Aragón da la batalla cultural iniciando los trámites para derogar la Ley de Memoria Democrática este 20N

El Gobierno de Aragón paraliza los objetivos de la izquierda de imponer el «relato único» de la memoria sobre la guerra civil e inicia los trámites para derogar la «sectaria y liberticida» Ley de Memoria Democrática, tal y como han expresado este lunes PP y Vox, en la rueda de prensa convocada en las Cortes.

En Aragón, la batalla cultural para hacer frente a los postulados impositivos de la izquierda sobre la historia ha comenzado. Uno de los 80 puntos del acuerdo que firmaron PP y Vox era claro: derogar la ley 14/2018 de Memoria Democrática aprobada en Aragón, y con esta disposición, este lunes los socios de Gobierno han comenzado la tramitación de la ley para «terminar con el adoctrinamiento».

Este paso pone de manifiesto la defensa de la «libertad de pensamiento, expresión, estudio y cátedra de los hechos históricos y de las ideas de cada cual», ha manifestado el portavoz del PP, Fernando Ledesma, que reivindica dicha Proposición de Ley, apelando el art. 20 de la Constitución que «proclama la libertad de pensamiento, conciencia, expresión y cátedra».

El día escogido para convocar la rueda de prensa ha sido el 20 de noviembre. Dios, el azar, ha querido que haya coincidido este lunes con el aniversario de la muerte de Francisco Franco y José Antonio de Rivera -podía haber caído en domingo…-, puesto que es hoy el día en que se hace público el texto registrado el pasado viernes, para poder debatirse en el próximo pleno de este mes.

Una fecha simbólica y desafiante para la izquierda, sin duda, porque precisamente el propósito de la ley era todo lo contrario: demonizar cualquier día, hecho, gesto o pensamiento que manifestara algo distinto de lo estipulado en «la memoria construida» desde el anterior Ejecutivo socialista, y desde el Ministerio de Memoria Democrática.

El texto de la Proposición de Ley de PP y Vox reivindica que la «memoria es algo subjetivo y personal y no debe ser objeto de desarrollo legislativo», por lo que «al legislador no le corresponde construir un relato histórico de ninguna época determinada».

El portavoz de Vox, Santiago Morón, ha señalado que la Ley de Memoria Democrática, es «propia de los regímenes totalitarios» que pretenden legislar sobre la memoria e imponer «un relato histórico», adoctrinando, multando o cancelando a quien disienta.

La ley presentada por PP y Vox, que pretende derogar la aprobada en 2018 por el cuatripartito de izquierdas (PSOE, CHA, Podemos, y PAR) con el apoyo de Ciudadanos, estableció un marco jurídico para implementar políticas públicas a través de «un relato único sobre la memoria».

De tal forma, se hizo hincapié en expresiones como «construcción de una Memoria Democrática», como aparece en la ley que se pretende derogar, estableciendo desde el poder institucional una «Historia oficial».

Antesala de la Ley 20/2022 de Memoria Democrática del Gobierno de España

Así mismo, ésta sirvió como antesala de la Ley 20/2022 aprobada el 19 de octubre, por el Gobierno de España, con el acuerdo y beneplácito de EH Bildu, a través de la cual se decretó el blanqueo institucional de los herederos de ETA.

Por aquel entonces, los históricos del PSOE firmaron un manifiesto pidiendo la retirada de Ley de 2022, ya en su tramitación, porque consideraban que «tergiversaba» el «gran pacto constitucional» de 1978. Algo que también han criticado PP y Vox sobre la ley aragonesa.

Entre los firmantes de aquel manifiesto, merece la pena recordar que estaban desde el expresidente del Senado, Juan José Laborda; el exministro de Sanidad y Defensa, Julián García Vargas; hasta la directora de la Real Academia de Historia, Carmen Iglesias; o José María Múgica, hijo del socialista Fernando Múgica asesinado por ETA.

 Las Administraciones facilitarán las búsquedas y exhumaciones

Ante todo, tanto PP como Vox han querido dejar manifiesto que esta ley no «impedirá que las administraciones públicas faciliten a ciudadanos y asociaciones la búsqueda, exhumación, documentación y honra a las víctimas de la guerra o de la represión», tal y como expresa el texto, de «cualquiera que fuera el bando en el que militaran, su ideología o demás circunstancias personales».

«De ahí viene el plan estratégico de memoria democrática de Presidencia», para lo cual se ha presentado una Comisión, ha señalado Ledesma.

«No podemos seguir manteniendo esta situación a la que solo se consideran víctimas a unos aragoneses, y verdugos a otros», ha añadido Morón, porque hay que trabajar en la «la convivencia» y la «reconciliación».

Supresión de la estructura orgánica de la memoria democrática

A raíz de la Ley aprobada por Lambán y el cuatripartito, se dio lugar a una gigantesca estructura orgánica específica en la Administración, que quedará suprimida en cuanto se apruebe dicha ley.

Consecuentemente, se disolverá la Comisión Técnica de memoria democrática, y con ello: el Censo, las Rutas, el Inventario de lugares, el Centro de Investigación. Así como el Registro de entidades dedicadas a ello, y el portal web del Gobierno de Aragón sobre memoria democrática.

También serán canceladas o sustituidas del ámbito educativo las actuaciones previstas en la ley, por otras sobre la Historia de Aragón y la relevancia de la Declaración Universal de los Derechos Humanos en la Constitución española.