La ex cúpula de UGT Andalucía llama «inquisidora» a la juez Alaya por investigar el fraude de 40.750.047 €

La Audiencia de Sevilla arrancó este lunes el juicio contra la antigua cúpula de UGT Andalucía -el ex secretario general de UGT-A Francisco Fernández Sevilla y otros cuatro ex dirigentes sindicales- por defraudar más de 40 millones de euros de subvenciones públicas mediante facturas falsas. Un abogado defensor ha pedido anular el proceso judicial por basarse en pruebas «sustraídas» por un antiguo trabajador cegado por «el odio» y ha tachado a Mercedes Alaya, la juez que instruyó el caso, de «inquisidora».

Los investigados son el ex vicesecretario de Organización y ex secretario general del sindiato, Francisco Fernández Sevilla; el que fuera secretario general de Administración de UGT-A, Federico Fresneda; la ex secretaria de Gestión Económica, María Chapín; la ex responsable del departamento de Compras de UGT-A, Dolores Sánchez; el consejero delegado de la entidad Soralpe I Mas P Asociados SL, Enrique Goicoechea; y diez personas más que actuaron como proveedores del sindicato a través de las empresas que representaban.

Están acusados de un presunto delito continuado de fraude de subvenciones, en concurso con un delito continuado de falsedad en documento mercantil. Recordemos que los más de 40 millones que desvió la organización sindical, concedidos entre 2009 y 2013 por la Junta socialista de Andalucía, estaban inicialmente destinados a impartir cursos de formación a trabajadores y desempleados.

Ánimo de «venganza y odio»

La vista dio comienzo con las cuestiones previas de las partes: las defensas de los acusados y la Fiscalía, la Junta de Andalucía y el PP andaluz como acusaciones. El abogado de Fresneda quiso recalcar que la causa nace de «una documentación sustraída» e «ilícitamente obtenida» por el que fuera trabajador de UGT-A Roberto Alejandro Macías Chaves, que actuó «de mala fe» y «con máximo ánimo de venganza y odio». El hombre que tiró de la manta fue condenado por un delito de descubrimiento y revelación de secretos por filtrar a medios de comunicación «información reservada y sensible» del sindicato y sus prácticas corruptas, pero no dio traslado de las mismas a las autoridades policiales y judiciales. Por ello, el letrado ha reclamado «la nulidad» de todas las actuaciones de este proceso judicial.

Igualmente, este abogado defensor ha señalado el periodo en el que la causa fue investigada por la juez Mercedes Alaya, entonces titular del Juzgado de Instrucción nº 6 de Sevilla (hoy magistrada de la Audiencia Provincial de Sevilla), que también inició la instrucción del caso ERE. El letrado ha acusado a la juez de intentar «acaparar» las grandes causas relacionadas con la sociopolítica de Andalucía y de abrir un proceso «inquisitorial» abordado de forma «desproporcionada, exagerada, viciada y bajo un secreto de sumario injustificado».

Registros y teléfonos

La defensa también ha puesto en duda los registros domiciliarios autorizados, primero por Alaya y después por el juez de Instrucción nº 9, en la sede de UGT-A, en los domicilios de los encausados y en las instalaciones de las empresas proveedoras, ya que carecían de «justificación suficiente» y de la necesaria audiencia del Ministerio Fiscal. Se trató, a su entender, de una medida «sin proporcionalidad».

También ha lamentado que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil se sirviese de tales actuaciones para incluir en sus diligencias aspectos como «conversaciones» telefónicas entre él como abogado defensor y Fresneda como cliente, así como conversaciones telefónicas entre Francisco Fernández Sevilla y la también dirigente de UGT Andalucía Carmen Castilla, actual diputada del PSOE en el Congreso.

Unas conversaciones que, según ha denunciado el letrado, fueron «aireadas en los medios de comunicación», insistiendo en que toda esta «instrucción inquisitorial» ha supuesto la «vulneración de derechos fundamentales» de los acusados.

Por su parte, el fiscal Anticorrupción Fernando Soto ha descartado que pese nulidad alguna, defendiendo el papel probatorio de los materiales intervenidos por la UCO en sus registros domiciliarios y el disco duro de toda la contabilidad del sindicato depositado por UGT-A en una notaría. Además, ha negado cualquier carácter «viciado o caprichoso» de la investigación.

Fraude de 40.750.047,74 euros

La Fiscalía ha afirmado que el sindicato «institucionalizó un fraude», mientras que UGT-A, que figura como responsable civil subsidiario, ha lamentado la «criminalización de una cuestión estrictamente administrativa», asegurando que el dinero reclamado ya ha sido satisfecho, cosa que no es cierta (terminará de saldar su deuda en 2048).

Según el Juzgado de Instrucción nº 9, encargado de investigar el asunto, entre 2009 y 2013 mediaron «procedimientos concertados entre los responsables de UGT-A y determinados proveedores a fin de que, de una forma coordinada, pudieran facilitar al referido sindicato una vía de financiación para la práctica de sus actuaciones propias», incurriendo en ello en «la aplicación de los fondos recibidos a través de subvenciones públicas a unos fines distintos al destino que dichos fondos deberían haber tenido», que eran «la práctica de acciones formativas a personal ocupado y desocupado».

«En la consecución de aquellos fines fraudulentos de financiación era precisa la implicación de sociedades que, como proveedores, facilitaran la infraestructura documental y contable que permitiera obtener fondos destinados a formación, para poder desviarlos, con el fin de sostener los gastos corrientes del sindicato», explicaba el juez instructor. «El cómputo global de las cantidades defraudadas en los expedientes en los que se ha contado con la información documental necesaria asciende a 40.750.047,74 euros», detallaba entonces.

El Ministerio Público ha aseverado que de las actuaciones se desprende que UGT-A «institucionalizó el fraude» previo «pacto con sus proveedores», con lo que no se trataba de «facturas aisladas». Y lo que la UCO calificaba como «depósito financiero» era denominado como «el bote» por la propia UGT Andalucía, a cuyos antiguos directivos ha acusado de «engañar y defraudar masivamente a la Junta» mediante facturas falsas.