Armengol incumple el decreto sobre precios de obra y pone al borde del abismo a los constructores

La presidenta socialista del Govern balear, Francina Armengol, está poniendo contra las cuerdas a los constructores de las Islas al rechazar la mayoría de actualizaciones de precios. En concreto, son el 84% de las solicitudes presentadas para obras públicas adjudicadas antes de que en 2022 se disparara la inflación y el sobrecoste de los materiales de obra, llevando a las empresas al borde del abismo y a un callejón sin salida, al tener que asumir este déficit en su cuenta de resultados.

La Asociación de Constructores de Baleares ha calificado en un comunicado como «fracaso» la aplicación por parte del Ejecutivo balear y de los ayuntamientos de las Islas -la mayor parte gobernados por la coalición de socialistas, independentistas de Més y Podemos- de los decretos nacional y autonómico de revisión excepcional de precios en obra pública, ya que el 84% de las solicitudes han sido ignoradas o rechazadas por parte de las administraciones.

De hecho, se han presentado 131 reclamaciones ante 43 órganos de contratación, de las que 98 no habrían obtenido ni tan siquiera respuesta, «lo que supone, de facto, por el silenció negativo de la administración, su rechazo, sin ni siquiera haber sido tramitadas», lamentó la entidad empresarial. A este respecto, precisan que todas las solicitudes presentadas por el decreto autonómico, 52, no han sido tramitadas (88%) o se han rechazado (12%).

A su vez los empresarios de la construcción tildan de «indigna» la actitud de los ayuntamientos por su «nula solidaridad y empatía con los sobrecostes asumidos injustamente por las empresas por un aumento del precio de los materiales no reflejado en los contratos». Basta indicar que el 100% de las solicitudes no han obtenido respuesta (89%) o han sido rechazadas (11%).

«Todas las buenas palabras y compromisos adquiridos a finales del año pasado por parte de la Federación balear de Municipios y de algunos de los principales consistorios de las Islas han quedado en nada, dejando a las empresas a su suerte».

«No entendemos cómo los políticos pueden declarar públicamente estar al lado de las empresas y después no querer aplicar las revisiones y compensaciones a las que tienen derecho las empresas legítimamente. Algunos consistorios, incluso, han alegado que no pueden tramitar las solicitudes al no haberse adherido a los decretos cuando según la ley están obligados a ello».

Sumando las cantidades de las solicitudes sin respuesta y rechazadas, las pérdidas de las empresas superan los seis millones de euros, «dinero que va a parar directamente en el negativo de la cuenta de resultados de forma totalmente injusta, porque obliga a la constructora a tener que asumir unos sobrecostes que el propio decreto estatal en su exposición de motivos afirma que altera el equilibrio del contrato».

Un escenario temerario para los afectados porque, como precisan, el precio del diésel está volviendo a subir y «además las constructoras no se pueden ya beneficiar del descuento de 20 céntimos del Estado, a pesar de hacer un uso intensivo de camiones y maquinaria, un golpe más a los gastos de las empresas que no se está viendo compensado».

Todo ello, como exponen en el comunicado, «por un encarecimiento extraordinario de los precios de los materiales que excede lo incluido en el riesgo del empresario. Esta actitud insolidaria de los ayuntamientos y otras administraciones obligará a las contratistas a «convertir todas las reclamaciones en demandas en los juzgados para poder obtener el reequilibrio económico de los contratos recogido en la Ley de Contratación del Sector Público».