El Gobierno de Sánchez se desentiende del pago de los 72 millones del emisario de la nueva depuradora

El Gobierno de Pedro Sánchez se desentiende del pago de los 72 millones del emisario de la nueva depuradora, dejando el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico la financiación de su construcción, en manos del Ayuntamiento de Palma por sus competencias en materia de saneamiento y depuración, por sí solo, o con auxilio de la Comunidad Autónoma.

Se trata de una canalización capital que tiene como objetivo que cuando se produzca un vertido por lluvias torrenciales estas aguas sean arrojadas  hacia las zonas más profundas, fuera del entorno de la Bahía de Palma, y de la pradera de posidonia existente.

Tendrá una longitud de 6.655 metros: 1.685 en el tramo terrestre y 4.970 en el marino.

En estos momentos, la sociedad estatal ACUAES (Aguas de las Cuencas de España) está redactando el proyecto de construcción de este emisario terrestre y submarino de la depuradora de Palma II, con previsión de tenerlo listo el próximo mes de junio, de manera que, una vez aprobado el proyecto, se puedan licitar las obras inmediatamente después.

Así lo prevé el convenio suscrito el 22 de febrero de 2023 entre ACUAES y la empresa municipal de Palma, Emaya.  Un acuerdo que contempla una inversión de 72 millones de euros (IVA incluido) para esta infraestructura una vez que arranquen las obras de la segunda fase de la depuradora, con  dos líneas de tratamiento biológico adicionales y la ampliación de las líneas de tratamiento de fangos correspondientes.

El obsoleto emisario actual tiene un primer tramo terrestre de 1.526 metros de longitud que discurre paralelo al Torrent Gros, y uno submarino perpendicular a la costa, con una longitud de 1.172 metros.

Pero en el referido convenio de 2023, no se incluye subvención alguna en firme de la inversión necesaria para acometer las actuaciones relativas a la construcción de este nuevo emisario terrestre y submarino. Sólo se indica  al respecto, que habrá una financiación estatal de hasta el 10%, contemplando la posibilidad de una subvención del 50% a través de fondos FEDER estatales o autonómicos u otras fuentes en las que pudiera resultar elegida  esta actuación, dejando en manos de Emaya el pago de la parte del proyecto que no encuentre subvención.

Ante lo que considera una falta de compromiso claro de financiación por parte del Ministerio, el alcalde de Palma del PP, Jaime Martínez, dirigió a inicios de año una carta a la ministra socialista para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, exponiéndole la necesidad de que  ACUAES provea la financiación necesaria para culminar toda una serie de intervenciones que resultan críticas para los habitantes de Palma y de otras zonas aledañas.

En especial, porque la falta de recursos económicos impediría el cumplimiento de dicho objetivo, con las consecuentes repercusiones negativas que esto tendría sobre el medioambiente así como para poder cumplir con las exigencias de la normativa europea.

Sin embargo, en su respuesta, la ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico literalmente abandona a su suerte al Consistorio y, deja claro que la única opción es que sea el Ayuntamiento quién, «en ejecución de sus competencias de saneamiento y depuración, por sí solo o con auxilio de la Comunidad Autónoma», acometa esta inversión.

Una respuesta que para el Grupo Municipal del PP es una «flagrante falta de responsabilidad institucional por parte del Ministerio, al eludir ahora el compromiso de financiamiento que adquirió vía convenio con este Ayuntamiento y, por ende, con todos los habitantes de Palma, quienes no merecen quedarse sin una infraestructura tan crítica para su bienestar y el cuidado de la ciudad». Por todo ello, ha presentado una propuesta al próximo pleno municipal exigiendo al Gobierno de Sánchez, «proveer de la financiación necesaria para su ejecución».