Las construcciones ilegales en suelo rústico de Baleares volverán a prescribir a los ocho años

El Govern balear que preside la popular Marga Prohens modificará la normativa vigente en materia urbanística para que las construcciones irregulares en suelo rústico común prescriban una vez hayan pasado ocho años, según han explicado fuentes del Ejecutivo.

Esta normativa, que aún debe ser sometida a votación, previsiblemente el martes que viene en el pleno del Parlament, ha sido incorporada al decreto de simplificación urbanística, tras posponer su aprobación durante dos semanas.

El vicepresidente del Govern balear y conseller de Economía, Hacienda e Innovación, Antoni Costa, manifestó este miércoles que su intención es «intentar minimizar riesgos y eso no siempre quiere decir prohibir». Dirigiéndose a la oposición, Costa expresó que «asocian riesgo con prohibición. Nosotros asociamos riesgo con minimización de riesgo».

«Por ejemplo, si nosotros dijimos que legalizaríamos las edificaciones en rústico, legalizamos las edificaciones en rústico. Estaba en el programa de gobierno del Partido Popular y tuvo el aval mayoritario de los ciudadanos de las Islas Baleares», incidió Costa en su intervención en la Comisión de asuntos institucionales y generales celebrada este miércoles.

Costa, además, apuntó que aunque no disponen de la cifra exacta de la cantidad de casas que se encuentran fuera de ordenación en las Islas, esa cantidad podría rondar las 30.000 viviendas ilegales. «El problema lo tiene la Administración porque algo tiene que haber fallado», expresó Costa, incidiendo en que «hay que dar una solución a cambio de mejoras y pagar lo que toca».

Las 30.000 viviendas en suelo rústico

En julio de este año se inició el procedimiento de legalización extraordinaria de edificaciones en suelo rústico que la Administración ya no puede demoler porque la infracción urbanística ha prescrito. Ahora existe la posibilidad de legalizar con carácter extraordinario estas casas en el plazo máximo de tres años.

Para la legalización de estas casas, los propietarios que se acojan al proceso deberán pagar una contribución al Ayuntamiento de entre el 10 y el 15% del valor de los construido y la obra a ejecutar. Será el 10% si la legalización se hace durante el primer año de la entrada en vigor del decreto, del 12,5% durante el segundo año y del 15% el tercer año.

El primer paso para legalizar la vivienda es presentar un proyecto técnico en el Ayuntamiento y una vez sea validado, abonar la correspondiente tasa ya mencionada de entre el 10 y 15% del valor del inmueble y de las obras a ejecutar.

El decreto establece que el propietario debe adoptar toda una serie de medidas ambientales, de eficiencia energética y de ahorro de agua. Una vez se presenta el proyecto, se validará por los técnicos municipales y entonces hay un plazo de seis meses para resolver el expediente y legalizar la casa.