Susana Díaz comparece por fin y niega que su gobierno derrochara dinero de los andaluces en prostíbulos

La expresidenta de la Junta de Andalucía y exsecretaria general del PSOE-A, Susana Díaz, ha comparecido finalmente este viernes ante la comisión constituida en el Parlamento de Andalucía que investiga las corruptelas de la Junta socialista a través de la extinta Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (Faffe).

La socialista ya fue citada el pasado mes de noviembre, comparecencia que rehusó alegando que no se le había notificado formalmente. Mismo argumento que empleó su partido para que eludiera su citación en noviembre de 2019, tres días antes de las elecciones generales. Pero a la tercera fue la vencida.

Susana Díaz no ha aportado ningún tipo de información relevante durante sus tres horas de comparecencia, en las que se ha desmarcado de su implicación en cualquier trama de corrupción y ha dicho sentirse «orgullosa» de su «gestión ejemplar» e «inmaculada». Recordemos que se investiga el paradero de 55 millones de euros que el Gobierno socialista andaluz desvió presuntamente a Faffe con subvenciones irregulares y que los socialistas despilfarraron, en parte, en prostíbulos.

Precisamente, sobre el uso de tarjetas vinculadas a la Faffe en clubes de alterne, Susana Díaz ha señalado que durante su etapa de presidenta de la Junta «nadie en el Consejo de Gobierno tuvo tarjetas. Ni yo misma. Me parece que no es necesario eso en ninguna administración», ha apuntado.

Susana Díaz se lava las manos

La actual senadora socialista por designación del Parlamento andaluz ha manifestado que el periodo de existencia de la misma no coincidió en el tiempo con sus responsabilidades en el Gobierno andaluz, al tiempo que ha defendido la conveniencia, a su juicio, de que en la comisión de investigación creada en el Parlamento en torno a dicho ente se cite a miembros del actual Ejecutivo andaluz de PP-A y Ciudadanos (Cs).

Susana Díaz ha comparecido este viernes en dicha comisión de investigación de la Cámara autonómica defendiendo que cumplía con su «deber» al haber sido requerida para ello por la Presidencia del Parlamento, pero asegurando que «los hechos que se investigan no son coincidentes» en el tiempo con los cargos institucionales que desempeñó en la Junta.

Así, Susana Díaz ha remarcado que accedió al Gobierno andaluz por primera vez en mayo de 2012, cuando fue nombrada consejera de la Presidencia e Igualdad, y que después fue presidenta de la Junta entre septiembre de 2013 y enero de 2019, mientras que la Faffe «se creó en 2003» y «se liquidó en 2011», periodo en el que «no ostentó cargo alguno» en el Ejecutivo autonómico, según ha insistido, por lo que, cuando llegó al Gobierno, «no había ni fundación ni recursos ni organigrama ni absolutamente nada». El proceso de liquidación y extinción de la citada entidad no se formalizó hasta el 21 de marzo de 2016, cuando se inscribió su baja del Registro de Fundaciones. Susana Díaz llevaba ya tres años al frente del Ejecutivo andaluz.

De igual modo, la representante socialista ha defendido incluso que sería conveniente citar a representantes del actual Gobierno andaluz para que aporten explicaciones sobre lo realizado tras la extinción de la Faffe, y ha señalado por ello que falta una «pata» en el listado de comparecientes de esta comisión.

En su intervención inicial, Susana Díaz ha defendido además que, en el periodo en el que ocupó cargos institucionales en la Junta, siempre trasladó a sus colaboradores la necesidad de seguir un «cumplimiento estricto de las normas», de mantener una actitud de «tolerancia cero con cualquier tipo de irregularidad», y de trasladar de forma «diligente» a la Justicia aquella que se pudiera detectar.

Al hilo, ha querido «agradecer a todos los cargos públicos» que han trabajado a su lado «el esfuerzo y la diligencia que han tenido en cumplir con esa premisa», tras lo que, curiosamente, ha sostenido que no podía aportar en esta comisión de investigación «nada nuevo que no pudieran aportar los actuales miembros que hoy tiene el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía».

«Gestión inmaculada»

Al respecto, ha señalado que el grupo parlamentario de Cs, a través de su entonces portavoz, Sergio Romero, registró el 5 de abril de 2021 un listado de solicitudes de comparecientes en la comisión que incluía a «un representante de la Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo en ese momento», si bien «inmediatamente después se retira» esa solicitud, «y se pide que se retire y que no conste, porque alguien le dice a Cs que no lo presente», según ha abundado Susana Díaz, que ha acusado así a los partidos que sustentan el Ejecutivo andaluz de tener un «pacto de silencio» que «impide que nadie del Gobierno actual venga aquí a aclarar qué se ha hecho, cuál es la responsabilidad y qué información tiene» sobre estas cuestiones.

De igual modo, Susana Díaz ha sostenido que nunca se ha negado a recoger ninguna citación para comparecer en esta comisión, si bien ha lamentado que se la quiso citar en campaña electoral, «a 72 horas» de las elecciones generales de noviembre de 2019, así como «el día que empezaba el Congreso del PSOE-A», en referencia al pasado 5 de noviembre, de modo que se ha intentado hacer «coincidir» su comparecencia con procesos «electorales u orgánicos» de su partido, algo que ha criticado, al tiempo que ha defendido que hubiera sido «más sencillo» que los diputados hubiesen aprovechado su asistencia al Parlamento como diputada esta legislatura hasta el pasado mes de julio para hacerle llegar la citación a comparecer.

Su comparecencia ha estado salpicada de cruce de acusaciones de mentir que se han intercambiado los portavoces de los grupos que han intervenido en la comisión -PSOE-A, PP-A, Cs y Vox- con la expresidenta de la Junta, quien en varias ocasiones ha afirmado haber sido «insultada», y ha llegado a pedir amparo al presidente de la comisión y a la letrada de la misma, así como respeto y «decoro» a los grupos hacia su persona.

Susana Díaz ha concluido defendiendo el «legado de honestidad» de sus gobiernos en su etapa al frente de la Junta, y ha subrayado que tiene el «honor y la tranquilidad» de haber dejado «una gestión ejemplar» e «inmaculada» en sus seis años como presidenta, «sin ninguna denuncia y sin ningún miembro de mi gobierno con ninguna imputación y denuncia de ningún tipo», según ha puesto de relieve con «orgullo».