El PSOE de los ERE acapara la Audiencia de Sevilla con un nuevo juicio por pólizas a vecinos y amigos

Nueva semana y nuevo juicio en la Audiencia de Sevilla contra las corruptelas del PSOE andaluz. Tras quedar visto para sentencia el juicio al chófer de la coca, que se fundió en fiestas y droga las ayudas millonarias que su jefe, el socialista Francisco Javier Guerrero, desvió a sus empresas ficticias, toca el turno de otra de las infinitas piezas en que quedó fragmentada la macrocausa de los ERE. Desde este lunes se juzgan las pólizas individuales que el propio Guerrero, ex director general de Trabajo y Seguridad Social de la Junta, otorgó en favor de «amigos y vecinos», y los consiguientes delitos de prevaricación, tráfico de influencias y malversación.

En concreto, la causa gira en torno a pólizas individuales de seguro de rentas promovidas por el socialista Guerrero (condenado ya por prevaricación y malversación en el caso ERE y fallecido en 2020) en beneficio de cuatro personas de su «entorno cercano», en este caso «amigos y vecinos, bien por propia iniciativa o bien por pedírselo la persona interesada».

Según el auto de transformación de las diligencias de investigación del caso en procedimiento abreviado, consultado por Europa Press, estas personas «resultaron beneficiadas injustificadamente con elevadas cantidades de dinero al aparecer la propia Dirección General de Trabajo como tomadora de los seguros, cuyas primas se abonaron mediante el método de los llamados pagos cruzados a través de cartas remitidas por Guerrero a compañías aseguradoras que ya disponían de fondos públicos concedidos a través del denominado procedimiento específico, para que determinadas cantidades fueran desviadas en beneficio de aquellas personas para el pago de los seguros concertados individualmente sobre ellas». El Juzgado de Instrucción nº 6 de Sevilla apreciaba así presuntos delitos de prevaricación, tráfico de influencias y malversación.

Cinco acusados

En el banquillo de los acusados se sientan el ex director de la consultora Vitalia Antonio Albarracín; el que fuera consultor de Vitalia en Sevilla Jesús Bordallo (ambos ya condenados por las subvenciones autonómicas concedidas ilegalmente a la empresa de Dos Hermanas Acyco), Alejandro M. T., vecino de El Pedroso y con lazos de amistad con Guerrero (cabe recordar que el ex director general de Trabajo fue alcalde de dicho municipio entre 1995 y 1999); Cristina R. C., quien ejerciese funciones de gerencia en la Fundación para la Promoción del Minusválido (Promi) y miembro temporal de la candidatura del PP a la Alcaldía de Córdoba en 2011, también con nexos de amistad con Guerrero; así como el padre de ésta, R. R. G.

El auto de conversión de las diligencias en procedimiento abreviado mencionaba también al ex alcalde socialista de El Pedroso (Sevilla), Rafael Rosendo (PSOE), como beneficiario de otra de las pólizas por su «amistad» con Guerrero, si bien pesa su muerte.

Dos fallecidos durante el procedimiento

Al comenzar el juicio, en la fase de cuestiones previas, el abogado de Antonio Albarracín ha alegado la supuesta prescripción de los hechos, exponiendo que con relación a los trámites de las pólizas indagadas, el último acto de firma se remonta a agosto de 2007, mientras su patrocinado fue llamado en calidad de investigado al caso en abril de 2018, con lo que se habría superado el plazo máximo de diez años que rige para los delitos de prevaricación y malversación, según ha apuntado, sabedor de que no son pocas las piezas caducadas en los juzgados andaluces pese a los claros indicios de corrupción socialista.

La defensa del ex directivo de Vitalia ha señalado que el juicio da comienzo con «dos fallecidos en el transcurso del procedimiento», en alusión a Guerrero y Rosendo, destacando la «artificiosidad» de esta pieza separada «creada sin razón de ser» para las supuestas «pólizas individuales», ya que, según ha defendido, otras piezas de la macrocausa incluyen o han incluido pólizas individuales no abarcadas por este proceso.

Igualmente, la defensa de Jesús Bordallo ha alegado la presunta prescripción de los hechos en los mismos términos ya descritos, agregando además una «inconcreción» de los delitos atribuidos a su cliente, cuya «participación en las pólizas» no queda definida, según su abogada.

La letrada ha aludido también a la «exclusión» de Bordallo en piezas separadas como las de las ayudas autonómicas para los procesos de reestructuración de empresas como Río Grande, FCC y Mac Puar, así como en la pieza de las sobrecomisiones, ya que, según ha argumentado, su papel de consultor en Vitalia «no es indicio sólido» de los delitos indagados.