La directora del instituto de Mallorca que prohíbe la bandera de España apoyó a los golpistas catalanes

La directora del colegio de Mallorca, en concreto, el Instituto de Enseñanza Secundaria (IES) público, Baltasar Porcel de Andratx, Antonina Pujol, dio su apoyo a los golpistas catalanes de la Generalitat que el 1 de octubre de 2017 organizaban un referéndum ilegal, y a finales de ese mismo mes, proclamaban la independencia de Cataluña.

En una carta remitida el 29 de octubre de 2019 junto a 120 seguidores de la causa independentista en las Islas, la mitad de ellos, docentes de primaria, secundaria y profesores universitarios, los firmantes expresaron al entonces presidente de la Generalitat, Quim Torra, al del Parlament de Cataluña, Roger Torrent, y al fugado ex presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, «nuestro profundo desasosiego, por la ilegítima y recurrente agresión que sufren los ciudadanos de Cataluña, sus libertades individuales y sus derechos colectivos», ofreciendo su «apoyo más incondicional a la lucha por la libertad y derechos humanos que protagoniza el pueblo catalán».

Tras calificar la sentencia del Tribunal Supremo que condenaba por sedición a los golpistas de la Generalitat de «plan represor para escarmentar, descabezar e inhibir el independentismo de forma duradera», la directora del instituto de Andratx junto al resto de firmantes consideraba que aquel fallo judicial, «reafirma la concepción cerrada y unívoca de los poderes del Estado, dispuestos a proteger sin miramientos el dogma de la indisoluble unidad de España».

«En estos momentos, la inaceptable realidad es la de unos representantes públicos encarcelados o exiliados por haber querido facilitar el ejercicio del derecho de los ciudadanos a decidir su futuro colectivo. Sin olvidar el sinfín de procesos judiciales abiertos por actuaciones conectadas con la celebración del referéndum del primero de octubre o con actos de contestación ciudadana, procesos que afectan a más de un millar de personas, privadas de libertad o amenazadas con serlo y /o con el patrimonio comprometido», continuaba la carta.

La misiva remitida a Torra, Torrent y Puigdemont, calificaba la forma de proceder del Estado de «actuación represiva de largo alcance, tanto desde la perspectiva temporal como subjetiva, tanto desde la perspectiva individual como general. Esto hace que las instituciones catalanas de autogobierno y los derechos fundamentales de los ciudadanos estén en precario, sometidas a la fuerza del Estado, que además podrá aplicarla sin controles ni límites».

«Al fin y al cabo», abundaban, «constatamos que la razón democrática no basta para ganar y que la verdad, es la primera derrotada en cualquier contienda desigual».

Por ello, y tras afirmar que «el pueblo catalán ha demostrado a lo largo de su historia y hasta el día de hoy un compromiso irreductible, firme y resuelto en defensa de su dignidad y libertad», la directora y sus acólitos independentistas, consideran que «es necesario encarar el futuro, con confianza en las propias capacidades, pero también con prudencia, con determinación, pero también con sabiduría».

«Por último», concluía la carta, «nos sentimos y estamos comprometidos», en lo que calificaban de «lucha por la libertad y los derechos humanos porque su permanente y progresivo cuestionamiento nos afecta a todos. Sabed que en esta lucha nos encontrará. Con nuestro soporte más incondicional».