Alaró aprueba las normas que permiten legalizar edificaciones en suelo rústico y ya tramita 15 expedientes

El Ayuntamiento de Alaró ha aprobado, en el último pleno municipal, las medidas que tendrán que cumplir las edificaciones que se quieran legalizar en suelo rústico, de acuerdo con el marco de la Ley de medidas urgentes de simplificación y racionalización administrativas, y ya tramita 15 expedientes.

Esta ley, que tiene como objetivo facilitar la regularización de edificaciones en situación alegal, establece que los ayuntamientos deben definir requisitos específicos para garantizar criterios de eficiencia energética, hídrica y estética, según ha explicado el Consistorio en un comunicado.

Las medidas aprobadas en Alaró incluyen requisitos estéticos como el uso de colores tradicionales, entre los que destacan ocres, tierra y verdes, tanto para fachadas como para carpinterías. También se exige que las cubiertas inclinadas sean de teja cerámica tradicional y que se eliminen materiales obsoletos como el amianto.

En relación con la reducción de la contaminación lumínica, se prevé la sustitución de luminarias por opciones más sostenibles con temperatura de color inferior a 2300K, así como la limitación del flujo hemisférico superior de luz al 0% en suelo protegido y al 5% en la resto de categorías de suelo rústico.

Además, para fomentar la eficiencia energética, los proyectos tendrán que incorporar mejoras como sistemas de energía renovable o el aislamiento térmico de la edificación y acreditar los avances mediante certificados energéticos oficiales.

En cuanto a la eficiencia hídrica, se requerirá la instalación de depósitos para la reutilización de agua pluvial o aguas grises y el uso de dispositivos de ahorro como cisternas de media descarga o grifos con aireadores, entre otras medidas destinadas a reducir el consumo de agua.

En estos dos últimos capítulos, los de eficiencia energética e hídrica sólo se pedirá cumplir en cada caso con una de las medidas propuestas.

El alcalde de Alaró, Llorenç Perelló, ha subrayado que estas medidas ofrecen «una oportunidad» a todas las personas con construcciones en situación alegal para que puedan regularizarlas pero «siempre con el compromiso de garantizar la preservación del entorno natural y del paisaje que identifica al municipio».

En cualquier caso, el Ayuntamiento ha asegurado que promueve que se puedan acoger a estas medidas «el máximo de propietarios». Por este motivo, se ha convocado una reunión en el casal de Son Tugores este martes a partir de las 20.00 horas para explicar con detalle a todos los afectados por esta normativa y cómo beneficiarse de ella.

Construcciones ilegales en suelo rústico

El Govern balear que preside la popular Marga Prohens anunció el pasado mes de noviembre de 2024 que modificaría la normativa vigente en materia urbanística para que las construcciones irregulares en suelo rústico común prescriban una vez hayan pasado ocho años, según han explicado fuentes del Ejecutivo.

Esta normativa, que aún debe ser sometida a votación, previsiblemente el martes que viene en el pleno del Parlament, ha sido incorporada al decreto de simplificación urbanística, tras posponer su aprobación durante dos semanas.

El vicepresidente del Govern balear y conseller de Economía, Hacienda e Innovación, Antoni Costa, manifestó este miércoles que su intención es «intentar minimizar riesgos y eso no siempre quiere decir prohibir». Dirigiéndose a la oposición, Costa expresó que «asocian riesgo con prohibición. Nosotros asociamos riesgo con minimización de riesgo».

Las 30.000 viviendas en suelo rústico

En julio de 2024 se inició el procedimiento de legalización extraordinaria de edificaciones en suelo rústico que la Administración ya no puede demoler porque la infracción urbanística ha prescrito. Ahora existe la posibilidad de legalizar con carácter extraordinario estas casas en el plazo máximo de tres años.

Para la legalización de estas casas, los propietarios que se acojan al proceso deberán pagar una contribución al Ayuntamiento de entre el 10 y el 15% del valor de los construido y la obra a ejecutar. Será el 10% si la legalización se hace durante el primer año de la entrada en vigor del decreto, del 12,5% durante el segundo año y del 15% el tercer año.

El primer paso para legalizar la vivienda es presentar un proyecto técnico en el Ayuntamiento y una vez sea validado, abonar la correspondiente tasa ya mencionada de entre el 10 y 15% del valor del inmueble y de las obras a ejecutar.

El decreto establece que el propietario debe adoptar toda una serie de medidas ambientales, de eficiencia energética y de ahorro de agua. Una vez se presenta el proyecto, se validará por los técnicos municipales y entonces hay un plazo de seis meses para resolver el expediente y legalizar la casa.