Empresas vinculadas al PSOE recibieron 35 millones a través de las ayudas de la Junta socialista

El juez José Ignacio Vilaplana ha ordenado la apertura de juicio oral a un ex alto cargo de la Junta socialista de Andalucía y otros cuatro empresarios por unas ayudas por valor de casi 35 millones de euros que fueron concedidas a un «entramado empresarial» ligado al PSOE en la Sierra Norte de Sevilla.

El juez de refuerzo del Juzgado de Instrucción número seis de Sevilla ha ordenado, de este modo, la apertura de juicio oral contra el ex director general de Trabajo y Seguridad Social de la Junta de Andalucía, Daniel Alberto Rivera, y los empresarios José María Sayago, Eduardo Lora, Manuel Valdecantos y Manuel Robles, por la pieza separada de la macrocausa de los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos financiados con fondos autonómicos.

El auto, al que ha tenido acceso OKDIARIO Andalucía, recoge presuntos delitos de prevaricación administrativa y malversación de caudales públicos, mientras que contra José María Sayago acuerda la apertura de juicio oral por presuntos delitos de prevaricación, malversación y, alternativamente, delitos de estafa o de apropiación indebida.

El juez, que declara a la Audiencia Provincial de Sevilla órgano competente para el conocimiento y fallo de esta causa, requiere a los acusados fianzas que oscilan entre los 75.500 euros que fija para Rivera y los 18,2 millones que establece para Sayago. Además, acuerda la apertura de juicio oral contra 17 entidades en calidad de responsables civiles subsidiarias, con fianzas que oscilan entre los 300.000 euros y 6.414,566,16 euros.

El juez ve indicios «suficientes y solventes» de que Daniel Alberto Rivera «sí tuvo intervención» en asunto, «ordenando y disponiendo -de manera arbitraria e injusta- de los fondos públicos constitutivos del ilícito pago de parte de las ayudas objeto de las actuaciones (en este caso, concedidas en favor de Explotaciones Agrícolas Sanluqueñas S.A.)».

Así, pone de manifiesto que, «si bien es cierto que la Junta de Andalucía no ejercita pretensión de condena frente a Daniel Alberto Rivera y, por consiguiente, no deduce tampoco pretensión indemnizatoria frente a dicho acusado, la Junta no ha renunciado al resarcimiento de los daños y perjuicios que pudieran corresponderle, ni ha hecho reserva de acciones civiles».

Por ello, el magistrado considera que «nada obsta a que el Ministerio Fiscal dirija en solitario la correspondiente pretensión de resarcimiento dirigida contra todos y cada uno -incluido Rivera- de los presuntos responsables penales y civiles frente a los que se decreta la apertura de juicio oral».

Tándem

En el auto previo de transformación de las diligencias en procedimiento abreviado, el magistrado explicaba que el objeto de estas actuaciones lo constituye «la presunta ilicitud de las ayudas y subvenciones concedidas extramuros de la legalidad» por la Dirección General de Trabajo de la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía, y abonadas por la agencia IFA/IDEA, en favor de distintas empresas y entidades vinculadas» con Sayago y el también empresario de la Sierra Norte sevillana José Enrique Rosendo, fallecido en 2016, por unos 34,2 millones de euros.

En este sentido, el instructor precisaba que el «tándem» compuesto por ambos empresarios «habría constituido diversas empresas y sociedades interrelacionadas, muchas» de las cuales «carecían de actividad y trabajadores, y que tenían por objeto recibir subvenciones y ayudas de la Junta para, seguidamente, realizar el traspaso de fondos a distintas sociedades del mismo entramado, posibilitando así, mediante este número de sociedades interpuestas, que el grupo controlado por ambos investigados percibiera fraccionadamente y de modo coordinado, en connivencia con responsables de la Junta, múltiples subvenciones».

Proyectos

El juez añadía que el total de las ayudas que se habrían concedido «ilícitamente, sin que existiera solicitud o se acompañaran proyectos, memorias o planes de viabilidad por parte de los investigados, habría ascendido a más de 34 millones de euros por el sólo interés ilegítimo de favorecer a ambos investigados y a su grupo de empresas por parte de la Administración autonómica», precisando que, de estos 34 millones, «existieron resoluciones de ayudas por el correspondiente director general de Trabajo por importe aproximado de 27.928.772 euros, suscribiéndose también adicionales convenios de colaboración con IFA/IDEA para materializar el pago de estas ayudas por importe de 16.461.132 euros».

Así, el magistrado indicaba que, de los 24 convenios suscritos para «favorecer» a este grupo, los investigados «habrían conseguido, gracias a sus importantes relaciones e influencias en la Consejería de Empleo e IFA, que 20 de ellos se efectuaran entre julio de 2003 y febrero de 2004», punto en el que destaca que, de todas las ayudas concedidas, «destacan por su especial concentración» las recibidas por Matadero de la Sierra Morena S.A., con aproximadamente 7,5 millones de euros, mientras que otras entidades que «recibirían importantes ayudas» serían Arcadia Emprendedora S.L., Sociedad del Desarrollo de El Pedroso S.L. (Sodelp) y Marco de Estudios y Proyección Siglo XXI, «que fueron beneficiarias de ayudas por más de dos millones de euros».

Por estos hechos, la Fiscalía reclama para Daniel Alberto Rivera dos años de cárcel y seis años de inhabilitación especial para empleo y cargo público, solicitando seis años de cárcel y 15 años de inhabilitación absoluta para Sayago y para los otros tres acusados cinco años de prisión y 12 años de inhabilitación absoluta.