Aragón irá al Constitucional con dos recursos por la Amnistía: el del Ejecutivo y el de las Cortes

Aragón está preparando toda la artillería que tiene a su disposición para hacer frente jurídicamente a la Ley de Amnistía. Y el cronómetro ha echado a andar, teniendo en cuenta que el plazo para interponer un recurso ante el Tribunal Constitucional es de tres meses a partir de la publicación de este martes en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

Por un lado, las Cortes de Aragón darán luz verde a la elaboración del recurso contra la amnistía ante el Tribunal Constitucional el próximo 28 de junio. Lo que significa que se convertirá muy probablemente en el primer parlamento autonómico de España en ponerse manos a la obra para hacer frente a la recién aprobada Ley de Amnistía, incluso antes que la Comunidad de Madrid.

El recurso por parte de las Cortes aragonesas se empezará a elaborar a raíz del mandato del pleno, teniendo en cuenta que los servicios jurídicos tienen hasta el 11 de septiembre para formalizarlo ante el Tribunal Constitucional. Una fecha ya de por sí significativa para el imaginario colectivo de la sociedad, vinculado al trágico 11S.

Las Cortes de Aragón contarán con ventaja, pues ya disponen del informe jurídico previo sobre la constitucionalidad de la ley de la amnistía. Un informe que fue solicitado por el grupo popular en las Cortes a comienzos del mes pasado, antes de que se aprobara incluso el texto final en el Pleno del Congreso de los Diputados, el 30 de mayo.

Dicho informe será una de las piezas claves para «agilizar todo el proceso de elaboración de dicho recurso», señalan fuentes próximas a las Cortes de Aragón. Si bien nadie se aventura a dar una fecha aproximada de cuándo el parlamento autonómico tendrá listo el recurso, aunque advierten que será «pronto», precisamente porque se tiene «el trabajo muy adelantado gracias al informe jurídico».

Recurso de PP y Vox en Aragón

Eso sí, en Aragón, el que primero presentará el recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional será el Ejecutivo del bipartito, PP y Vox, teniendo en cuenta que fue el presidente aragonés, Jorge Azcón, el primer presidente autonómico que planteó la posibilidad, amparándose en el «principio de igualdad» de todos los españoles.

Ya en noviembre, el Ejecutivo de Azcón se puso en marcha un grupo de trabajo, capitaneado por el vicepresidente primero y consejero de Despoblación, Justicia y Vertebración Territorial, Alejandro Nolasco, junto con la consejera de Presidencia, Tomasa Hernández; e integrado por Juan Pérez Más, secretario general de Presidencia del Gobierno; Luis Biendicho, secretario general técnico de Agricultura; y Esperanza Puertas, directora general de Servicios Jurídicos del Gobierno de Aragón. Una clara disposición de ambos socios de Gobierno en defender unidos a todos los aragoneses y de servir como un «dique de contención» de las políticas de Sánchez.

De la misma manera que han hecho las Cortes de Aragón, el Ejecutivo aragonés también solicitó un informe al Consejo Consultivo de Aragón sobre la legitimidad de interponer un recurso de inconstitucionalidad, y que se dio a conocer el dictamen favorable el pasado 14 de mayo, precisamente el mismo día en que el Senado votaba la tramitación de la Amnistía.

El anuncio del recurso por parte de Aragón contra la amnistía se produjo tras haber conocido el «demoledor» informe de los servicios jurídicos del Consejo Consultivo.

El Gobierno de Aragón animó a otras comunidades a consultar dicho informe, con la intención de que pueda servirles de base para futuros recursos. Puesto que tal y como indica el dictamen: «No hay duda de que el proceso independentista catalán, al que se refiere la proposición de ley, ha tenido y tiene efectos sobre el resto de comunidades autónomas y afecta a la solidaridad entre todas ellas».

Lo cierto es que en dicho dictamen de 38 páginas se explica de forma detallada el camino por el cual se ha ido tejiendo la instrumentalización partidista por parte del PSOE de Sánchez de la Ley de Amnistía, con el único fin de alcanzar el poder, con los apoyos de los secesionistas.

«La amnistía no es una necesidad social reclamada desde el interés general de la sociedad española, ni con el objetivo de una supuesta reconciliación en Cataluña, sino una condición impuesta por partidos independentistas catalanes en beneficio de sus líderes y a cambio de la investidura del actual Gobierno del Estado», expresa el informe.

El recurso de las Cortes

Por su parte, la aprobación de la elaboración del recurso de amnistía en las Cortes será acordado con los votos de PP y Vox en las Cortes de Aragón. También lo apoyarán previsiblemente el Partido Aragonés (PAR) y Teruel Existe. En el aire está qué decisión tomará el PSOE, después de que su líder en Aragón, Javier Lambán, secretario general del partido a nivel regional, se ausentara en el Senado el día de su tramitación. Un hecho por el que el PSOE todavía estudia si multarle tras haberle abierto un expediente por romper la disciplina de partido.

Por lo pronto, todos los grupos parlamentarios han fijado el próximo 28 de junio la convocatoria de un Pleno específico para acordar interponer este recurso ante la petición del PP y Vox, que estima que «el conjunto de la Ley Orgánica es inconstitucional porque la amnistía no se encuentra prevista expresamente en la Carta Magna y sólo podría aprobarse previa la reforma de ésta».

«Durante su tramitación se han cometido infracciones del procedimiento legislativo de tal magnitud que han alterado el proceso de formación de la voluntad en las Cámaras con vulneración del art. 23 de la Constitución Española, además de haberse privado a los ciudadanos aragoneses de pronunciarse en el oportuno referéndum de la que debería haber sido, en su caso, una propuesta de reforma de la Constitución, vulneración, por tanto, de sus artículos 167 y 168», señalan ambos partidos.

Sin duda, la estrategia conjunta del PP y Vox tendrá como consecuencia un escenario muy controvertido para el PSOE en Aragón, que en estos momentos se encuentra escindido entre un ala abiertamente sanchista en la provincia de Huesca, y otra fiel al todavía barón de la comunidad, Javier Lambán y, por ende, a sus postulados firmes en defensa de la unidad de España. El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, también ha iniciado los trámites para presentar un posible recurso contra la Ley de Amnistía.