo mes de septiembre.

Será ahí donde se concrete el funcionamiento de este organismo, que también contará con la función de inspección para controlar que los servicios públicos de las Islas respetan y garantizan la libertad de uso de ambas lenguas oficiales.

También tendrá a su cargo la gestión de las denuncias que los ciudadanos puedan interponer por haber visto limitado sus derechos lingüísticos, con la posibilidad añadida de emitir instrucciones y recomendaciones, para garantizar el uso de ambas lenguas de forma libre por parte de todos los ciudadanos de Baleares.

Este ente público vendrá a sustituir a la ya desaparecida Oficina de los Derechos Lingüísticos creada la pasada legislatura por el Govern de la socialista Francina Armengol, adscrita a la Conselleria de Educación, Universidad e Investigación.

Puesta en marcha en diciembre de 2020 estaba dirigida por el conseller socialista Martí March, y la directora general de Política Lingüística, Beatriu Defior (ex ERC). Su desaparición se hizo efectiva el pasado mes de julio cuando el nuevo Ejecutivo autonómico dio a conocer la estructura del nuevo Govern que liquidaba la dirección general de Política Lingüística a la que pertenecía.

PP y Vox justificaron su erradicación en el hecho de que este organismo había servido como «instrumento para la exclusión del castellano y la imposición del monolingüismo del catalán».

Los funcionarios y empleados públicos allí destinados, han pasado a realizar su trabajo en el Institut d’Estudis Balearics (IEB) dirigido por el también alcalde del PP de la localidad mallorquina de Alaró, Llorenç Perelló,  que concentrará todas las competencias en materia de promoción del catalán. Hay que tener en cuenta que la secretaría autonómica y la dirección general de Política Lingüística, han desaparecido del organigrama del nuevo Govern, y el IEB está bajo el paraguas de la Conselleria de Turismo, Cultura y Deportes que dirige Jaume Bauçà.

La nueva Oficina de Garantía de la Libertad Lingüística, por contra, que estará adscrita al Parlament balear presidido por Gabriel Le Senne  (Vox)  tendrá como misión principal «defender la libertad de uso y opción lingüística y fomentar la protección tanto del castellano como del catalán, además de las diferentes modalidades lingüísticas de las distintas Islas».

Defensa del bilingüismo, con igualdad de condiciones y derechos en el uso de las dos lenguas oficiales de Baleares que, aunque en teoría, ese era también el cometido de la creada por Armengol, en la práctica, el grueso de las denuncias tramitadas, eran por el no uso del catalán por parte de diferentes empleados públicos.

Antes de la entrada en funcionamiento de este nuevo ente público, la Cámara balear deberá aprobar su reglamento de funcionamiento que previsiblemente contará con los votos a favor de los 34 diputados (del total de 59) de PP y Vox. El propio presidente de Vox, Santiago Abascal, calificaba recientemente de «hito histórico» que su formación lograra en Baleares la creación de una oficina política de defensa de la libertad lingüística.

Algo en lo que coincide Idoia Ribas, portavoz de Vox en el Parlament, para quien se trata de «una actuación fundamental para restablecer la normalidad en el uso del castellano de forma libre en esta comunidad autónoma».

Ribas subraya que no se trata sólo de la enseñanza «donde lograremos instaurar de forma paulatina la libre elección de lengua en todas las etapas educativas, sino también para la obtención de información en ambos idiomas desde las instituciones públicas que actualmente sólo está en catalán, o en el acceso a puestos de trabajo en la Administración pública donde, hasta ahora, se vienen exigiendo títulos de catalán, discriminando así a los castellanohablantes”.