Sólo Cs ‘absuelve’ a Susana Díaz de su responsabilidad política en Faffe: agradece su «colaboración»

Sólo el grupo parlamentario de Ciudadanos (Cs) en la Cámara andaluza ha excluido a Susana Díaz de responsabilidades políticas en las corruptelas de la Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (Faffe), el ente que los sucesivos gobiernos socialistas de la Junta utilizaron para enchufar a familiares y amigos o para pagar con fondos públicos los gastos en fiestas y prostíbulos.

Cabe recodar que Susana Díaz compareció el pasado 3 diciembre ante la comisión de investigación del Parlamento después de eludir las anteriores dos citaciones alegando su no notificación formal. La actual senadora aseguró entonces sentirse «orgullosa» de su «gestión ejemplar» e «inmaculada».

Ese mismo día, un testigo protegido exfuncionario de la Junta, cuestionado sobre si las irregularidades de la Faffe siguieron vigentes con Susana Díaz al frente del Ejecutivo autonómico, respondió: «Al 98%, sí». La pregunta fue formulada por la portavoz de Vox en la comisión, Ángela Mulas, cuyo partido ha llevado a cabo actuaciones judiciales para exigir responsabilidades a diferentes personalidades como Carmen Ibanco, esposa del líder del PSOE-A Juan Espadas, quien declaró la pasada semana ante la Guardia Civil como presunta enchufada en Faffe.

El portavoz de Cs en la comisión de investigación de la Faffe, Juan de Dios Sánchez, ha asegurado este jueves que Susana Díaz fue una «pésima gestora pero en el tema de la Faffe no podemos achacarle responsabilidad política. Cuando ella llegó ya se había liquidado, bueno, integrado en el SAE (Servicio Andaluz de Empleo). No ha sido ni la precursora ni la ideóloga ni la que continuó con el desmadre de la Faffe como fueron Chaves y Griñán».

Por su parte, la portavoz naranja en el Parlamento andaluz, Teresa Pardo, ha señalado que «aunque fuese en segunda convocatoria, colaboró con la comisión y vino al Parlamento. Pudimos hacerle preguntas. Luego, que contestase o no, será otra historia. Pero por lo menos fue responsable de atender al requerimiento de esta Cámara».

Chaves, Griñán y Montero, señalados

En sus conclusiones sobre los trabajos de la citada comisión de investigación, Cs sí señala «las responsabilidades en el ámbito político» de los expresidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán y de la exconsejera y actual ministra de Hacienda María Jesús Montero.

Asimismo, la formación naranja apunta a los también exconsejeros Javier Carnero y Antonio Ramírez de Arellano, así como al exdirector general de la Faffe y exsecretario de Empleo del PSOE-A, Fernando Villén; además de a los integrantes del patronato de la propia fundación desde su creación hasta su extinción.

Sobre Chaves señala este grupo parlamentario que durante su ejercicio como presidente «se creó la Faffe de forma que se facilitaron las irregularidades en las políticas de empleo», mientras que en el caso de Griñán apunta que «se extinguió la Faffe con la Ley de ‘enchufismo’», antes de indicar que «en el ámbito político hace mucho que ya no disfrutan de presunción de inocencia y la objetividad histórica está agravando sus responsabilidades».

En el caso de los exconsejeros Montero, Carnero y Ramírez de Arellano, Cs les recrimina, de forma conjunta, «participar en la estrategia de la omertá sobre las irregularidades de los gobiernos socialistas anteriores». Además recalcan que durante la comisión de investigación «se ha corroborado que el PSOE de Pedro Sánchez puede ser incluso peor que el PSOE anterior» por el hecho de que «la negativa a declarar» en una comisión del Parlamento «demuestra una falta de respeto a las instituciones democráticas y a la sociedad que representan que les inhabilita como políticos».

En relación con la figura de Fernando Villén, Cs pone de manifiesto que «fue el principal autor de las irregularidades en la Faffe y el ámbito de sus responsabilidades no se limita a lo político», para apuntar que, aún pendiente de una resolución judicial de su caso, «todavía no se le pueda calificar de delincuente en este dictamen».

De igual forma, el dictamen de Cs no olvida en la identificación de las responsabilidades políticas «a todos los que consiguieron para ellos mismos o para sus familiares y/o amigos una nómina en la Faffe por su condición de responsables políticos, gracias a su relación con el ex secretario general de empleo del PSOE de Andalucía, Fernando Villén, cuya firma estaba presente en todos los contratos».

Cs ha elaborado un documento de 174 páginas donde, entre otros contenidos, identifica responsabilidades penales y contables y reclama la modificación del Código Penal y del Reglamento del Parlamento.

En el préambulo del trabajo, el grupo parlamentario de Cs sostiene que «la Faffe ha sido el paradigma negativo de abusos e irregularidades en la Administración de la Junta de Andalucía» por el hecho de que «millones de euros de dinero público previstos para la formación de los desempleados andaluces se desviaron incluso a prostíbulos, alquileres inflados o nóminas de enchufados».

Cs se lamenta de que «más de una década después de su extinción todavía siguen pendientes de saldar responsabilidades por su actividad» y estima que «es tiempo de cerrar este negro capítulo de la historia de la Junta de Andalucía y continuar la etapa que se inició con el cambio de gobierno actual, sin repetir errores del pasado». Además, Cs identifica responsabilidades penales y contables.

Entre las primeras se congratula del trabajo de la justicia en cuatro ámbitos que identifica como los casos Tarjetas, UMAX, los Expedientes de Regulación de Empleo (ERE), el Centro de Formación en Técnicas Industriales San Fernando, así como por las diligencias penales abiertas en el Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla.

La formación naranja se lamenta, sin embargo, de que «a diferencia de la jurisdicción penal con los delitos cometidos en la Faffe, las irregularidades contables cometidas no han sido perseguidas con éxito por la jurisdicción contable», un hecho que atribuye a «la inacción voluntaria de los gobiernos socialistas con la excusa de la extinción de la deuda por la confusión de derechos».

Cambios en el Código Penal

Ciudadanos ha señalado 34 conclusiones sobre la Faffe a partir de los trabajos de la comisión parlamentaria, además de pedir cambios normativos en la regulación de las comisiones como la reforma del Código Penal y del Reglamento del Parlamento.

En el caso del Código Penal demanda su modificación para que, los llamados a comparecer que no lo hagan «o se resistieren a declarar lo que supiesen acerca de los hechos sobre que fueren preguntados, sean castigados como reos del delito de desobediencia». Esta demanda se hace extensiva para la autoridad y funcionario que no colabore con la entrega de la documentación.

Sobre el Reglamento del Parlamento aboga por modificar el artículo 52 para, entre otras peticiones, incluir «una regulación ad hoc» en la constitución de una comisión, la diferenciación entre «investigados y testigos colaboradores» o la reducción de los plazos de notificación y añadir las notificaciones electrónicas.

Además de estas peticiones, Cs reclama «mantener en el Plan de Reordenación del Sector Público Instrumental sólo a las fundaciones públicas de la Junta de Andalucía cuyas auditorías operativas han demostrado la idoneidad de tal forma jurídica», como en el caso de las fundaciones de investigación sanitarias, así como aboga por «evitar la automática subrogación de las plantillas de los entes liquidados, como si se tratara de una sucesión de empleadores».

En el apartado de la financiación de estos entes, Cs pide «prohibir las subvenciones nominativas del Capítulo IV, las transferencias corrientes» y considera como alternativa que «cuando corresponda invertir dinero público en el mantenimiento de algún ente, que se usen transferencias de financiación u otros instrumentos para financiar tales gastos».

Además, «dotar de un número de identificación general único a todas las subvenciones de la Junta de Andalucía análogo al N.I.G. de los procedimientos judiciales», reclama Cs, que considera que de esta forma se evita «la pluralidad de denominaciones que dificultan su control y su trazabilidad», por lo que esgrime que «es preferible utilizar un código común a todos los departamentos que refleje las principales características de la subvención».