Vox exige suprimir tres Consejos y el Defensor del Pueblo para ahorrar a Andalucía 18 millones

Vox defenderá el jueves en el Pleno del Parlamento una proposición no de Ley en la que se insta al Gobierno andaluz a realizar los cambios normativos necesarios que permitan suprimir el Consejo de Transparencia y Protección de Datos, el Consejo Consultivo, el Consejo Audiovisual de Andalucía (CAA) y el Defensor del Pueblo Andaluz, para posibilitar un ahorro de más de 18 millones de euros en los presupuestos de la comunidad.

En la iniciativa consultada por Europa Press, se insta al Ejecutivo andaluz a suprimir el Consejo Consultivo de Andalucía, «llegando a los acuerdos o convenios necesarios para que las competencias que este venía ejerciendo, sean asumidas por el Consejo de Estado».

Se pide también a la Junta que realice los cambios normativos necesarios que permitan «suprimir el Consejo de Transparencia y Protección de Datos y establecer acuerdos y convenios de colaboración con los organismos análogos con competencias a nivel nacional que les permitan asumir las funciones que este venía ejerciendo», y que también se elimine la figura del Defensor del Pueblo Andaluz, de manera que sus funciones sean ejercidas por el Defensor del Pueblo a nivel nacional.

Otra demanda a la Junta consiste en que suprima cualquier
ente u organismo que realice alguna función que pueda ser asumida por organismos o entes análogos de ámbito nacional, con el fin de mejorar la coordinación y cohesión de las distintas regiones de España así como la reducción de duplicidades innecesarias.

Asimismo, se insta al Ejecutivo a que, en base al resultado de las auditorías y estudios realizados al sector instrumental de la Junta, se realicen las supresiones y recomendaciones dispuestas por tales informes, y que se lleven a cabo las reestructuraciones necesarias en la administración autonómica que permitan «reducir de forma drástica el gasto superfluo, para emplear los recursos públicos de los andaluces en una mejora real y efectiva de los servicios públicos».

Se insta además a la Junta a «reubicar a todos aquellos funcionarios de carrera y personal laboral fijo que se encuentren prestando sus servicios en estos entes, respetando sus derechos laborales».

Para Vox, la buena gestión y el uso eficiente de los recursos públicos debe ser siempre una máxima de cualquier gobernante, especialmente en épocas de crisis como las actuales en las que los servicios públicos se ven resentidos.

En su opinión, el estado autonómico ha provocado que a lo largo de estos 40 años «proliferen una serie de organismos y entes que ejercen competencias que podrían ser asumidas por sus análogos a nivel nacional, evitando duplicididades y gastos innecesarios».

En el caso de Andalucía, según Vox, tras casi cuatro décadas de gobiernos socialistas, nuestra región se ha convertido en una de las «más atrasadas de España, encabezando vergonzosas clasificaciones de toda índole, todo ello mientras se tejía una tupida tela de araña institucional y administrativa en la que eran colocadas personas afines al partido del gobierno».

«La conocida como tela de araña andaluza ha sido puesta como ejemplo de una gestión ineficaz e ineficiente de los recursos públicos. Unos recursos que no eran invertidos en servicios públicos de calidad para los ciudadanos, sino en la creación de una ambiciosa estructura de poder que pretendía extender sus tentáculos a todos los ámbitos de la vida pública e institucional de Andalucía», según este partido.

Recuerda que en comunidades autónomas como Castilla-La Mancha o Extremadura, gobernadas por distintos partidos, se fueron suprimiendo dichos organismos, derivando sus funciones a los organismos análogos estatales capaces de realizar las mismas funciones a un menor coste.
Sin embargo, según Vox, en Andalucía los gobiernos socialistas no vieron oportuno, antes al contrario, «recortar el estado del bienestar de los políticos, a pesar de aplicar severos recortes en educación o sanidad que lesionaron la calidad de los servicios prestados a los ciudadanos».

«Tras más de un año de pandemia, la emergencia social y económica aconseja, más que nunca, un ajuste racional de los recursos públicos y la eliminación de todo gasto innecesario. Supresiones y reestructuraciones que podrían suponer un ahorro directo de más de 18 millones de euros en los próximos presupuestos autonómicos, dinero que debe ser invertido en la mejora de los deteriorados servicios públicos andaluces», según Vox.

Ha añadido que además, con la supresión de esos entes, se redundaría en «la eliminación de burocracia y trámites carentes de valor, de regulaciones innecesarias y de la posibilidad de elección de puestos directivos y de libre designación, caldo de cultivo de numerosas corruptelas».