Entra en vigor el decreto que permite legalizar 30.000 viviendas en el suelo rústico de Mallorca

Una vez aprobado por el Consell de Mallorca y publicado en el Boletín Oficial de Baleares (BOIB) ha entrado en vigor el decreto que permite legalizar 30.000 viviendas en suelo rústico. Se trata de un procedimiento de legalización extraordinaria de edificaciones en suelo rústico que la Administración ya no puede demoler porque la infracción urbanística ha prescrito. Ahora existe la posibilidad de legalizar con carácter extraordinario estas casas en el plazo máximo de tres años.

Son casas ques se encuentran ahora en una situación jurídica y urbanística sin salida. Ni son legales ni se pueden reformar pero tampoco se pueden demoler.

La consellera de Vivienda, Marta Vidal, en una entrevista con OKDIARIO, defiende el decreto aprobado por el Parlament y que deben ratificar los Consells Insulares. El de Mallorca ya lo ha hecho.  Marta Vidal afirma que «cuando hay una vivienda ilegal el propietario tiene un problema pero cuando hay 50.000 viviendas ilegales [se refiere a toda Baleares], el problema lo tiene la Administración».

«Son viviendas sobre las que ya no se puede actuar ni se puede aplicar ninguna medida de restablecimiento de la legalidad porque la infracción, pasados ocho años, ha prescrito», explica la consellera. Y añade: «Esto indica que la Administración no ha actuado durante esos ocho años para para corregir esa infracción».

Según Marta Vidal, «ahora tenemos miles de viviendas que están en una situación que no pueden reformarse, que están contaminando el medio ambiente, que tienen materiales como amianto y que generalmente son la primera residencia de muchas de esas personas, es su única vivienda». Ante esta situación, añade, sólo hay dos alternativas: «La alternativa de dejarlo todo como está o la alternativa de dar soluciones y nosotros somos un Gobierno que da soluciones y por esto ofrecemos una vía para que puedan legalizarse estas casas».

Las tasas para legalizar la vivienda

Para la legalización de estas casas, los propietarios que se acojan al proceso deberán pagar una contribución al Ayuntamiento de entre el 10 y el 15% del valor de los construido y la obra a ejecutar. Será el 10% si la legalización se hace durante el primer año de la entrada en vigor del decreto, del 12,5% durante el segundo año y del 15% el tercer año.

Y prosigue Vidal: «Además, el  propietario debe adoptar una serie de medidas de integración ambiental que benefician a todos. O sea, es un tema social, es un tema ambiental y es un tema de justicia porque la Administración no ha actuado».

El primer paso para legalizar la vivienda es presentar un proyecto técnico en el Ayuntamiento y una vez sea validado, abonar la correspondiente tasa ya mencionada de entre el 10 y 15% del valor del inmueble y de las obras a ejecutar.

El decreto establece que el propietario debe adoptar toda una serie de medidas ambientales, de eficiencia energética y de ahorro de agua. Una vez se presenta el proyecto, se validará por los técnicos municipales y entonces hay un plazo de seis meses para resolver el expediente y legalizar la casa.

En el decreto se han establecido unas bonificaciones para gente que tenga rentas bajas. «Queremos que el proceso para legalizar viviendas no esté dirigido sólo a las personas con más recursos económicos, sino que sea una medida a la que se pueda acoger todo el mundo», explica la consellera Marta Vidal. Y añade: «Insisto en que el beneficio no es sólo para el propietario, el beneficio es para el común de la sociedad».

Ilegales y con licencia de alquiler turístico

Las viviendas legalizadas mediante este proceso no pueden destinarse en ningún caso al alquiler vacacional, según establece el decreto. El problema ha surgido ahora cuando resulta que muchas de estas viviendas ilegales tienen licencia de alquiler vacacional. Esto sucede especialmente en los municipios de Pollença, Alcúdia y Santanyí.

La Federación Balear de Viviendas Turísticas (Febhatur) ya ha acordado con el alcalde de Pollença, Martí March, presentar una enmienda al decreto de simplificación administrativa «para mantener la legalidad de las licencias turísticas».

En un comunicado, la entidad ha indicado este lunes que el encuentro se ha producido para tratar «la problemática surgida a raíz del decreto», que afecta muy especialmente a muchas licencias de alquiler turístico de Pollença, Alcúdía y Santanyí, según han detallado.

En este sentido, el presidente de la federación, Miquel Cifre, ha lamentado que «ahora que ya está aprobada esta amnistía, se necesita solucionar un problema que no tendría que existir».

Por su parte, el alcalde Martí March ha expresado «la necesidad de garantizar la seguridad jurídica de una actividad tan arraigada en Pollença», entendiendo que «no se puede quitar una licencia totalmente legal para arreglar una ilegalidad». «Se deben poder legalizar las viviendas sin renunciar a las licencias turísticas legalmente concedidas», ha insistido.

En esta línea, tanto el Ayuntamiento como la Federación se han comprometido a trabajar de manera conjunta «para solucionar este error del decreto ley», a la vez que la federación ha abierto una ronda de contactos con los municipios más afectados por esta medida, como Alcúdia y Santanyí.

El suelo rústico de Menorca

El grupo ecologista Gob Menorca ha censurado este lunes que la aplicación de la legalización de edificios en rústico en la isla se ha votado en la Comisión Técnica Asesora «sin informe técnico ni jurídico», en una sesión que se ha tenido que suspender temporalmente y que la entidad ha calificado de «episodio accidentado».

La comisión técnica asesora en ordenación del territorio y urbanismo se reunía para pronunciarse sobre la llamada «amnistía urbanística» en Menorca. El informe favorable del órgano es el paso previo a que se apruebe en el pleno del Consell Insular.

Durante la reunión, el representante del Gob ha exigido un informe técnico o jurídico que valore los efectos de estas medidas en la isla, pero «se ha reconocido que no había ningún informe». Por ello, los ecologistas entienden que se ha pedido a los miembros de la comisión que emitieran «un voto estrictamente político», una función que no corresponde a un organismo técnico, critican desde el Gob.

El representante de los ecologistas ha argumentado en la reunión de que las infracciones en rústico no prescriben y que por tanto, la idea de legalizar obras en este tipo de suelo entraría en contradicción con normativas superiores.

En un comunicado, el Gob ha cargado contra «el intento del Govern de premiar las ilegalidades urbanísticas cometidas en suelo rústico», considerándolo «la operación especulativa más grande de la historia de la democracia en Baleares».

«En el caso de Menorca, donde se ha trabajado especialmente el control territorial, representa un insulto a toda la gente que ha hecho las cosas bien», han protestado desde el Gob.

En este contexto, la entidad advierte de que los infractores, sin cumplir los mismos parámetros que quienes han tramitado sus obras como corresponde, «obtendrían un incremento de valor espectacular de los edificios hasta ahora ilegales».

Además, entienden que «las pretendidas mejoras ambientales que el Govern pregona no son tales». «Se dice que se debe mejorar la eficiencia energética o el consumo de agua, pero sin concretar unos mínimos para evitar unos simples retoques que blanqueen el objetivo real que es la revalorización inmobiliaria», han concluido.