Novomag carecía de «actividad productiva» cuando recibió 420.000 € de la Junta socialista de Andalucía

La Sección Primera de la Audiencia de Sevilla ha celebrado este martes la segunda sesión del juicio correspondiente a la ayuda de 420.780,47 euros concedida por la Junta socialista de Andalucía a la empresa Novomag Manufacturas Metálicas, supuestamente sin procedimiento legal y con una finalidad ajena a lo legal.

El juicio corresponde a una pieza separada de la macrocausa de los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos e incluso innecesarios y las subvenciones directas y arbitrarias, financiadas con cargo a los fondos de la Junta de Andalucía de los expresidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán.

Durante esta segunda sesión ha comparecido un agente de la Guardia Civil autor del atestado policial elaborado con relación al asunto, quien ha explicado que elaboró dicho documento con un informe de la Intervención General de la Junta como «base», a partir de la cual conformó sus propias «deliberaciones» sobre las actuaciones de los encartados.

Los acusados en este juicio son María de los Ángeles Z.D., Juan Manuel P.B., José Luis F.J., Miguel A.G. y Rogelio M.I., creadores de la empresa Novomag, con sede social en La Línea de la Concepción (Cádiz), quienes según el escrito de acusación de la Fiscalía fundaron dicha entidad «para poder percibir fondos públicos de la Junta de Andalucía con los que saldar las deudas que mantenía con los acreedores, entre los que se encontraba la Tesorería General de la Seguridad Social, la sociedad Industrias Domésticas Inoxidables del Sur» (Idisur), de la que habían sido administradores y trabajadores, «evitando las posibles acciones de reclamación de cantidad contra los administradores y socios, así como subrogándose en los activos de Idisur para intentar retomar la actividad productiva».

No figuraba de alta en la SS

Mientras la Fiscalía considera que Novomag obtuvo «fondos públicos por importe de 420.708,47 euros sin sujeción a procedimiento alguno, sin acreditar requisitos que le habilitarían para ser beneficiaria de los mismos y aplicándolos al abono de deudas de otra sociedad (Idisur) en beneficio de los acusados»; este agente ha asegurado que entre 2003 y 2010, Novomag «no tuvo actividad productiva de ningún tipo» ni figuraba de alta en la Seguridad Social.

Además, de aquella investigación no ha recordado que fuesen detectadas inversiones en Novomag por parte de terceros, toda vez que el domicilio social de la entidad «coincidía» con el de Idisur.

A su juicio, Novomag «no cumplió» con sus compromisos con relación a la ayuda autonómica cosechada, al «no materializar» los fondos públicos en el destino para el cual fueron concedidos», toda vez que los acusados admitieron en la primera sesión que después de que en 2002 Idisur dejase de tener actividad productiva real, crearon Novomag al contar con «un proyecto avalado por unos inversores» para reactivar las instalaciones de Idisur, destinando la mencionada ayuda al pago de parte de la deuda de esta última entidad con la Seguridad Social para evitar que los bienes de Idisur fuesen subastados.

Sin actividad hasta 2011

No fue hasta 2011, según este agente, cuando Novomag dio de alta en la Seguridad Social a tres de los trabajadores previamente dados de baja en Idisur, insistiendo en que la empresa se mantuvo «sin actividad alguna hasta 2011».

También ha testificado el abogado José Miguel Caballero, condenado por la Sección Tercera por el juicio de la pieza separada de las subvenciones autonómicas concedidas a la empresa de Dos Hermanas Aceitunas y Conservas (Acyco), quien ha manifestado que su despacho fue contratado por los encartados, para los cuales la Fiscalía pide tres años de cárcel y ocho años y tres meses de inhabilitación absoluta, en materia de «asesoramiento».

Según ha dicho, «el problema» que afrontaban los creadores de Novomag era cómo utilizar la maquinaria de Idisur para un nuevo proyecto para el cual contaban con «inversores», al tratarse de bienes «gravados por las deudas» de Idisur con la Seguridad Social.

Porque como ha asegurado, los acusados contaban con «inversores interesados» en su nuevo proyecto, en concreto los «especialistas en reflotamiento de empresas» de la sociedad Gestiber Gestión, mencionada en efecto por los encartados.

Como abogado, según ha precisado, emitió un «análisis» según el cual como «Novomag no tenía capacidad para asumir las deudas anteriores» de Idisur, no podía ser su «sucesora» en términos jurídicos y no podía «subrogarse» respecto a la misma. Es decir que Novomag debía ser «un proyecto jurídico distinto», extremo que según ha asegurado trasladó tanto a los creadores de Novomag, señalando a María de los Ángeles Z.D. como principal «interlocutora», como a los mencionados «inversores».