Constructores de Menorca denuncian el retraso de hasta tres años en licencias de obra y el exceso de burocracia

El retraso en la concesión de licencias de obra en toda Baleares está suponiendo un notable varapalo para constructores y trabajadores del sector que ven como el plazo medio mínimo de dos años no hay quien lo aminore. En el caso de Menorca o la propia Palma, ese tiempo incluso se supera, y en ayuntamientos menorquines como el de Ciudadela, puede ser de hasta casi tres años el tiempo que pasa entre la presentación de un expediente urbanístico hasta su autorización final.

Un varapalo más para los profesionales del ladrillo en una isla como Menorca, donde el gobierno de coalición de socialistas e independentistas de Més en 2020 aprobó un decreto que impide construir en suelo rústico y donde sólo está permitida la rehabilitación de viviendas ya existentes. Todo esto en línea con las propuestas y demandas más radicales de organizaciones ecologistas como el Gob.

Fue un decreto que protegió 400 hectáreas en suelo urbanizable, 200 de falsos urbanos, más 51.760 hectáreas en suelo rústico en las que no se puede construir.

Un modelo que los independentistas de Més con el aplauso del Gob quieren trasladar la próxima legislatura a Mallorca en caso de reeditar la coalición de gobierno con socialistas y Podemos y que no se puedan construir en zonas rurales, chalés, agroturismos y hoteles, pasando así a la prohibición total de nuevas construcciones en suelo rústico. Y ello, pese al notable déficit de viviendas que existe en Baleares convertida ya en un artículo de lujo inalcanzable para la mayoría de residentes en la comunidad con el mercado inmobiliario más caro de España .

Un golpe letal final, además, para los casi desaparecidos agricultores de las Islas que no podrían destinar sus propiedades a otros usos que no fueran las vinculados con el sector primario, dado que no podrían rediseñarse estas propiedades para su uso residencial. Una pérdida patrimonial y económica de notable envergadura para miles de pequeños propietarios.

En el caso de Menorca hay que unir a esta protección total la desesperación que para muchos propietarios y promotores está suponiendo la tardanza en la aprobación por diferentes ayuntamiento de sus proyectos de rehabilitación de posesiones y casas rurales.

De hecho, hay empresarios que denuncian que hay promotores privilegiados que guardan excelentes relaciones con los ecologistas del Gob «no ya para no tener problemas con ellos, sino para intentar agilizar la tramitación de sus proyectos», y lograr el visto bueno del gobierno insular de coalición de socialistas y Més, dada la influencia de la citada entidad con estas dos formaciones.

Hay que recordar a este respecto la petición insólita de los independentistas de Més a Pedro Sánchez, logrando que el Gobierno central concediera a dedo 200.000 euros al Gob a cambio de que el único senador que tiene la formación apoyara los Presupuestos Generales del Estado de 2023, si bien no hacía falta su voto favorable para que las cuentas salieran adelante.

Hay quienes sostienen que, ante este panorama, no son pocos los promotores que optan por comprar toda su jardinería en el vivero de plantas que la organización ecologista tiene en la Isla a fin de intentar obtener su apoyo, o al menos, suavizar las críticas de éstos en proyectos de compleja tramitación administrativa por los despachos de ayuntamientos y del propio Consell de Menorca.