Puigdemont diseña un Govern paralelo para la construcción de la República

Carles Puigdemont ha escuchado en las últimas horas la petición de varios miembros de su Govern y representantes de las organizaciones independentistas para burlar la aplicación del artículo 155 mediante la construcción de instituciones propias.

Es el caso de la Asamblea de Cargos Electos, una suerte de Parlamento paralelo formado por distintos cargos-desde alcaldes a diputados o senadores-todos ellos de sensibilidad independentista. El órgano, planteado por la CUP en 2015 y asumido por asociaciones como la ANC, tendría el encargo de seguir adelante con la construcción de la República independiente. Es decir, actuaría en definitiva a modo de un auténtico gobierno en la sombra. Sería el plan B que se activaría cuando los actuales representantes del gobierno catalán sean inhabilitados tras la declaración unilateral de independencia.

El propio líder de la ANC, Jordi Sánchez-en prisión imputado por sedición-ha considerado este mismo jueves que «es la hora» de poner en marcha esta Asamblea, que recoja el testigo del actual gobierno autonómico para culminar la hoja de ruta rupturista.

Junto con la destitución del presidente autonómico y su gobierno, la aplicación del artículo 155 contempla un importante recorte de las atribuciones del Parlament, que, aunque se mantendrá activo hasta la convocatoria de elecciones, quedará prácticamente desposeído de sus funciones.

Así, el Ejecutivo tendrá derecho de veto sobre cualquier iniciativa que se vote en la Cámara. Podrá impulsar leyes, pero todas las propuestas deberán ajustarse a la Constitución y al Estatuto de Autonomía. La presidenta, Carme Forcadell, no podrá proponer candidatos, ni celebrarse sesiones de investidura. No habrá control a las autoridades que, en su caso, el Ejecutivo designe para ejercer el control en Cataluña. En definitiva, su papel resultará más bien simbólico que práctico: la tramitación de cualquier iniciativa tendrá que pasar, además, por la aprobación de la autoridad gubernamental, que dispondrá de un plazo de un mes para manifestar su conformidad.

Ello implica que la mayoría independentista en la Cámara perderá todo margen de maniobra una vez el Gobierno active la aplicación definitiva del 155. La Asamblea de Electos de Cataluña se convertiría entonces en el órgano central para culminar la independencia.

En abril, la asamblea de la ANC ya insistió en la importancia de esta figura para sortear los obstáculos que pudieran derivarse de la marcha del procés. En caso de inhabilitaciones, se precisaba, éste asumiría «la máxima representación legítima, soberana e institucional de Cataluña». En la misma asamblea, Sánchez avanzó una movilización permanente para presionar a las autoridades independentistas para la celebración del referéndum y la consecución de la República catalana.

Tras un día caótico, durante el que se dio por segura la convocatoria de elecciones, el Parlament podría proceder, mañana viernes, a votar la independencia.

Puigdemont dejó esa decisión en manos de la Cámara, de mayoría secesionista.  «Corresponde al Parlament proceder a lo que la mayoría determine», avisó, en una declaración institucional desde el Palau, aplazada durante toda la mañana.

El portavoz de Junts pel Sí, Lluís Corominas, anunció después, en el pleno monográfico en el Parlament, que su grupo propondrá seguir adelante con el «mandato» del 1-O. Es decir, previsiblemente, que se vote la independencia, pese a que varios diputados, incluso la presidenta Carme Forcadell, recelan de la votación por sus consecuencias penales.

«Pedimos que el Parlament rechace el artículo 155 por esta agresión sin precedentes al pueblo de Cataluña y que nuestra respuesta sea cumplir el mandato de la resolución del 1-O e iniciar un proceso constituyente», precisó Corominas.

Cada grupo podrá presentar en el Pleno hasta tres propuestas de resolución. Y es en una de ellas, en la que podría incluirse finalmente la independencia.