Aragón deroga la Ley de Memoria Democrática: «Imponía un relato oficial»

Aragón ha puesto fin a la Ley de Memoria Democrática. El mes de febrero comienza con fuerza en la comunidad dando cumplimiento a uno de los puntos del acuerdo programático entre PP y Vox.

Este jueves, la Ley de Memoria Democrática que entró en vigor el 22 de febrero de 2019, ha sido derogada con los votos favorables de los socios de Gobierno, y un aluvión de críticas de la oposición, que no comparten que el texto podía llegar a «sembrar la división y la confrontación entre los aragoneses sobre una tragedia fratricida mediante la imposición de un relato ideológico de parte», según reza la Ley hoy aprobada.

Pese a lo que temía la izquierda, esta derogación no impedirá que las familias sigan buscando a sus familiares queridos. Como dice expresamente dicha proposición de Ley, «no impedirá que las Administraciones públicas faciliten a ciudadanos y asociaciones la búsqueda, exhumación, documentación y honra a las víctimas de la guerra o de la represión, cualquiera que fuera el bando en el que militaran, su ideología o demás circunstancias personales».

Así mismo, la base de datos genética prevista en el artículo 16.1 de la Ley se remitirá, con el consentimiento de los interesados, al Banco estatal de ADN de Víctimas de la Guerra y la Dictadura previsto en el artículo 23 Ley 20/2022, de 19 de octubre, de Memoria Democrática.

Motivos de la derogación

Uno de los motivos fundamentales que han subrayado el PP en el fundamento de su derogación es la desigualdad entre las víctimas. La diputada del PP, Ana Marín, ha centrado su discurso en la defensa de la Constitución Española, y en la «concordia»: «Los padres constituyentes quisieron zanjar las desigualdades». La Ley «discrimina a unas víctimas frente a otras y por tal motivo debe ser derogada», ha expresado.

«Es una ley injusta que deja abandonadas a unas víctimas», ha añadido. Marín ha recordado que el Gobierno de Aragón pondrá en marcha un Plan de conservación de la concordia, que incluirá los afectados por todo tipo de terrorismo.

Vox así mismo ha argumentado que «la libertad ideológica» había que garantizarla nuevamente, puesto que «no hay nada más totalitario que la imposición de un relato oficial, y esta ley imponía un relato oficial», ha expresado Santiago Morón. «Hoy es un gran día para la libertad», ha añadido, considerándola «una ley liberticida».

Efectos de la derogación de la Ley en Aragón

Este ley 14/2018, que se ha derogado en el pleno de las Cortes, fue aprobada por el Ejecutivo del socialista Javier Lambán y el beneplácito del resto de la izquierda, que pretendió «idealizar» el periodo de la II República, así como «la relativización» de los crímenes y atrocidades cometidas por un bando. Así como limitar la definición de víctimas «a los que sufrieron muerte y represión por una parte, pero no por otra».

Además, el cuatripartito de izquierdas que lideró Lambán en la última legislatura, aprobó en 2022, el reglamento de la Comisión Técnica de memoria democrática en Aragón, que pretendía adquirir un papel relevante al participar en estas políticas públicas. Entre sus misiones, estaba la revisión y actualización del censo de símbolos contrarios a dicha Ley.

Por consiguiente, quedan suprimidos el Censo de memoria democrática de Aragón, las Rutas de memoria democrática de Aragón, el Inventario de lugares y rutas democráticas de Aragón, y el Centro de investigación de la memoria democrática de Aragón. Así como el portal web institucional del Gobierno de Aragón sobre memoria democrática.

Además, el departamento competente en materia de patrimonio cultural suprimirá los elementos de identificación, interpretación, señalización y difusión previstos en la citada Ley.

Según defiende el texto de la derogación, «las Administraciones deben garantizar a los ciudadanos los medios y el libre acceso a las fuentes, para que con plena libertad se analice el pasado histórico sin recibir consigna, censura o condicionamiento alguno».

Fin al adoctrinamiento en las escuelas y subvenciones

La derogación de esta Ley pone fin al adoctrinamiento en las escuelas en materia de memoria democrática. Quedarán canceladas o sustituidas por actuaciones sobre la Historia de Aragón y la Declaración de los Derechos Humanos aquellas actividades en el ámbito educativo previstas.

Por otro lado, las subvenciones y ayudas económicas concedidas conforme a lo dispuesto en la Ley, quedarán ahora sujetas a la justificación correspondiente conforme a lo establecido en las correspondientes convocatorias y bases reguladoras.

La derogación defiende que la memoria es «es algo subjetivo y personal y no debe ser objeto de desarrollo legislativo». Tal vez por ello, los socios de Gobierno decidieron dar la batalla cultural e iniciar los trámites para derogar la Ley el pasado 20 de noviembre, coincidiendo con el aniversario de la muerte de Francisco Franco y José Antonio Primo de Rivera.

Una fecha simbólica y desafiante para la izquierda, sin duda, que ha recordado una y otra vez en el debate de su votación, porque precisamente el propósito de la ley era todo lo contrario: demonizar cualquier día, hecho, gesto o pensamiento que manifestara algo distinto de lo estipulado en «la memoria construida» desde el anterior Ejecutivo socialista, y desde el Ministerio de Memoria Democrática.