Vox señala a Chaves, Griñán, Díaz y Montero como responsables políticos del «despilfarro» en la Faffe

La expresidente de la Junta de Andalucía, Susana Díaz (i), junto a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero.
La expresidente de la Junta de Andalucía, Susana Díaz (i), junto a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero.

Las conclusiones de Vox Andalucía tras la comisión de investigación del Parlamento de Andalucía sobre la extinta Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (Faffe) apuntan a tres expresidentes socialistas de la Junta como principales responsables del «despilfarro» y las «irregularidades» del citado ente: Junta Manuel Chaves, José Antonio Griñán y Susana Díaz.

Asimismo, la formación señala a la exconsejera de Hacienda y actual ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, entre otros muchos excargos de los anteriores gobiernos socialistas. Vox coincide con el PP-A en estos cuatro nombres, si bien Ciudadanos (Cs), socio de gobierno, ha exculpado a la más reciente, Susana Díaz.

Para Vox, Chaves y Griñán, en su doble condición de secretarios generales del PSOE-A y de presidentes de la Junta, «tuvieron conocimiento desde el primer momento de las irregularidades en las subvenciones en materia de Formación Profesional para el Empleo».

En su documento, la formación verde considera que también hay que «exigir responsabilidades políticas» a los exconsejeros de Empleo José Antonio Viera, Antonio Fernández, Antonio Ávila y Manuel Recio, y al exconsejero de Empleo, Empresa y Comercio José Sánchez Maldonado, por haber «desempeñado cargos de carácter político en la Junta durante el funcionamiento y proceso de liquidación e integro en el Servicio Andaluz de Empleo (SAE)».

Carmen Ibanco, mujer de Espadas

Vox también plantea exigir «responsabilidades políticas a todo cargo político cuyos parientes se integran en la administración sin haber concurrido en los procedimientos legales establecidos», aludiendo así, entre otros, al caso de Carmen Ibanco, esposa del secretario general del PSOE-A, Juan Espadas, que el pasado 25 de enero compareció ante los investigadores de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil como presunta enchufada en Faffe.

A este respecto, el portavoz de Vox en el Parlamento, Manuel Gavira, ha manifestado este jueves, en declaraciones a los periodistas durante una visita a Archidona (Málaga), que la comisión de investigación ha tenido «dos momentos fundamentales, uno la declaración de la esposa de Espadas y otro la presencia de líderes socialistas que dieron la callada por respuesta hurtando al Parlamento lo que ha sucedido en estos años de corrupciones socialistas».

El líder andaluz de Vox ha indicado que en la comisión se «tendrían que dilucidar responsabilidades políticas que desgraciadamente no vamos a tener», pero existe una «alternativa, que es la que lidera Vox en los juzgados llevando a cabo actuaciones judiciales para conocer lo que ha sucedido».

En lo que concierne a las comparecencias y por ende al modo de proceder que la comisión ha tenido durante todo su desarrollo, la fromación señala que «al ser meramente un juicio político, gran parte de los citados comparecientes no han mostrado la suficiente seriedad y compromiso para declarar y esclarecer el objeto de esta comisión».

Vox pide acción a la Junta

Gavira ha agregado que desde Vox piden que el Gobierno de Juanma Moreno sea «transparente y que la regeneración no se quede simplemente en palabras» porque desde el actual Ejecutivo andaluz se «está obstruyendo la labor que Vox desempeña en los juzgados». El portavoz parlamentario ha recalcado que no saben qué persigue la Junta con esa actitud y se ha cuestionado si existe un «pacto oculto y secreto» con el PSOE-A para «tapar las corrupciones» socialistas y para a su vez tapar «escándalos» del PP.

Para Vox, lo trabajado en la comisión de investigación debe servir en todo caso para favorecer «a la propia justicia a encaminar cada una de las posibles irregularidades que se encuentran aún en trámite de instrucción», y debe servir también «para prevenir y enmendar cada uno de los indicios, aspectos, entes y actuaciones que puedan seguir dando lugar a posibles irregularidades y como resultado, disponer de un mayor aprovechamiento, eficacia y control tanto del gasto público como de la administración».

Además, según Vox, «la declaración o no en las comparecencias de esta comisión no han provocado responsabilidades políticas en ninguno de los casos a pesar de que se hayan expuesto evidencias para ello». «Ha quedado comprobado el poco compromiso que los citados han tenido para esclarecer cada una de las cuestiones pendientes y de igual modo, la nula colaboración de la administración de la Junta con la Justicia en todo lo que ha concernido a la comisión de investigación, lo cual se demuestra en la negación de investigar los enchufes de la Faffe en una causa general», han subrayado.

Para Vox, en este sentido, el resultado de la comisión de investigación debe ser primordialmente «una herramienta de colaboración con la propia Justicia y que sea dicho poder, y no el ámbito político, quien lleve a cabo las decisiones oportunas para dirimir cada una de las posibles irregularidades que esta comisión no ha podido sacar a la luz, así como dictar las sentencias oportunas a sus correspondientes responsables».

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