El PSOE andaluz ya prepara la vuelta como militantes de Chaves y Griñán

Manuel Chaves y José Antonio Griñán se dieron de baja voluntaria del PSOE en 2016 para evitar que el partido les expulsara por sus autos judiciales que dieron lugar al caso ERE. Entonces, sendos ex presidentes de la Junta decían a su entorno lo dolidos que estaban porque tanto Susana Díaz como Pedro Sánchez les habían «dado la espalda». De hecho, Susana Díaz llegó a pedir perdón por una trama que hoy desde el PSOE-A aseguran que fue inventada. Ahora, ocho años después, el Partido Socialista celebra las sentencias del Tribunal Constitucional que perdonan los delitos relacionados con los ERE de Andalucía a sendos ex dirigentes socialistas y se muestran dispuestos a favorecer que vuelvan a ser militantes del partido, según indican fuentes de la dirección socialista.

Consideran que se trata de una cuestión de Justicia y aseguran que los brazos de la organización están abiertos para su regreso y el de otros dirigentes del PSOE andaluz condenados por los ERE y que recientemente han recibido sentencias exculpatorias, como la ex ministra Magdalena Álvarez o la ex consejera de la Junta de Andalucía Carmen Martínez Aguayo.

En este sentido señalan que igual que aceptaron las sentencias que les condenaron, la oposición debe hacer lo mismo con las últimas resoluciones del Constitucional que les exonera, en algunos casos parcialmente, de delitos de prevaricación y malversación. A este respecto, la portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, ha celebrado la sentencia y ha pedido al Partido Popular que respete la decisión del TC.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros celebrado este martes en La Moncloa, Alegría ha señalado que su posición en esa mesa es «profundamente institucional», pero a continuación ha apuntado que si le preguntasen en otro contexto podría decir que haría «máxima gala», de su «apellido».

Este mismo martes el TC exoneró a Griñán, expresidente de la Junta de Andalucía, toda la malversación por la que fue condenado a seis años de cárcel por los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos con cargo a fondos autonómicos y a su antecesor en el cargo, Manuel Chaves, a parte de la prevaricación por la que fue condenado a nueve años de inhabilitación.