Un juez cifra en más de 40 millones lo defraudado por UGT Andalucía a través de subvenciones públicas

El juez de la Sección Tercera de la Audiencia de Sevilla ha cifrado en 40.750.047,74 euros la cantidad defraudada por UGT Andalucía (UGT-A) a través de subvenciones públicas. Esta semana esta prevista la celebración del juicio para abordar esta cuestión y que está promovido contra el ex secretario general de UGT-A, Francisco Fernández Sevilla, y otros cuatro antiguos responsables de la organización sindical por un presunto delito continuado de fraude de subvenciones en concurso con un delito continuado de falsedad en documento mercantil, derivado de la práctica de facturas falsas para defraudar a través de las subvenciones públicas. Sin embargo, el juicio ha sido aplazado por motivos de salud de algunos de los investigados.

En concreto, los investigados son el ex vicesecretario de Organización y ex secretario general del sindicato Francisco Fernández Sevilla; el que fuera secretario general de Administración de UGT-A; la ex secretaria de Gestión Económica; la ex responsable del departamento de Compras de UGT-A; el consejero delegado de la entidad Soralpe I Mas P Asociados S.L., y diez personas que actuaron como proveedores del sindicato a través de las empresas que representaban.

Tiempo atrás, recordémoslo, el juez instructor Juan José Vélez decretó el sobreseimiento de las actuaciones respecto al ex secretario general del sindicato Manuel Pastrana, dada su «situación de incapacidad sobrevenida», así como con relación a otras siete personas.

El 13 de marzo de 2020, justo antes del primer estado de alarma frente a la pandemia, dicho juez responsable del Juzgado de Instrucción número nueve de Sevilla dictó un auto en el que acordaba la apertura de juicio oral contra los 15 investigados tras recibir los correspondientes escritos de acusación presentados por la Fiscalía Anticorrupción y las acusaciones particulares ejercidas por la Junta de Andalucía y el PP-A.

Tanto el Ministerio Público como las acusaciones particulares presentaron sus escritos de calificación después de que, el día 3 de diciembre de 2019, el instructor acordase por medio de un auto continuar la causa como procedimiento abreviado y les diera traslado para que solicitaran la apertura de juicio oral formulando escrito de acusación o el sobreseimiento de la causa o, excepcionalmente, la práctica de diligencias complementarias indispensables para formular la acusación.

Financiación

En su auto de procedimiento abreviado, el juez relataba que entre 2009 y 2013, mediaron «procedimientos concertados entre los responsables de UGT-A y determinados proveedores, a fin de que de una forma coordinada, pudieran facilitar al referido sindicato una vía de financiación para la práctica de sus actuaciones propias», incurriendo en ello en «la aplicación de los fondos recibidos a través de subvenciones públicas a unos fines distintos al destino que dichos fondos deberían haber tenido», que eran «la práctica de acciones formativas, a personal ocupado y desocupado».

«En la consecución de aquellos fines fraudulentos de financiación era precisa la implicación de sociedades que, como proveedores, facilitaran la infraestructura documental y contable que permitiera obtener fondos destinados a formación, para poder desviarlos, con el fin de sostener los gastos corrientes del sindicato», explicaba el juez instructor, según el cual «el cómputo global de las cantidades defraudadas en los expedientes en los que se ha contado con la información documental necesaria asciende a 40.750.047,74 euros».

Ya en el auto de apertura de juicio oral, el juez señalaba la «relación existente» entre los miembros de la antigua cúpula de UGT-A y la propia organización sindical, indicando así «la presunta responsabilidad civil subsidiaria» de UGT Andalucía, por lo que procedía «requerir a dicha entidad para que preste fianza a fin de asegurar la responsabilidad civil que pueda derivarse de la causa».

Lo mismo consideraba el juez respecto al resto de investigados y su relación con las empresas proveedoras de UGT Andalucía, a las que también atribuía su «presunta responsabilidad civil subsidiaria», considerando además que corresponde a la Audiencia de Sevilla la celebración del juicio por un presunto delito continuado de fraude de subvenciones en concurso con un delito continuado de falsedad en documento mercantil en el caso de Fernández Sevilla y los demás ex miembros de UGT-A, y como cooperadores necesarios de tales delitos en el caso de los restantes investigados como responsables de las empresas proveedoras del sindicato.