Aragón vindica la memoria de todas las víctimas de la guerra civil y terrorismo en su Plan Concordia

En Aragón, la derogación de la Ley de Memoria Democrática irá aparejada de un Plan Estratégico para la Concordia Democrática, tal y como ha anunciado la consejera de Presidencia, Interior y Cultura, Tomasa Hernández, quien ha comparecido a petición propia, en el pleno de las Cortes este jueves.

El anuncio el pasado veinte de noviembre de la abolición de esta ley por parte de PP y Vox, coincidiendo con el aniversario del fallecimiento de Francisco Franco y José Antonio Primo de Rivera, levantó espuelas en la oposición sobre qué pasaría con la identificación y exhumación de las víctimas de la guerra.

Precisamente, este es uno de los puntos que más ha insistido Hernández en su intervención, defendiendo que el Gobierno de Aragón facilitará la identificación y exhumación «de todas las víctimas aragonesas de la guerra civil». Además del reconocimiento de víctimas de la violencia a las que han sufrido el terrorismo, un asunto inédito que la ley que derogarán, previsiblemente en febrero de 2024, no contemplaba.

El reconocimiento, por tanto, de «todo el victimario» es lo novedoso, en una acostumbrada derecha que ha rehuido continuamente la dignificación de todas las víctimas independientemente de su bando, que ha hecho perder la batalla cultural durante décadas.

La consejera de Presidencia, Tomasa Hernández, expone en #PlenoAragón que el plan tiene como objetivo “unir a los aragoneses en torno a la Constitución Española” y preservar “el espíritu de concordia, respeto y convivencia que nos ha permitido llegar hasta este punto”. pic.twitter.com/GmaoLEw53H

— Cortes de Aragón (@cortes_aragon) November 30, 2023

«El reconocimiento de todos los aragoneses que fueron víctimas por el hecho de militar o simpatizar en favor de cualquier opción ideológica, religiosa o de culto, o encarnar de cualquier modo la defensa de los valores que consagra la Constitución Española de 1978», ha sostenido Hernández.

Sobre este punto ha insistido también el portavoz de Vox, Santiago Morón, en su turno de intervención, a fin de evitar malintencionadas interpretaciones por parte de la izquierda.

«Vox reconoce el deber de las administraciones públicas en satisfacer la justa demanda de la localización de las víctimas de la violencia política o la persecución religiosa durante la guerra civil», ha reiterado Morón hasta en dos ocasiones.

Las decisiones previas a la Constitución de 1978

Además, el Gobierno ha reivindicado la toma de decisiones previas a la Constitución de 1978, con el fin de «unir a los aragoneses en torno a la Constitución Española» en el «hito histórico de la Transición».

Según la consejera, «en 1976, España ratificó el pacto internacional de derechos civiles y políticos de 1966, que recoge la igualdad ante la ley de los Tribunales de Justicia sin discriminación alguna, y el derecho de libertad de pensamiento, de conciencia y de religión sin medidas coercitivas que puedan menos cavar estas libertades».

Aceptar el pasado y todas sus víctimas

«Nuestro pasado es el que es, y de ahí venimos. Y en nuestro pasado hay víctimas, y es de especial importancia defender la dignidad de todas víctimas de ese pasado, y este es uno de los objetivos de este Plan», ha sostenido Hernández.

«No solo hay víctimas previas a la Constitución, sino también las hay fruto de la intransigencia dentro del periodo constitucional, una vez asentada la democracia, que también merecen el recuerdo y no el olvido de que son efectivamente también víctimas, preservar su recuerdo es una obligación moral de cualquier demócrata», ha defendido refiriéndose al terrorismo.

El Plan Estratégico en sustitución a la Memoria Democrática

La consejera ha expuesto brevemente que el Plan Estratégico para la Concordia Democrática que sustituirá a la Ley de Memoria Democrática en Aragón, consistirá en «una hoja de ruta», en la que es «necesario hacerlo eliminando cualquier atisbo de manipulación o imposición ideológica por parte de nadie».

Ha sostenido que «los seres humanos tienen dignidad por el hecho de serlo y las creencias de cada uno no deben afectar a su dignidad ni a su consideración». «Ningún partido tiene el monopolio de la interpretación de la historia», ha añadido.

El Plan tendrá como fundamento, la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, puesto que «todos los ciudadanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos dotados de conciencia y razón deben comportarse fraternalmente los unos con los otros».