El Ayuntamiento de Palma mantiene las multas de 750 euros a los caravanistas y ve legítimas sus protestas

El Ayuntamiento de Palma mantiene las multas de entre 750 y 1.500 euros a los caravanistas y ve legítimas sus protestas contra la nueva ordenanza cívica, como la manifestación convocada para el próximo sábado día 11 entre las 10.00 y las 12.00 horas en la plaza de Cort.

La portavoz del gobierno municipal del PP, Mercedes Celeste, ha calificado como «legítimas» estas protestas convocadas por el colectivo de autocaravanas, aunque ha defendido también la futura ordenanza cívica del Consistorio, que aún no ha sido aprobada, ni está por tanto está en vigor.

Así ha respondido Celeste en rueda de prensa a las preguntas formuladas al respecto por los medios de comunicación, insistiendo en que la concentración organizada el sábado es «vista por este gobierno con el máximo respeto», pero el Consistorio tiene «la responsabilidad de velar por los ciudadanos».

En cuanto a la dificultad para el acceso a la vivienda por parte de los caravanistas, ha comentado que pueden acudir a las ayudas sociales disponibles en el Ayuntamiento, el Consell de Mallorca o el Govern, ya que, según ha dicho, «se les abre un expediente y se les ayuda en todo aquello que sea posible».

La nueva ordenanza cívica, ahora en trámite de exposición pública, establece en el artículo 73 que «no se pueden estacionar caravanas desenganchadas de su vehículo tractor. Las autocaravanas y las caravanas arrastradas no pueden acampar en el término municipal, salvo en las zonas expresamente habilitadas y señalizadas por el Ayuntamiento». Además prohíbe estacionar «durante más de 10 días consecutivos en el mismo lugar, tal como prevé la ordenanza municipal de circulación».

Según el texto de la nueva normativa, que aún debe pasar por el pleno municipal, se entiende que el vehículo está acampado y, por lo tanto, infringe este artículo «cuando los ocupantes permanecen en el interior o llevan a cabo actividades que denotan un uso diferente al de estacionamiento, como por ejemplo dormir, comer, beber, guardar objetos, etcétera».

Además mediante decreto la autoridad municipal puede limitar o prohibir en lugares determinados el estacionamiento de vehículos de dimensiones iguales o superiores a 5,20 metros de largo o 2,10 metros de alto, por algunos de los motivos siguientes: seguridad domiciliaria; prevenir o evitar usos impropios del espacio público o por cualquier otra situación que afecte directa y negativamente a la convivencia.

Acerca de la ordenanza cívica, Celeste ha puesto el foco en que «los ciudadanos de Palma se han cansado de aguantar el incivismo constante, han dicho basta, y lo único que pretende esta ordenanza es poner orden».

Además, ha criticado a los anteriores mandatarios y gobernantes municipales, puesto que se han encontrado tras ocho años «una laxitud absoluta», y ha considerado, por tanto, que «el método Hila-PSOE ha sido un fracaso».

«No nos presentamos a unas elecciones y cambiamos el programa al día siguiente, no somos Sánchez ni queremos serlo», ha agregado la portavoz.

No obstante, ha indicado que «todo es mejorable» y ha adelantado que, de haber enmiendas durante la exposición pública del texto, «se corregirán, y si estas correcciones no son suficientes, se harán más».

Truyol: «Ofrece soluciones policiales a problemas sociales»

En relación a la ordenanza cívica, la portavoz independentista de Més en Palma, la concejala Neus Truyol, ha expresado este miércoles su rechazo argumentando que «ofrece soluciones policiales a problemas sociales».

Después de gobernar ocho años en la capital balear con una ordenanza prácticamente similar a la nueva que está en tramitación con la diferencia del aumento del importe de las sanciones, Truyol ha afirmado que la propuesta de ordenanza «no tiene nada de cívica» sino que es una «ordenanza cínica» que reprime derechos fundamentales y ataca colectivos vulnerables en lugar de solucionar problemas sociales reales como la pobreza o la falta de vivienda.

«Es la expresión cínica de una involución democrática. Una manera de hacer política que bebe directamente del espíritu de la expresión ‘la calle es mía’, que pronunció el ministro franquista Manuel Fraga», ha añadido la portavoz.

Finalmente Truyol, acusó al PP de criminalizar a las personas pobres con su intención de multar a las personas que viven en caravanas o que piden limosna en la calle y calificó de «desmesuradas e inasumibles» las propuestas de sanciones, cuyas cuantías se incrementan y pasan de entre 50 y 600 euros a ser de entre 300 y 600 euros.