El ex director del ‘centro del horror’ de Ateca reconoce que contrató personal marroquí sin titulación

Daniel Urbina es el ex director del centro de acogida de menores de Ateca (Zaragoza) que ha hecho saltar las alarmas por las recientes denuncias de casos de abuso a los residentes de centro por parte del personal. Urbina admitió que en el momento en que el centro comenzó a traer menas conflictivos de otras partes de España para llenar las plazas vacantes, contrató conscientemente a personal extranjero no cualificado por el simple hecho de hablar árabe. El ex director del centro reconoció este hecho en una entrevista inédita realizada por una estudiante de máster de la Universidad de Zaragoza y a la ha tenido acceso OKDIARIO.

Este personal extranjero sin cualificación ni titulación habría suplido así a los auxiliares para estos jóvenes internos con problemas de conducta que requieren unas terapias específicas a fin de reintegrarse en la sociedad. Estas contrataciones se dieron casi desde que se inició la actividad del centro, supuestamente especializado en este tipo de «servicios asistenciales» por parte de la Fundación Salud y Comunidad y el Grupo Lagunduz, que presumen de «gran experiencia» así como de «la confianza de diferentes clientes públicos y privados que avalan» su trayectoria.

Daniel Urbina y la ONG

Se trata del testimonio de Daniel Urbina, el antecesor del director actual, Iván Rodríguez, quien lleva una semana en prisión provisional en la cárcel de Zuera, como posible autor de delitos cometidos contra la integridad moral, torturas y lesiones infringidos a menores residentes en el centro, además de pertenencia a grupo criminal.

Iván Rodríguez llegó al centro de acogida de menores de Ateca en verano de 2023. Previamente el director había sido Daniel Urbina. Un psicólogo que llevaba seis años en este puesto, tal y como relata en su propia web personal: «Di un paso más en el desarrollo de mi carrera profesional y empecé a trabajar como director de un centro especializado de apoyo intensivo para personas menores de edad que presentaban conductas disruptivas o disociables recurrentes y con escaso o nulo apoyo familiar, gestionado por la Fundación Salud y Comunidad en la Comunidad de Aragón».

Un puesto que dejó hace un año, cuando la Fundación premió su dirección en el centro de menores de Ateca, dandole «un nuevo salto» en su carrera, tal y como relata, marchando a Barcelona para ser el responsable de evaluación e investigación de la ONG.

Menas en el centro de Ateca desde 2018

Según ha podido conocer OKDIARIO, la llegada de menores extranjeros no acompañados procedentes en su mayoría de Marruecos desde finales de 2018, hizo que el que fuera director del centro hasta 2023, comenzara a buscar otros perfiles de contratación para hacer frente a la problemática principal del idioma, tal y como reconoce el mismo. «Tuvimos que incorporar a profesionales de origen marroquí, con sus pros y sus contras», explica Daniel Urbina en la entrevista que transcribimos de 2021, «a nivel formativo es más limitado, se les ha tenido que ir formando un poco sobre la marcha, y cogiendo experiencia».

Precisamente, son conocidas las graves consecuencias que ocasiona que estos jóvenes recién llegados a España no hablen nada o prácticamente nada de español, una situación que imposibilita cualquier terapia e inserción sin unos medios específicos.

Este sería el motivo aparente por el cual tanto Mohamed B., Youssef B., Abdelilah A. y Alexandru R. A., que se encuentran en prisión provisional y sin fianza como presuntos autores de delitos de agresión sexual a una residente, pudieron entrar a formar parte de la plantilla de este centro del horror, aunque dos de ellos fueran auxiliares sin titulación ni cualificación.

«Los cogen por árabes»

El escándalo de abusos, torturas y vejaciones en el centro de acogida mixto de menores en Ateca en Zaragoza ha puesto al descubierto la situación real que está sucediendo en la mayoría de este tipo de centros en el país.

En estos se acogen a menas afectados supuestamente por un problema de salud mental, sin ningún vínculo familiar, junto con otros niños y niñas (en el caso de Ateca, la Fundación Salud y Comunidad, tal y como expresa en su web, puede acoger niños de 6 años en adelante) con otro tipo de aparentes cuadros psicológicos o familiares, que en el caso de Ateca habrían sufrido presuntamente vejaciones, torturas e incluso agresiones sexuales, por personal que fue seleccionado exclusivamente por hablar árabe o rumano. Sin ningún tipo de preparación para afrontar problemáticas de salud mental.

Un hecho que corrobora las declaraciones de la propia psiquiatra del centro que, en 2021, en una entrevista también inédita a la que OKDIARIO ha tenido acceso, reconoció que «muchas veces a los árabes los cogen porque son árabes, no porque tengan una formación específica». «Tendrían que tener una formación en menores no acompañados y luego en salud mental, porque yo veo que tienen poco manejo», añadió.

La ONG presumía de ser especializada

Sin embargo, el centro privado de Ateca que puso en marcha la Fundación Salud y Comunidad con el grupo Lagunduz, aseguraba estar especializado en terapia para menores problemáticos y su reinserción. Un centro que desde la semana pasada está cerrado provisionalmente por orden de la jueza que instruye el caso, Aida Ramírez, ante «los indicios suficientes de criminalidad».

La jueza consideró así mismo que los cinco detenidos pueden ser los autores de delitos cometidos contra la integridad moral, torturas, lesiones y pertenencia a grupo criminal infringidos a menores residentes en el centro. Todos ellos, salvo el director, eran extranjeros. Tres de origen marroquí y uno de procedencia rumana. Estos cuatro extranjeros además podrían ser autores de delitos de agresión sexual a una menor, según la jueza, tras escuchar los desgarradores testimonios de dos internos que denunciaron los hechos ante la Guardia Civil y el Justiciazgo de Aragón.

En estos testimonios, uno de los menores manifestó, que «le obligaron a estar de pie injustificadamente durante horas con los brazos en alto, que no ingirió alimento durante días y que llegó a defecarse encima por miedo, sin que le permitieran cambiarse ni asearse; continuando el detenido Mohamed con dichos castigos entre semana, debido a la distribución por turnos entre el personal del centro». La otra menor, una joven de 17 años, expresó que «desde su llegada al centro en el año 2021, la insultaban y le decían comentarios de carácter sexual acerca de su madre, la agredían injustificadamente mediante bofetadas, empujones y contenciones desproporcionadas y, le quemaban cigarrillos en los brazos y en las piernas, pudiéndose apreciar directamente por esta juzgadora que la menor tiene diversas marcas por quemaduras de cigarrillos a lo largo de sus brazos», además de episodios de abuso psicológico y sexual.

La llegada de los menas al centro de Ateca

En un principio, la ONG no habría abierto este centro de acogida de menores para convertirlo en un centro de menas encubierto. Según declaraciones de Daniel Urbina, los menas llegaron un año más tarde de haber abierto el centro. Al principio, en septiembre de 2017, cuando se abre el centro y empieza a recibir menores, la plantilla estába «muy ajustada de acuerdo a los pliegos de condiciones, pero claro a nivel formativo, a nivel de experiencia es totalmente diferente».

Sin embargo, según relata, llegaron «cuatro chavales» que marcaron unos inicios «muy complicados»: «Al final terminó como terminó, con motines, se quemó el centro, bueno hubo aquí un conflicto bastante gordo. A partir de aquí se pasa a un periodo donde hay una rotación de personal brutal».

Menas para cubrir las plazas de Ateca

Así mismo, en 2019, las 20 plazas marcadas en el acuerdo con Aragón no se cubrían, pues sólo había 15 menores en ese momento, por lo que empezarán a «entrar menores inmigrantes» como solución para que el centro fuera económicamente viable, hasta el punto que en torno a un 50% de los internos eran menas: «El centro no se sustenta con esos 15 niños, entonces empezamos a recibir chavales de la Diputación de Vizcaya, Diputación de Guipúzcoa, y especialmente estas dos lo que nos mandas son migrantes. No nos mandan por migrante, sino por trastorno de conducta».

Sin embargo, desde este tipo de instituciones tratarían de obviar que el hecho que motiva esta inclusión en este tipo de centros es económico, pese a no disponer de medios para tratar adecuadamente a menores que no hablan español y ni tan siquiera están escolarizados en su mayoría por el mismo motivo. Supone una diferencia clara con el resto de menores que la Justicia, o bien sus propios padres, entregan a estos centros para que puedan recibir una terapia de bienestar.

«Evitar el gueto»

¿Con qué pretexto acogen menas que no hablan español en centros de terapia de salud mental donde algunos jóvenes llegan por la propia voluntad de sus padres para «darles un futuro mejor», como lamentan las propias madres de los menores abusados?

El argumento que sostienen es el de «evitar el gueto». «Es un perfil nuevo que a mí me molaba», añade Urbina, «me parecía un reto chulo entender la patología». Algo que contrastará con los últimos movimientos de esta ONG que, por ejemplo, ha abierto recientemente un centro exclusivo para menas en un palacete de Vizcaya, desde donde se trasladaría a los «más conflictivos» a centros especializados, como el de Ateca.

Como el mismo Urbina reconoció, es la pescadilla que se muerde la cola: «Es verdad que tienen educadores de origen marroquí. Tenemos un grueso de auxiliares que son de origen marroquí y son con los que se genera a priori mayor vinculación. Eso es cierto. Y también es cierto que ellos se relacionan más entre los chavales de origen marroquí».

No cumple con el convenio

La pregunta que cabe hacerse llegados a esta situación es… ¿Pero acaso los educadores sociales no tienen que tener titulación y los auxiliares también deben estar capacitados como integradores sociales?

Así es. Y precisamente es lo que exige el convenio del Instituto Aragonés de Servicios Sociales (IASS). Algo que el IASS volvió a recordar dado que en los expedientes administrativos que rigen los acuerdos de prestación de servicios con entidades sociales, éstas deben hacer constar la declaración jurada de la cualificación del personal que trabajan en ellas.

Un hecho del que sería plenamente consciente el ex director del centro hace años, pese a no cumplirlo: «Lo que dice el convenio es que los educadores tienen que ser educadores sociales y los auxiliares, integradores sociales. ¿Vale? Pero no hay tantos educadores sociales ni integradores sociales».

En este sentido, las funciones del trabajador social, así como del mediador intercultural, que sí que tienen a disposición los centros especializados para menas, decidieron suplirlo con personas sin titulación ni cualificación que el propio centro formaría, a través de titulaciones costeadas en parte por el propio trabajador, como de «monitor de ocio y tiempo libre», para que «tuvieran un título dentro del grupo profesional de auxiliar técnico educativo».

«Mmm.. ante la realidad de que de pronto empiezan a llegar chavales migrantes al centro, pues nosotros buscamos una adaptación a esa realidad a través de contratar auxiliares que sean de origen marroquí. Pero entonces tenemos el handicap de la formación», señala.

El Instituto Aragonés de Servicios Sociales

El Colegio Profesional de Educadoras y Educadores Sociales de Aragón (CEES Aragón), ha denunciado estos hechos en un comunicado, donde han señalado precisamente como responsable al Instituto Aragonés de Servicios Sociales (IASS), por «la insuficiente falta de control y supervisión» de «los conciertos con las entidades privadas, pliegos en los que se incumplen demasiadas veces, algunas de las condiciones que la propia administración marca, prestaciones laborales, protocolos de actuación o titulaciones de profesionales, entre otras».

Por otro lado, este colegio profesional ha reiterado que «todos los sistemas de protección y reforma de la Comunidad Autónoma deberían ser de carácter público, obviando las externalizaciones con entidades privadas, pues el objeto de intervención son la infancia más vulnerable y las familias», así como exige la «colegiación obligatoria», como «marca la legislación aragonesa». En estos momentos está estudiando personarse también como acusación particular en la causa conta el centro de Ateca.