La Guardia Civil destapa el fraude de UGT Andalucía: pagos sin facturas y transferencias de 2,5 millones

Un sargento de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que investigó la trama corrupta tejida por la antigua cúpula de UGT Andalucía ha desvelado en la cuarta sesión del juicio que se celebra en la Audiencia de Sevilla la infraestructura documental y contable que sostuvo el fraude de la organización sindical mediante pagos sin facturas, movimientos bancarios sin justificación y transferencias millonarias desde sus empresas y fundaciones satélites.

Los fondos públicos salían de la Junta socialista de Andalucía y recaían en las sociedades instrumentales del sindicato para, teóricamente, impartir cursos de formación a parados y trabajadores, pero gran parte de las subvenciones volvió rebotada a UGT-A. En concreto, y según el juez de Instrucción nº 9 de Sevilla, se desviaron un total de 40,75 millones de euros para financiar irregularmente el sindicato, pagar sobresueldos, viajes de sus dirigentes a Costa Rica o Dublín e incluso la caseta de la Feria de Abril de Sevilla. Todo a costa del contribuyente.

El agente de la UCO ha detallado que el sindicato recibió una transferencia de casi 2,5 millones desde Soralpe, empresa gestionada por un miembro del sindicato, pero el Instituto Armado no ve «justificación» alguna que respaldase ese movimiento bancario. La UCO también señala 65 transferencias entre 2009 y 2014 a la asesoría privada del consejero delegado de Soralpe, Bat Gestión Empresarial, por un importe total de 257.222 euros, además de pagos «sin factura» de 1,6 millones al Instituto de Formación y Estudios Sociales (IFES), otra fundación satélite de alquiler de aulas para impartir los supuestos cursos. Cabe recalcar que durante el procedimiento la Guardia Civil sólo examinó una decena de empresas de entre los 5.232 proveedores de UGT-A. La organización se ha lavado las manos, desmarcándose de su antigua cúpula, negando cualquier entramado criminal en el sindicato y resumiendo el fraude en una mera «cuestión estrictamente administrativa».

Esta misma semana, después de que cinco de sus ex dirigentes desfilaran por el tribunal de la Audiencia, UGT-A intentaba desviar el foco con un extenso informe denunciando la pérdida de poder adquisitivo de los andaluces en los últimos años.

En el banquillo de los acusados, recordemos, se sientan el ex vicesecretario de Organización y ex secretario general del sindicato Francisco Fernández Sevilla, el que fuera secretario general de Administración de UGT-A Federico Fresneda, la ex secretaria de Gestión Económica María Charpín, la ex responsable del departamento de Compras de UGT-A Dolores Sánchez y el consejero delegado de Soralpe Enrique Goicoechea, además de una decena de proveedores de confianza del sindicato. Los 15 están acusados de un presunto delito continuado de fraude de subvenciones, en concurso con un delito continuado de falsedad en documento mercantil.

El círculo vicioso

Durante la nueva sesión del juicio en la Sección Tercera ha comparecido en calidad de testigo un sargento de la UCO encargado de un atestado sobre el «circuito financiero» del sindicato. El agente ha revelado que Soralpe, gestionada por Goicoechea, a su vez miembro del sindicato, «prestaba servicios» para el mismo, y más del 87% de su financiación derivaba de UGT-A y de IFES. Dicha empresa, según ha dicho, apenas contabilizaba algo más de 300.000 euros fruto de otras entidades ajenas al círculo sindical.

El investigador ha destacado que la contabilidad analizada arrojó que el sindicato transfirió 5,2 millones a Soralpe, que contaba en usufructo con las sedes y locales de UGT-A para el alquiler de las aulas donde la organización realizaba sus cursos de formación incentivados con fondos de la Junta, corroborando así la tesis del fiscal Fernando Soto sobre el «artificio» creado en torno a los citados alquileres.

El agente ha indicado también la detección de otra transferencia de unos dos millones de euros sin poder precisar «a qué corresponde» este montante trasladado a Soralpe, además de una «diferencia» de 1,6 millones entre las cuantías facturadas por la entidad al sindicato y el dinero en cuestión. Las pesquisas, según ha dicho, no pudieron «precisar exactamente a qué se debe» esa diferencia de 1,6 millones con respecto a lo facturado por Soralpe a UGT-A y lo no facturado. No hay soporte documental que lo justifique.

Asimismo, el investigador de la UCO se ha referido a otra transferencia de 2,49 millones de euros, esta vez de Soralpe a UGT-A, otro pago sin «justificación» alguna en las cuentas, y un último abono de más de 2,1 millones bajo el concepto «genérico de pagos a cuenta».

El testigo ha enfatizado además en la detección de 65 transferencias por valor de 257.222 euros desde Soralpe a la empresa Bat Gestión, donde Goicoechea, consejero delegado de la primera entidad, figuraba como «administrador único». Según ha apuntado, las pesquisas no arrojaron «ninguna factura» relacionada con estas transferencias y la UCO tampoco ha podido constatar «qué servicios» prestó Bat Gestión a Soralpe.

Según el Juzgado de Instrucción nº 9, entre 2009 y 2013 mediaron «procedimientos concertados entre los responsables de UGT-A y determinados proveedores a fin de que pudieran facilitar al sindicato una vía de financiación para la práctica de sus actuaciones propias», incurriendo en ello en «la aplicación de los fondos recibidos a través de subvenciones públicas a unos fines distintos al destino que dichos fondos deberían haber tenido», esto es, «la práctica de acciones formativas a personal ocupado y desocupado».

«En la consecución de aquellos fines fraudulentos de financiación era precisa la implicación de sociedades que, como proveedores, facilitaran la infraestructura documental y contable que permitiera obtener fondos destinados a formación, para poder desviarlos con el fin de sostener los gastos corrientes del sindicato», remarcó el juez instructor, que cifra el fraude en un total de 40.750.047,74 euros. Por si fuera poco, este lunes el Juzgado de Instrucción nº 6 de Sevilla procesó al ex director de Trabajo de la Junta Daniel Alberto Rivera por desviar 32 millones en ayudas autonómicas a Hitemasa, una empresa textil malagueña, con UGT, de nuevo, como intermediario.