Así hablaba Griñán de los ERE a su salida del Supremo: «No hubo un gran plan, pero sí un gran fraude»

«No hubo un gran plan, pero sí un gran fraude». Son palabras del ex presidente socialista andaluz José Antonio Griñán tras comparecer ante el Tribunal Supremo el 9 de abril de 2015 por el caso ERE. «Todas esas ayudas concedidas de forma aleatoria y sin control merecen una responsabilidad política e incluso penal», manifestó ante el juez.

A su salida, y tras cuatro horas de declaración ante el magistrado Alberto Jorge Barreiro, reconoció a la prensa el desfalco en la distribución de ayudas a las empresas: «Yo no creo que hubiera un gran plan (para defraudar), pero hubo un gran fraude», resumió, frase que repitió en dos ocasiones. También se mostró «muy satisfecho» de declarar en sede judicial y recalcó su «rechazo a todos los hechos irregulares que se han producido en la ejecución de una partida presupuestaria».

Además, restó responsabilidad a la Junta, negó que desde la Administración se tejiera una estructura fraudulenta y derivó la responsabilidad del fraude al interventor y a la Consejería de Empleo (en los años investigados Griñán estaba al frente del departamento de Economía y Hacienda). El socialista alegó que las irregularidades en el sistema para pagar los ERE se debieron a que algunos controles fallaron: «Hubo un gran fraude y eso significa que algunos de los controles pudieron fallar. La actuación de la Consejería de Hacienda y de la presidencia de la Junta de Andalucía fueron en todo momento conforme a derecho, porque Hacienda no es un órgano de fiscalización sino, en todo caso, de presupuestación y recaudación, pero nunca de fiscalización de otros departamentos».

Antes, en su declaración ante el juez quiso diferenciar entre la gestión presupuestaria y la gestión del gasto concreto de estas ayudas, correspondiente a la Consejería de Empleo. También negó conocer los informes de la Intervención General de la Junta que advertían de irregularidades en la gestión de subvenciones.

Seis días más tarde declaró ante el Supremo su predecesor al frente del Gobierno andaluz, Manuel Chaves, y el 15 de junio Griñán renunció a su escaño en el Senado, perdiendo la condición de aforado y volviendo así la causa a los juzgados de Sevilla. La Audiencia señalaría meses después que Griñán era «consciente de las vulneraciones patentes y groseras» que se estaban cometiendo en el pago de las ayudas sociolaborales. El 19 de noviembre de 2019 fue condenado a seis años y un día de cárcel por prevaricación y malversación en la concesión de ayudas por valor de 680 millones de euros, condena que ratificó el Tribunal Supremo en 2022, aunque su entrada en prisión ha quedado suspendida durante cinco años merced a su cáncer de próstata.

Ahora, nueve años después de aquellas declaraciones y tras las últimas resoluciones del Tribunal Constitucional, el PSOE de Andalucía no habla de fraude sino de «montaje indecente y repugnante». Según la portavoz socialista en el Parlamento autonómico, Ángeles Férriz, el caso ERE es «la mayor cacería política, jurídica y mediática de nuestra democracia». Y el desfalco de 680 millones no fue tal, sino «juego sucio» del PP para llegar al poder «a lomos de la extrema derecha». El presidente del PSOE-A, Manuel Pezzi, también ha cargado contra los populares, tildándolos de «basura» y «mala gente» por vincular socialismo y corrupción.