Del 23-F al 27-O: los golpistas declaran la independencia de Cataluña en el Parlament

El Parlamento catalán ha culminado este viernes el golpe de Estado. La Cámara, con mayoría independentista, ha avalado-por 70 votos a favor, 10 en contra y dos en blanco- la propuesta de resolución presentada por Junts pel Sí y la CUP, y que supone la proclamación de una República catalana y el inicio de un proceso constituyente.

La votación ha sido secreta, a petición de los grupos impulsores, que pretendían eludir así posibles consecuencias penales. Antes de proceder al voto, la mayoría de los diputados de la oposición han abandonado sus escaños, en un escenario de enorme tensión y entre gritos de «sinvergüenzas» de los secesionistas. Además de los diputados de Junts pel Si y la CUP también han participado en la votación los 11 diputados de CSQP, que han votado en contra.  Los letrados de la Cámara habían advertido de que la resolución no podía ser tramitada ni votada, pero la Mesa, presidida por Carme Forcadell, ha ignorado esas indicaciones. Precisamente, Forcadell ha leído la propuesta de resolución de Junts pel Sí, antes de dar paso a la votación.

El texto fija un plazo de 15 días para la constitución de un «consejo asesor del proceso constituyente» y convocar elecciones constituyentes una vez finalizadas todas las fases del proceso.»Constituimos la República catalana, como Estado independiente y soberano, de derecho, democrático y social», se puede leer en el texto. La propuesta es una declaración de independencia en sí misma.

En el mismo documento, los grupos independentistas señalan que la República «es una oportunidad para corregir los actuales déficits democráticos y sociales y formar una sociedad más próspera, más justa, más segura, más sostenible y más solidaria».

Propone «la voluntad de abrir negociaciones con el Estado español, sin condiciones previas, dirigidas a establecer un régimen de colaboración en beneficio de las dos partes» y exigen que «las negociaciones deberán ser, necesariamente, en pie de igualdad».

Además, insta a «promulgar los decretos necesarios para la expedición a la ciudadanía catalana de documentación acreditativa de la nacionalidad catalana», «establecer la regulación del proceso para la adquisición de la nacionalidad catalana» e «impulsar un tratado de doble nacionalidad con el Gobierno de España».

Asimismo, exige «dictar las disposiciones necesarias para la adaptación, modificación y aplicación del derecho local, autonómico y estatal con la entrada en vigor de la Ley de transitoriedad jurídica y fundacional de la república» y «dictar los decretos precisos para la recuperación de las normas anteriores a las suspensiones o anulaciones llevadas a cabo por el Tribunal Constitucional y por el resto de tribunales»

Entre otros, el texto pide «promover, ante todos los estados e instituciones, el reconocimiento de la República Catalana» y «establecer el régimen de integración de los funcionarios que trabajan para el Gobierno que prestaban servicios en la administración general catalana, administración local, universidades, administración de justicia, administración institucional o funcionarios catalanes que presenten servicios fuera de Cataluña».

Se insta a «adoptar medidas necesarias para el ejercicio de la autoridad fiscal, la seguridad social, aduanera y catastral en el periodo de traspaso entre administraciones para asegurar el servicio público», «promover actuaciones legislativas para la creación del Banco de Cataluña con las funciones de banco central, que ha de velar por la estabilidad del sistema financiero» y «abrir un periodo de negociaciones con el Estado español para determinar la sucesión del estado catalán mediante un acuerdo en derechos y obligaciones de carácter económico asumidos por el reino de España».

La oposición ha arremetido contra la propuesta y la decisión ilegal del gobierno catalán. El portavoz de Ciudadanos, Carlos Carrizosa, ha reprochado a las autoridades golpistas por dejar a los catalanes «huérfanos de gobierno». «Van a pasar a la Historia por haber arruinado a la sociedad catalana», ha dicho.

Desde el PP, su portavoz Alejandro Fernández ha considerado que es «un día negro para nuestra democracia». Catalunya Sí que es Pot ha insistido en el referéndum pactado, pero también ha atacado al Gobierno español por la aplicación del 155.

Entre tanto, los independentistas han defendido la independencia con argumentos como evitar «una de las facturas más caras de la luz».