El Prenda y otro miembro de La Manada piden rebaja de pena y su abogado da las «gracias» a Irene Montero

Dos de los condenados por la sentencia de 15 años impuesta por el Tribunal Supremo por la violación grupal ocurrida durante los Sanfermines de 2016 han presentado recursos solicitando la reducción de sus penas. Los dos acusados, José Ángel Prenda y Jesús Escudero, han interpuesto escritos de revisión ante la Sección Segunda de la Audiencia de Navarra, tribunal que dictó la sentencia, para beneficiarse de la aplicación de la denominada Ley del sólo sí es sí, conocida popularmente como Ley Montero. Agustín Martínez, abogado de los condenados, ha hablado con OKDIARIO Andalucía y no ha dudado en dar irónicamente las «gracias» a la ex ministra de Igualdad, Irene Montero, por sacar adelante una ley que está permitiendo que sus clientes de La Manada estén logrando beneficios y rebajas de condena, como ya sucedió en julio de 2024, cuando la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo confirmó la rebaja de pena de 15 a 14 años para Ángel Boza.

El caso se remonta al 7 de julio de 2016, cuando cinco jóvenes sevillanos, autodenominados La Manada, acudieron a Pamplona para celebrar los Sanfermines y cometieron la violación en grupo de una chica madrileña de 18 años. Este hecho, que conmocionó a la sociedad española, dio lugar a una sentencia histórica, confirmada posteriormente por el Tribunal Supremo, que impuso 15 años de prisión a cada uno de los condenados.

En julio de 2024, la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ratificó la reducción de la pena de Ángel Boza, uno de los cinco condenados, de 15 a 14 años. Boza había solicitado dicha rebaja ante el Tribunal Superior de Justicia de Navarra (TSJN) en septiembre de 2023, en base a los parámetros establecidos tras la entrada en vigor de la Ley Montero. El Tribunal Supremo consideró razonable el criterio adoptado por el TSJN, al señalar que el marco penológico instaurado por la nueva normativa es más beneficioso que el régimen anterior.

El alto tribunal dejó claro que no se deben hacer diferencias en la aplicación de esta normativa, «por más que sea particularmente mediático» el caso de La Manada, y que se ha reiterado en otros procesos que el nuevo marco penal resulta favorable para los acusados. Es en este contexto que José Ángel Prenda y Jesús Escudero han seguido la misma línea, presentando sus recursos de revisión para solicitar la reducción de sus penas.

Los escritos presentados han sido remitidos a las demás partes del proceso, quienes disponen de un plazo de cinco días para formular sus alegaciones. Una vez finalizado este período, corresponderá a la Sección Segunda de la Audiencia de Navarra resolver las peticiones de rebaja de pena. La resolución de este tribunal sentenciador será decisiva, ya que establecerá si la aplicación de la Ley Montero en este caso emblemático se ajusta a los criterios judiciales actuales.

La utilización de la Ley del sólo sí es sí en un caso de tan alta repercusión ha desatado un intenso debate en la opinión pública y en diversos sectores de la sociedad. Mientras que los defensores de la nueva normativa sostienen que su objetivo es ajustar las penas a la realidad actual, enfatizando el consentimiento y la protección de los derechos de las víctimas, numerosos críticos consideran que aplicar una reducción de pena en un caso tan mediático y grave resulta inaceptable. Los detractores argumentan que dicha medida podría interpretarse como un gesto de indulgencia hacia delitos de violencia sexual, minando la confianza en el sistema judicial y en la protección efectiva de las víctimas.

El debate sobre la aplicación de la Ley Montero se intensifica en un contexto en el que movimientos feministas y colectivos sociales han manifestado su preocupación. Estos grupos temen que una reducción de penas en casos emblemáticos como el de La Manada envíe un mensaje equivocado, restando importancia a la gravedad de los delitos cometidos y dejando a las víctimas en una posición de vulnerabilidad. La polémica gira en torno a la interpretación de la normativa, que si bien fue diseñada para reforzar la protección de las víctimas y clarificar los límites del consentimiento en las relaciones sexuales, se está utilizando ahora para justificar una disminución en las condenas impuestas en procesos tan sensibles.

La decisión final de la Audiencia de Navarra se espera con gran expectación, ya que podría sentar un precedente relevante en la aplicación de la Ley Montero a delitos de violencia sexual. Por el momento, el proceso sigue generando controversia y división en la sociedad, marcando uno de los episodios judiciales más significativos y debatidos de la última década en España.