UGT Andalucía pagó con dinero público sobresueldos, viajes al Caribe y su caseta de la Feria de Abril

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha confirmado, en el juicio que se celebra en la Audiencia de Sevilla contra la antigua cúpula de UGT Andalucía, que parte de las subvenciones millonarias que la Junta socialista de Andalucía entregó a la organización sindical para impartir cursos de formación fueron a parar a sobresueldos, viajes de dirigentes a Costa Rica y Dublín e incluso al pago del alquiler de la caseta de UGT-A en la Feria de Abril.

Los investigadores del Instituto Armado han recabado numerosos correos electrónicos y documentos contables que recogen que el sindicato desvió un total de 40,75 millones de euros para financiarse de forma irregular a través de un «depósito financiero» que la propia organización denominaba como «bote». UGT-A, por su parte, ha lamentado la «criminalización de una cuestión estrictamente administrativa».

La Sección Tercera de la Audiencia enjuicia al ex secretario general Francisco Fernández Sevilla, al ex secretario general de Administración de UGT-A Federico Fresneda, a la secretaria de Gestión Económica María Charpin, a la ex responsable de Compras Dolores Sánchez y al delegado de Soralpe I Más P Asociados Enrique Goicoechea, además de a una decena de proveedores de confianza del sindicato. Los 15 están acusados de un presunto delito continuado de fraude de subvenciones, en concurso con un delito continuado de falsedad en documento mercantil.

Viajes y pagos mensuales de 2.500 €

Durante la segunda jornada del juicio, el tribunal ha acogido el testimonio del comandante de la UCO -entonces capitán- que lideró las investigaciones de este caso, y que ha sido interpelado por la Fiscalía Anticorrupción y por el abogado de Fresneda.

El responsable de la Guardia Civil ha admitido a preguntas del fiscal Fernando Soto que tuvo acceso a un documento en el que se decía que había determinadas cantidades destinadas a «sobresueldos» para miembros de la federación andaluza del sindicato, abonados por Soralpe, empresa instrumental de UGT-A dedicada a desarrollar actividades formativas.

El comandante ha señalado que los pagos eran de carácter mensual y oscilaban entre los 800 y los 2.500 euros. Entre los dirigentes que habrían recibido estos sobresueldos figuran el propio Federico Fresneda y Pepa Castillejo, ex secretaria de Empleo y Formación en la Ejecutiva regional de UGT-A. Los investigadores no tienen constancia de que estos anticipos fueran devueltos.

El instructor del atestado ha destacado también la existencia de un correo electrónico entre Dolores Sánchez Montaño, responsable de compras del sindicato, y el empleado de UGT Francisco Mateos, en el que se da instrucciones sobre cómo justificar un viaje que realiza el entonces secretario general de UGT Andalucía, Manuel Pastrana, a Costa Rica, junto a otros viajes de un dirigente sindical a Dublín, todo ello a cargo de los fondos públicos destinados a la formación de trabajadores y desempleados.

Además de informar de los procedimientos utilizados por UGT-A para desviar el dinero de los andaluces al «bote» del sindicato, el agente de la UCO ha informado de que también se utilizaban otros «artificios» para justificar las facturas ante la Junta, como en el caso del alquiler de las aulas donde se impartían los cursos de formación.

En este sentido, ha indicado que UGT cedió las salas como usufructo a Soralpe y ésta a su vez se las alquilaba al IFES (Instituto de Formación y Estudios Sociales), fundación perteneciente a UGT-A. El círculo se cerraba cuando IFES emitía las facturas y pagaba a UGT-A un dinero que, según el responsable de la UCO, no justificaba al «organismo gestor», en este caso la Junta de Andalucía.

El agente de la UCO ha pormenorizado además que, con cargo al citado «bote» acumulado por UGT-A fruto de la diferencia a su favor entre lo realmente gastado y lo facturado para la justificación de las ayudas autonómicas, habrían sido pagados más de 2.000 maletines para una convención, «banderas, camisetas, abanicos tipo paipái» y otro tipo de «gastos de la actividad sindical» de UGT-A. Incluso pesaría la contratación a la empresa de mobiliario de oficina Chavsa de una obra en Huelva por valor de casi 1,2 millones.

Fraude de 40.750.047,74 euros

Recordemos que la línea de investigación que condujo a este caso nació durante las pesquisas correspondientes a la macrocausa de los ERE, marco en el que los agentes detectaron «posibles irregularidades o fraude» respecto a fondos públicos asignados a UGT-A para labores de formación para el empleo.

Según el Juzgado de Instrucción nº 9, encargado de investigar el asunto, entre 2009 y 2013 mediaron «procedimientos concertados entre los responsables de UGT-A y determinados proveedores a fin de que, de una forma coordinada, pudieran facilitar al referido sindicato una vía de financiación para la práctica de sus actuaciones propias», incurriendo en ello en «la aplicación de los fondos recibidos a través de subvenciones públicas a unos fines distintos al destino que dichos fondos deberían haber tenido», que eran «la práctica de acciones formativas a personal ocupado y desocupado».

«En la consecución de aquellos fines fraudulentos de financiación era precisa la implicación de sociedades que, como proveedores, facilitaran la infraestructura documental y contable que permitiera obtener fondos destinados a formación, para poder desviarlos con el fin de sostener los gastos corrientes del sindicato», explicaba el juez instructor, según el cual el cómputo global del fraude «asciende a 40.750.047,74 euros».