El joven que ha reunido 220.000 firmas contra el cobro de peajes de Sánchez: «Es un insulto y un robo»

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Javier Lorente, promotor de la iniciativa que ha reunido 220.000 firmas.

Javier Lorente, joven cordobés de 25 años, ha reunido en apenas 17 días más de 219.000 firmas contra el Plan de Recuperación que el Gobierno de Sánchez ha trasladado a Bruselas y en el que se incluye la idea de implantar peajes en todas las autovías españolas.

Lo ha hecho a través de la plataforma Change.org, donde denuncia que este nuevo cobro es «un insulto y un robo a mano armada» a los ciudadanos, además de «un atentado contra la capacidad de movilidad de las personas».

«Es ilógico, injusto y amoral. Quien lo está intentando implementar carece de dignidad», señala en declaraciones a OKDIARIO Andalucía, porque «los fondos recaudados con el impuesto de circulación cubren holgadamente el mantenimiento de nuestras carreteras».

En la petición difundida el pasado 26 de abril, Lorente alienta a la firma contra esta medida: «No al fraude. No a la prevaricación». «Nos encontramos ante uno de los mayores estafas a la ciudadanía que la administración de este país ha tratado de acometer», subraya el joven, que este jueves viaja a Madrid para presentar las firmas en el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, donde tiene prevista una reunión con el director del gabinete del ministro José Luis Ábalos.

Argumentos contra la «injusticia»

El joven cordobés desglosa varios motivos para tumbar los alegatos del Gobierno en defensa del cobro de peajes. Pero él lo tiene claro: «No se esconde otra cosa sino un desmesurado afán recaudatorio».

«Esta propuesta de ley atenta contra muchos de nuestros derechos y contra cualquier razón digna y moral. ¿Por qué? En primer lugar, se argumenta que el motivo de implementar estos peajes es que hay un déficit de 400 millones de euros anuales en el mantenimiento y saneamiento de nuestras carreteras», detalla a este periódico.

Pero sólo en 2019, y según datos aportados por instituciones estatales, «se recaudaron 3.561 millones de euros» con el Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM) o impuesto de circulación. España cuenta con más de 32 millones de vehículos registrados, a razón de entre 40 y 400 euros de tasa por cada uno de ellos.

Por tanto, si «el presupuesto que se destina al mantenimiento de carreteras es de 1.000 millones de euros anuales», entonces, como recalca el propio Lorente, «no salen las cuentas». «¿Qué ocurre con los otros 2.561 millones que quedan y que no se están invirtiendo?, se pregunta». El déficit que el Gobierno cifra en 400 millones anuales no se sustenta.

«Pero están dándole la vuelta y nos venden que somos culpables de no aportar lo suficiente, cuando realmente están cogiendo parte de lo recaudado expresamente para mantener nuestras carreteras para destinarlo a otros fines», denuncia.

El impuesto que baraja el Gobierno de Sánchez es de 0,03 euros por kilómetro para turismos y de 0,14 euros para furgonetas y camiones (un transportista sevillano pagaría 1.000 euros más al mes).  Más motivos de peso: como no todos podrán afrontar este desembolso, Lorente señala que se verán obligados a recurrir «al uso de carreteras convencionales, mucho más peligrosas y en peor estado de conservación». Prueba de ello, y según los datos aportados por la Dirección General de Tráfico (DGT), «es que casi 8 de cada 10 (un 77%) de las defunciones en accidentes de tráfico durante el año 2020 sucedieron en este tipo de vías».

«Las carreteras y autovías de España pertenecen a todos los ciudadanos, son públicas, se han fabricado con fondos públicos y se mantienen con fondos públicos. Y todo lo que suponga conceder a empresas privadas la potestad de cobrar peajes en esas carreteras no es sino un acto de privatización y de prevaricación que no se puede consentir», explica el joven horas antes de viajar a Madrid.

Es por ello que ha surgido un movimientos como éste, arrastrando a miles de personas dispuestas a parar los pies a Sánchez y a Ábalos y a decir ‘no’ a más impuestos. «Espero que seamos conscientes de lo que supone la implantación de esta medida, y que podamos ponerle freno antes de que se haga realidad y afecte a nuestros bolsillos», concluye Lorente.

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