Guerra sindical en Baleares tras el fracaso de la negociación del plus de insularidad

Guerra sindical en Baleares tras el fracaso de la negociación del plus de insularidad para 65.000 funcionarios autonómicos. Mientras CCOO, UGT, CSIF y STEI han acusado a los sindicatos de enfermeros, médicos y docentes (a los que han tildado de «clasistas») de frenar la negociación con el Govern para alcanzar un acuerdo, éstos han calificado de «completamente ridículo» que las centrales que negociaban el pacto de legislatura del sector público, los culpabilicen a ellos que no están en la Mesa de empleados públicos.

En una rueda de prensa celebrada este jueves, los primeros han responsabilizado a Satse, Simebal y ANPE de «interferir de forma ilegítima» en una negociación que llevaba cerca de año y medio en marcha.

«Tenemos conocimiento de que hay organizaciones externas a la Mesa de empleados públicos que habían presionado al Govern, que ha sucumbido a las presiones. Creo que el Govern ha cometido un error estratégico importante», ha indicado el secretario general de UGT Servicios Públicos, Miguel Ángel Romero.

Romero ha subrayado que es «radicalmente falso» que el acuerdo que estaba sobre la mesa, pendiente de «cuatro flecos», perjudicara a los colectivos de enfermeros, médicos y docentes.

En la misma línea, el secretario general de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO, Pep Ginard, ha defendido que el texto en el que estaban trabajando «mejoraba sustancialmente las condiciones de todo tipo de empleados públicos» de Baleares.

Esto se debe, ha argumentado, a que el plus de insularidad se incrementaba de forma sustancial para todos ellos, una expectativa que había sido el propio Ejecutivo autonómico quien la había puesto sobre la mesa.

«Pero las organizaciones clasistas, que defienden unos intereses de colectivos elitistas, han truncando la posibilidad de que los trabajadores vean mejoradas sus nóminas», ha dicho Ginard.

Además, ha añadido el representante de CCOO, el plus de insularidad pretende indemnizar el alto coste de la vida en el archipiélago, y eso no afecta a cuestiones como la formación o la dedicación laboral, argumento expuesto por Simebal para rechazar la equiparación para todos los funcionarios.

«Nosotros rompíamos con este concepto pensando que no tenia que haber distinciones por grupos. No está relacionado con la carga de trabajo ni los esfuerzos, eso va por otro lado. Nos preguntamos si la administración, que estaba de acuerdo con que todo el mundo cobrara lo mismo, sigue planteando una estructura clasista de esta indemnización», ha apuntado el secretario general del STEI, Miquel Gelabert.

Además de a estos tres sindicatos, Gelabert ha responsabilizado al Govern de que se suspendiera la negociación ‘sine die’. «Ayer se evidenció que la Mesa de empleados públicos está dirigida desde el Consolat de Mar», ha apuntado.

Por todo ello, las cuatro organizaciones sindicales han anunciado que, de forma progresiva, comenzarán un periodo de movilizaciones para forzar la negociación. La primera será el próximo 20 de febrero, cuando se celebrará un asamblea informativa en Mallorca para explicar a los funcionarios todas las mejoras que se han quedado en el aire tras truncarse el acuerdo.

Los sindicatos Satse (enfermería) y ANPE (enseñanza), por su parte, han señalado que los sindicatos UGT, CCOO, CSIF y STEI «han cocinado un plato que decían que estaba hecho y ahora el Govern ha dicho que quiere escuchar a todas las fuerzas sindicales para llegar a un acuerdo», ha afirmado el secretario general de Satse, Jorge Tera.

Según Tera, los cuatro sindicatos responsabilizan a Satse, ANPE y Simebal «para disculpar el hecho de haber generado unas expectativas a los empleados públicos que no eran reales» sino que, a su juicio, eran la propuesta de los sindicatos que la administración ha decidido no aceptar.

Así lo han apuntado ambos sindicatos después de que este miércoles el Ejecutivo autonómico haya aplazado sine die la negociación del pacto de legislatura del sector público que incluía, entre otras medidas, la devolución del recorte salarial del 2,9 % y la mejora de la indemnización por residencia.

Satse y ANPE defienden que el incremento de la indemnización por residencia contemple una parte fija para todos los empleados públicos y una parte que haga referencia a la categoría profesional. Lo que reclaman, ha explicado Tera, es que el plus de insularidad se adapte «a los tiempos actuales y no a los tiempos en los que se generó». «Estamos a favor del incremento pero seguramente no en la forma que lo han planteado el resto de sindicatos», ha agregado.

En esta línea, el presidente de ANPE, Víctor Villatoro, ha apuntado que entienden que el coste de la vida es igual para todos, pero que consideran que hay que tener en cuenta la categoría profesional, la formación y la responsabilidad. A su parecer, la propuesta de los cuatro sindicatos que negociaban la mejora del plus de insularidad perjudica a los colectivos docentes y sanitarios porque, según Villatoro, «son los últimos en ver alguna mejora, si es que la llegan a tener».

Igualmente, ha calificado de «acierto» la decisión del Govern y ha apostado por «resolver esta cuestión entre todos».