Nuevo juicio al PSOE de los ERE por desviar 32 millones en ayudas a Hitemasa con UGT como intermediario

El dinosaurio procesal de los ERE sigue copando los tribunales andaluces, que suman ahora una pieza separada que llevará a juicio al ex director de Trabajo de la Junta socialista de Andalucía Daniel Alberto Rivera (inmerso ya en 50 procedimientos con penas que suman 300 años de prisión) por las ayudas irregulares por valor de 32,3 millones de euros concedidas a la empresa textil malagueña Hitemasa. En el banquillo de los acusados se sentarán también Juan Lanzas, ex miembro de UGT y conseguidor de las subvenciones, su mujer, incluida como «intrusa» en el listado de rentas, y otra veintena de personas.

El Juzgado de Instrucción nº 6 de Sevilla ha dictado un auto en el que acuerda continuar como procedimiento abreviado las diligencias previas seguidas contra los investigados al apreciar presuntos delitos de prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos y falsedad documental. Cabe recalcar que la antigua cúpula de UGT Andalucía ha pasado recientemente por la Audiencia de Sevilla acusada de pagar con dinero público sobresueldos, viajes al Caribe y su caseta de la Feria de Abril.

Esta causa, recordemos, gira en torno a los 32,3 millones de euros concedidos entre los años 2000 y 2007 por el Gobierno socialista andaluz a la empresa Hilados y Tejidos Malagueños SA (Hitemasa) para sufragar las indemnizaciones por despido y prejubilaciones de los trabajadores afectados por dos ERE promovidos por dicha entidad que, tras apenas siete años de existencia, echó el cierre. La Junta acordó repartir varios millones entre sus 184 empleados, aunque en la lista figuraban beneficiaros que nunca trabajaron en la empresa.

De este modo, el juez acuerda procesar a un total de 21 investigados, entre ellos el referido ex alto cargo de la Junta, varios directivos y representantes de la empresa, una decena de intrusos y dos responsables de la mediadora Vitalia, la consultora económica en la que la Junta enchufó a un «cocainómano» para ejercer de camello del socialista Francisco Javier Guerrero y su chófer. También continúa el procedimiento contra Hitemasa y Vitalia en calidad de responsables civiles subsidiarios.

Entre los acusados figuran los que fueran presidentes del consejo de administración de Hitemasa Manuel M. S. y Antonio M. T., y los responsables de la empresa Guillermo V. M., Amparo A. L., Juan Manuel G. G. y Francisco N. D. R. También está investigado el ex sindicalista de UGT Juan Lanzas por sus presuntas «influencias e intermediaciones ejercidas» para conseguir los fondos públicos; la mujer de éste, Patrocinio S. G.; el ex directivo de la consultora Vitalia José Antonio Albarracín y el ex comercial de tal entidad en Sevilla Jesús Bordallo.

La mujer de Lanzas figura como acusada por haber gozado de tales rentas pese a no estar incluida en el procedimiento y no tener relación alguna con la sociedad en cuestión, situación similar a los también acusados María Josefa M. E., Nieves R. P., José T. R., José G. A., Felipe C. A., Francisco A. H., Fernando P. R., Antonio L. M. y Félix C. R. Incluso el propio Lanzas habría figurado entre los beneficiarios de las rentas derivadas de los ERE de Hitemasa incentivados por la Junta, según la instrucción del caso.

Los ya enjuiciados

El instructor explica una vez más que no es posible depurar la responsabilidad penal ni continuar el procedimiento por su participación en estos hechos contra el ex consejero de Empleo Antonio Fernández, el ex viceconsejero del ramo Agustín Barberá, los ex directores generales de Trabajo Juan Márquez y Francisco Javier Guerrero (ya fallecido) y el ex director general de la agencia IDEA Jacinto Cañete, pues ya fueron juzgados y condenados por la Sección Primera en la pieza matriz del caso ERE. Fernández y Barberá, de hecho, cumplen actualmente pena de cárcel por prevaricación y malversación.

Según el juez instructor, todos ellos «ya habrían sido encausados por la perpetración de aquéllos en el procedimiento abreviado relativo a la ilicitud penal del denominado procedimiento específico instaurado para llevar a efecto la ilícita concesión de ayudas por parte de los responsables de la Junta», siguiendo así el criterio «a tal efecto establecido» por la Sección Séptima de la Audiencia de Sevilla en distintos autos que confirman la exclusión de esta pieza de los citados ex altos cargos de la Junta socialista de Andalucía.

De otro lado, el magistrado señala que «no concurren» en Rivera «las mismas circunstancias sustantivas o procesales que las que recaen en sus antecesores en el cargo» de director general de Trabajo, añadiendo que su exclusión de esta causa, «en consideración a los mismos motivos por los que en su momento se excluyó» a Márquez y Guerrero, «no puede tener acogida por la sencilla razón de que Rivera no ha sido enjuiciado en la causa del denominado procedimiento específico», de forma que, «como ha señalado en numerosas resoluciones la Sección Séptima de la Audiencia, al haberse acordado el sobreseimiento respecto del recurrente en la causa del procedimiento específico, debe depurarse la posible responsabilidad penal en que hubiese incurrido en cada una de las piezas incoadas para la investigación de las ayudas concretas en cuyo pago hubiese intervenido».

«Indicios de criminalidad» contra Rivera

En este caso, según argumenta el instructor en el auto, «concurren sólidos indicios de los que se desprende que durante su mandato como director general de Trabajo se concedieron y realizaron, de manera injusta y arbitraria, diversos pagos de ayudas y subvenciones ilícitas», indicando que su no exclusión de las correspondientes piezas separadas relativas a las ayudas concedidas a las empresas beneficiarias de las mismas y «la constatación de evidentes indicios de criminalidad en su actuación por el hecho de haber realizado pagos de las ayudas a sabiendas de la evidente ilicitud del procedimiento seguido para su concesión ha sido ya destacada en diversas resoluciones» por la Audiencia Provincial de Sevilla.

Meses atrás, la abogada defensora de Rivera lamentaba en el juicio por otra pieza separada de los ERE que, tras su exclusión de la pieza principal de la macrocausa, su representado afronta su inculpación en unas 50 piezas separadas correspondientes a las ayudas en cuestión financiadas con cargo a dicho mecanismo de financiación, con peticiones de pena de una media de seis años de cárcel, lo que suma unas solicitudes de condena que llegan a unos 300 años de prisión, muy por encima de las penas recaídas en los socialistas condenados por la pieza principal del caso ERE.