El ex líder de UGT que negoció prejubilaciones a dos intrusos vinculados al PSOE: «Yo no vi nada»

El ex sindicalista de UGT Juan Lanzas ha declarado este lunes en la Audiencia de Sevilla en el juicio por la pieza separada de la macrocausa de los ERE correspondiente al desvío de 2,3 millones de euros en ayudas a las empresas sevillanas Surcolor y Surcolor Óptica.

Se le acusa de ser el conseguidor de las prejubilaciones -a cuenta de fondos públicos de la Junta socialista de Andalucía- a dos intrusos que jamás trabajaron en dichas empresas: José Antonio Márquez, concuñado del entonces delegado provincial de Empleo en Sevilla Antonio Rivas -antes alcalde de Camas por el PSOE-, y Juan Manuel López Espadas, militante socialista y esposo de una concejal del PSOE en el Ayuntamiento de Camas. Recibieron irregularmente 133.500 y 60.800 euros, respectivamente.

Lanzas, que ha comparecido como acusado en esta nueva sesión del juicio que arrancó el pasado lunes en la Sección Tercera, sólo ha accedido a responder las preguntas del fiscal y de su abogado defensor, y ha negado ante el tribunal que él buscase financiación pública para sufragar los despidos o participase en la negociación de los mismos. «Ni pedí ni solicité, sólo asesoré. Yo no vi el expediente ni nada de eso. Desconozco que esos señores (los intrusos) existieran, ni sé quiénes son», ha afirmado. El ex sindicalista se enfrenta a ocho años de prisión.

Once minutos de declaración

A preguntas del representante de la Fiscalía Anticorrupción, Lanzas ha rememorado diferentes aspectos de la trama. Según el Ministerio Público, a principios de 2006, los responsables de Surcolor y Surcolor Óptica contactaron con el abogado Carlos Leal -acusado en este juicio- «para iniciar la tramitación» de un ERE y también con el propio Lanzas, «como persona que pudiera facilitar la búsqueda de fondos públicos de la Junta para atender los pagos que se derivarían de la extinción de los contratos laborales de la plantilla y que eran obligación de las empresas».

Para conseguir los fondos públicos, según la Fiscalía, Lanzas contactó con el entonces delegado provincial de la Consejería de Empleo en Sevilla, Antonio Rivas, y con el ex director general de Trabajo Francisco Javier Guerrero -condenado en la sentencia principal sobre el procedimiento específico de financiación de los ERE y acusado en esta causa, pero fallecido en octubre de 2020-, facilitando a este último datos de «los importes de las indemnizaciones por despido de los 24 trabajadores que se verían afectados por la extinción». Tras ello, la consultora Vitalia elaboró dos estudios de renta con una cuota total a pagar de 2,7 millones. La Junta del socialista Manuel Chaves se haría cargo de 2,3 millones.

Los intrusos

A partir de ahí, Rivas, «con el conocimiento y consentimiento» de Guerrero, «instó» a los dos ex trabajadores de Vitalia procesados en este caso a incluir como beneficiarias a dos personas que «no habían formado nunca parte de la plantilla de ninguna de las empresas», tras lo que el 28 de junio de 2006, Guerrero, «con el conocimiento y consentimiento» del entonces consejero de Empleo Antonio Fernández y de su viceconsejero Agustín Barberá -ambos acusados en el juicio-, suscribió una carta dirigida a Apra Leven en la que se comprometió a abonar 2,3 millones para las prejubilaciones de 26 ex trabajadores de Surcolor.

Para el Ministerio público, los encausados «conocían que no se había seguido procedimiento alguno, tratándose de una ayuda directa a las empresas para que éstas abonasen las indemnizaciones por despido de 24 trabajadores, además de los costes de las dos personas ajenas a la plantilla, sin que se formulara solicitud, sin la más mínima tramitación administrativa, sin que se dictara resolución de concesión o se recogiese de algún modo exigencia de justificación alguna».

En este marco, y ante las preguntas de la Fiscalía Anticorrupción, Juan Lanzas ha expuesto que fue el abogado Carlos Leal, también acusado en este juicio, quien contactó con él en nombre del estudio jurídico Villasís, y le contrató en materia de «asesoramiento» a la hora de «buscar clientes», en alusión a empresas.

«Renovación» de la plantilla

Lanzas ha asegurado que él no conocía a los responsables de Surcolor o Surcolor Óptica, apuntando que uno de ellos, el acusado Manuel Rafael Castilla Bustamante, entró en contacto con él y le planteó la necesidad de «renovar» la plantilla por la elevada edad media de la misma, extremo que colisionaba con la introducción de las nuevas tecnologías.

Así pues, según sus palabras, él puso «en contacto» a tales empresarios con el gabinete Villasís, asegurando que él no participó directamente en la negociación del ERE de Surcolor ni solicitó o gestionó la consecución de fondos públicos para sufragar los despidos, negando así que abordase tales extremos con la Dirección General de Trabajo de la Junta de Andalucía, que entonces encabezaba Francisco Javier Guerrero.

Del mismo modo, Lanzas ha negado que se reuniese con Rivas para tratar aspectos de este ERE y ha manifestado que ni siquiera supo que el despido colectivo fue sufragado con fondos de la Junta socialista de Andalucía concedidos por la Dirección General de Trabajo. También ha descartado que tuviese conocimiento alguno de que en el procedimiento fueran incluidos como beneficiarios dos hombres que jamás habían trabajado para Surcolor. Y es que, según ha matizado, él no vio «el expediente» documental del ERE, por lo que ha negado toda relación con las citadas dos personas.

Para finalizar, el ex sindicalista ha negado que con relación a este ERE intercambiase cuantías económicas de algún tipo con el acusado Juan Francisco Algarín Lamela, presunto testaferro de la trama fraudulenta de los ERE, insistiendo en que él no ingresó o retiró dinero de las cuentas de este inculpado. «En este caso, no», ha recalcado, rememorando que ambos sí tuvieron tratos comerciales en materia de distribución de aceite. Lanzas ha subrayado que, con respecto a este ERE, él sólo cobró su «salario» por parte del gabinete jurídico Villasís por sus servicios de asesoramiento.