El delegado del Gobierno en funciones tilda de «inconstitucional» hablar de dictadura lingüística

El secretario de la Delegación del Gobierno y delegado en funciones, Ramón Morey, ha aprovechado su intervención en el acto del Día de la Constitución celebrado en Palma para lanzar un discurso altamente político en defensa del Gobierno de Pedro Sánchez en el que ha calificado como «inconstitucional» hablar en dictadura lingüística en Baleares. También ha cuestionado de forma velada la libertad de expresión en clara referencia a las críticas a Sánchez por sus acuerdos con los independentistas y Bildu.

Lo más llamativo, en cualquier caso, ha sido su declaración considerando inconstitucional hablar de «dictadura lingüística» en Baleares. «Ser constitucionalista es ser  conciliador», ha asegurado, para a continuación calificar como «inaceptable que se tilde de dictadura lingüística cualquier acción encaminada a fomentar el uso del catalán en Baleares».

Hay que recordar que en Baleares el pacto de izquierdas que presidía Armengol impuso el catalán todos los ámbitos de la sociedad y marginó el español.  Lo que en realidad es inconstitucional, según las diversas sentencias del Supremo y la doctrina del Tribunal Constitucional, es dar prevalencia a una de las dos lenguas oficiales, el catalán en este caso, sobre el español.

Ramón Morey ha afirmado que la Constitución es la garantía de que «España no se rompe» porque cuenta con los instrumentos para su reforma parcial o total para adaptarse a la realidad y a las necesidades derivadas de su aplicación.

Tras el nombramiento de Aina Calvo como secretaria de Estado de Igualdad, Morey ha tenido que presidir el acto institucional por el 45 aniversario de la Carta Magna en la capital balear. Ha defendido la «legitimidad de los gobiernos validados por la transparencia de los mecanismos democráticos del Estado». «Quien dude de esto, quizás esté dudando también de nuestra democracia», ha señalado en su discurso.

Morey ha añadido que ser constitucionalista es también defender el diálogo y las instituciones y ha expresado su preocupación por la conducta de quien «con su silencio, blanquea, ampara, acompaña o valida» los comportamientos violentos en el marco de las legítimas protestas.

El representante del Ejecutivo central ha instado a «desterrar de la arena pública» las expresiones que ponen en duda la calidad de la democracia española. «Convertir el ejercicio de la libertad de expresión en un tiroteo verbal contra las instituciones hace tambalear nuestra democracia».