102 obras públicas paralizadas en Baleares en 2022 por la negativa de Armengol de actualizar precios

Hasta un total de 102 obras públicas por valor de 96,4 millones de euros han quedado desiertas en 2022 en Baleares , por el fracaso en la aplicación por parte del Ejecutivo balear y de los ayuntamientos de las Islas, gobernados en su mayoría por la coalición de socialistas, independentistas de Més y Podemos, de los decretos nacional y autonómico de revisión excepcional de precios, para hacer frente a la inflación y al sobrecoste de los materiales de obra.

Si no se ejecutan, el Govern perderá los fondos europeos Next Generation asignados con los que iban a financiarse estos proyectos que, por ahora, están en la estacada.

Así lo asegura la Asociación de Constructores de Baleares (ACB) que esta misma semana acusaba a la presidenta socialista del Govern balear, Francina Armengol, de poner el sector contra las cuerdas al rechazar la mayoría de actualizaciones de precios presentadas por las empresas.

De hecho todas las solicitudes presentadas por los empresarios de la construcción para acogerse al decreto autonómico de actualización de precios, un total de 52, o ni tan siquiera han sido tramitadas (88%) o se han rechazado (12%), calificando además los afectados de «indignante» la negativa de los Ayuntamientos a aplicar el decreto autonómico. Se ha llegado a dar incluso el caso de que, algunos de ellos, han alegado que no pueden tramitar las solicitudes al no haberse adherido a los decretos, cuando según la ley, están obligados a ello.

Los constructores lamentan que el Estado tumbara el decreto balear de revisión de precios de las obras públicas, dejando centenares de obras sin compensación, porque ya estaban excluidas del decreto estatal.

«La aplicación del decreto balear ha resultado un fracaso, llevando a una delicada situación a las constructoras que han sufragado de su bolsillo injustamente los incrementos de precios».

Los constructores advierten que el Real Decreto estatal 3/2022 caduca en marzo por lo que la Confederación Nacional de la Construcción, ya ha reclamado al Gobierno de Pedro Sánchez que lo prorrogue y mejore, incluyendo la mano de obra, la energía y los contratos de conservación y mantenimiento, servicios, concesiones, etcétera.

También exigen que sea eliminado el umbral de acceso a la revisión del 5% y el límite del 20% en el cálculo de la misma.

Para el sector, la revisión de precios debería incluirse como un sistema estable dentro de la ley de Contratos del Sector Público porque, en caso de que no se prorrogue la revisión excepcional de precios, los empresarios aseguran que la acumulación de licitaciones desiertas irá en aumento.

Como única nota positiva los constructores destacan el compromiso que, desde el primer momento ha mostrado el Instituto Balear de la Vivienda (Ibavi) y su responsabilidad con las empresas. De 18 solicitudes presentadas a este organismo autonómicos, 16 se han resuelto favorablemente y sólo dos están todavía sin respuesta.

«Es un claro ejemplo para los demás organismos de contratación de que las cosas se pueden hacer correctamente si hay voluntad para ello. Si no fuera por el Ibavi, hablaríamos de un fracaso absoluto de la revisión de precios», aseguran desde la dirección de la entidad.