Inmigración ilegal

El otro negocio de la inmigración: cae una red que se lucraba repatriando inmigrantes muertos en pateras

Hay 14 detenidos, entre ellos el cabecilla de la organización, de origen marroquí

La Guardia Civil ha efectuado registros domiciliarios en Almería, Jaén y Murcia

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La 'operación Dakhira' de la Guardia Civil ha dejado 14 detenidos y un investigado (GC).
David García de Lomana

La Guardia Civil ha desarticulado una red que aprovechaba el reguero de muertos que dejan las pateras en su ruta hacia España -negocio del que se ya se lucran las mafias de la inmigración ilegal- para hacer dinero con la repatriación de los cadáveres a Marruecos y Argelia. La operación Dakhira se ha saldado con la detención de 14 personas, entre ellas el marroquí cabecilla de la trama, después de 13 registros domiciliarios en Almería, Jaén y Murcia.

El grupo criminal obtenía contratos irregulares de identificación y repatriación de cuerpos previo contacto con sus familiares. La investigación, según ha informado el Instituto Armado, contaba también con la «colaboración e implicación de empleados de algunas instituciones públicas como el Instituto de Medicina Legal (IML)», que proporcionaban a la banda datos sobre la identificación de los cadáveres.

Los agentes han constatado que la trama contactaba con los familiares a través de las redes sociales, normalmente con perfiles falsos, ofreciéndoles información ficticia sobre el paradero de sus allegados a cambio de dinero. Cuando tenían conocimiento del naufragio de una patera, volvían a contactar con la familia solicitando datos personales de los desaparecidos para realizar una falsa búsqueda, acompañando a las familias a interponer denuncia o gestionando los servicios de traducción y las tomas de ADN para la identificación del cuerpo. Los delincuentes exigían un pago previo a los familiares con el argumento de que ésta era la única forma de proceder en España para la identificación y repatriación de los cuerpos.

Para establecer contacto con las familias se valían de una gran cantidad de perfiles falsos en redes sociales, pero para extraer información sobre la identificación de cadáveres lo hacían con la «colaboración e implicación de empleados de algunas instituciones públicas relacionadas con el proceso de identificación», como los IML, que ayudan a juzgados, tribunales y fiscalías con sus pruebas forenses.

Una vez tenían en su poder información sobre cómo actuar en la gestión de identificación de los cadáveres (fotografías de los cuerpos, por ejemplo) se la facilitaban a las familias para asegurarse de que firmasen autorizaciones para que las funerarias implicadas en la trama se llevaran el contrato de manera exclusiva.

La investigación arrancó cuando los agentes de la Guardia Civil detectaron varias de estas fotografías en Internet. Tras las pesquisas se logró identificar al líder de la organización, un individuo de origen marroquí, y a sus principales miembros en Murcia y Almería.

El cabecilla se valía de sus contactos en las comunidades de origen magrebí para que las familias confiaran en su palabra cuando les aseguraba que no había otro modo de repatriar los cadáveres de sus difuntos. El ahora detenido llegó a acumular una gran cantidad de contactos entre empresas funerarias y entidades relacionadas con las identificaciones y repatriaciones de cadáveres. También se encargaba de gestionar los pagos a los intervinientes y facilitadores de información.

Registros en Almería, Jaén y Murcia

En la fase de explotación de la operación Dakhira se realizaron 13 registros, cuatro en Almería, uno en Jaén y ocho en Murcia –cinco en la capital, dos en Cartagena y uno en Molina de Segura-. En ellos se incautó numerosa documentación relacionada con el caso y varios vehículos, así como cerca de 70.000 euros en efectivo en la vivienda de uno de los responsables del entramando.

En total hay 14 detenidos y un investigado acusados de delitos de revelación de secretos, contra el respeto a los difuntos, estafa, pertenencia a organización criminal, falsedad documental, cohecho y omisión del deber de perseguir delitos.

La investigación corre a cargo del Juzgado de Instrucción nº 5 de Murcia, que ya ha ordenado el ingreso en prisión provisional de dos de los arrestados, el cabecilla de la trama y su mano derecha.

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